Piden a la Corte Constitucional acelerar trámite de borrón y cuenta nueva en centrales de riesgo
A la ley aprobada en el Congreso le falta el control constitucional para que pueda ser sancionada por el presidente.
El Congreso de la República aprobó desde junio de 2020 un proyecto de ley estatutaria de habeas data que busca generar beneficios en el historial crediticio a millones de colombianos que están reportados en centrales de riesgo, que se habían puesto al día o renegociado deudas con el sistema financiero, pero que aún no habían salido de estos reportes y, por lo tanto, no podían acceder a nuevos créditos.
Por tratarse de una norma estatutaria, el trámite que le falta es el de revisión constitucional. Allí ha estado durante por lo menos los últimos seis meses. Por esa razón, el senador David Barguil, del Partido Conservador, les solicitó a los magistrados que hacen el estudio de la norma que la aprueben con prontitud.
“Les pedimos a los magistrados que le den vía libre a la ley para que el presidente pueda sancionarla para que el borrón y cuenta nueva entre a operar y millones de colombianos que se han puesto al día o han renegociado la deuda salgan de esas listas de Datacrédito o Cifín”, comentó Barguil.
Para el congresista, el beneficio que plantea esta ley, al sacar a esos ciudadanos de las centrales de riesgo, funcionará como un mecanismo de reactivación de una economía fuertemente afectada por la pandemia, ya que permite a estos ciudadanos adquirir nuevos préstamos en el sistema financiero.
Sobre el avance de la revisión constitucional también se pronunció hace unas semanas el representante César Lorduy, de Cambio Radical, quien informó sobre un nuevo paso de ese documento en la Corte. “He sido informado por la Secretaría de la Cámara de Representantes que que todas y cada una de las actas solicitadas por la Corte Constitucional para revisar el proyecto de ley estatutaria de #BorronYCuentaNueva, han sido enviadas por esa corporación a esa Honorable Corte”.
Los beneficios
El proyecto aprobado señala que los ciudadanos que se pongan al día en sus obligaciones crediticias dentro del primer año de la ley saldrán de las centrales de riesgo cuando el reporte cumpla seis meses. Será como una especie de amnistía. Si en el momento de cumplir con la deuda el reporte ya tenía seis meses, se retirará de inmediato o en el tiempo que reste para cumplir con esos seis meses.
Se incluyó, por ejemplo, que no habrá reportes negativos ante las centrales de riesgo hasta el 31 de diciembre del 2020, teniendo en cuenta la emergencia desatada por el nuevo coronavirus en el país.
También se explica que cuando la obligación no se solucione, el dato caducará a los ocho años. Comparada con la legislación vigente, dicho dato caduca a los 14 años “y, normalmente, inducen a la persona a revivir la deuda, evitando que caduque”. Se hace la claridad de que esta acción no significa que la obligación prescriba.
Las personas que tengan deudas inferiores al 15 % de un salario mínimo (actualmente de menos de $ 131.670) recibirán dos comunicaciones antes de ser reportadas negativamente. Por otra parte, la consulta de la información crediticia será gratis en todos los canales y esta no disminuirá la calificación.
De igual forma, se prohíbe la consulta de los reportes en las centrales de riesgo como requisito para otorgar un empleo y las víctimas de suplantación, con solo una comunicación y adjuntando las pruebas del fraude la entidad financiera, deberán ser retiradas de los reportes negativos.
El Congreso de la República aprobó desde junio de 2020 un proyecto de ley estatutaria de habeas data que busca generar beneficios en el historial crediticio a millones de colombianos que están reportados en centrales de riesgo, que se habían puesto al día o renegociado deudas con el sistema financiero, pero que aún no habían salido de estos reportes y, por lo tanto, no podían acceder a nuevos créditos.
Por tratarse de una norma estatutaria, el trámite que le falta es el de revisión constitucional. Allí ha estado durante por lo menos los últimos seis meses. Por esa razón, el senador David Barguil, del Partido Conservador, les solicitó a los magistrados que hacen el estudio de la norma que la aprueben con prontitud.
“Les pedimos a los magistrados que le den vía libre a la ley para que el presidente pueda sancionarla para que el borrón y cuenta nueva entre a operar y millones de colombianos que se han puesto al día o han renegociado la deuda salgan de esas listas de Datacrédito o Cifín”, comentó Barguil.
Para el congresista, el beneficio que plantea esta ley, al sacar a esos ciudadanos de las centrales de riesgo, funcionará como un mecanismo de reactivación de una economía fuertemente afectada por la pandemia, ya que permite a estos ciudadanos adquirir nuevos préstamos en el sistema financiero.
Sobre el avance de la revisión constitucional también se pronunció hace unas semanas el representante César Lorduy, de Cambio Radical, quien informó sobre un nuevo paso de ese documento en la Corte. “He sido informado por la Secretaría de la Cámara de Representantes que que todas y cada una de las actas solicitadas por la Corte Constitucional para revisar el proyecto de ley estatutaria de #BorronYCuentaNueva, han sido enviadas por esa corporación a esa Honorable Corte”.
Los beneficios
El proyecto aprobado señala que los ciudadanos que se pongan al día en sus obligaciones crediticias dentro del primer año de la ley saldrán de las centrales de riesgo cuando el reporte cumpla seis meses. Será como una especie de amnistía. Si en el momento de cumplir con la deuda el reporte ya tenía seis meses, se retirará de inmediato o en el tiempo que reste para cumplir con esos seis meses.
Se incluyó, por ejemplo, que no habrá reportes negativos ante las centrales de riesgo hasta el 31 de diciembre del 2020, teniendo en cuenta la emergencia desatada por el nuevo coronavirus en el país.
También se explica que cuando la obligación no se solucione, el dato caducará a los ocho años. Comparada con la legislación vigente, dicho dato caduca a los 14 años “y, normalmente, inducen a la persona a revivir la deuda, evitando que caduque”. Se hace la claridad de que esta acción no significa que la obligación prescriba.
Las personas que tengan deudas inferiores al 15 % de un salario mínimo (actualmente de menos de $ 131.670) recibirán dos comunicaciones antes de ser reportadas negativamente. Por otra parte, la consulta de la información crediticia será gratis en todos los canales y esta no disminuirá la calificación.
De igual forma, se prohíbe la consulta de los reportes en las centrales de riesgo como requisito para otorgar un empleo y las víctimas de suplantación, con solo una comunicación y adjuntando las pruebas del fraude la entidad financiera, deberán ser retiradas de los reportes negativos.