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La semana comenzó con una agenda pública volcada al cuestionado contrato que adjudicó el Ministerio de las Telecomunicaciones a finales de 2020 para la instalación de internet en zonas rurales. Dicho acuerdo, para abril de 2021, solo llevaba un avance del 1% y desembolsados, como anticipo, $70.000 millones, según denuncias de W Radio. Y no es solo esto, también hay indicios de que el consorcio que firmó el contrato falsificó tres pólizas con el fin de suscribirlo.
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Desde el mundo político, especialmente desde los partidos y movimientos alternativos y de oposición, han pedido la renuncia de la ministra de las TICs, Karen Abudinen. “Por el robo de más de $70.000 millones, solicitamos la renuncia de la ministra”, dijo el representante León Fredy Muñoz, vocero de la Alianza Verde en la Cámara de Representantes.
A su vez, anunció que radicará una proposición de debate de control político ante la Comisión Sexta de la Cámara para que Abudinen responda sobre el supuesto detrimento patrimonial. Muñoz le pidió a la Contraloría ponerle lupa a este contrato y al consocio al que se le adjudicó, Unión Temporal Centros Poblados. “Esta tiene cuatro empresas y todas tienen investigaciones”, resaltó.
Las investigaciones, según el representante, son por sobrecostos en contratos, irregularidades en licitaciones, relaciones con el carrusel de la contratación en Bogotá, entre otras. Igualmente, la oposición no descarta la posibilidad de radicar moción de censura contra Abudinen, en caso de que no responda por las irregularidades manifiesta alrededor del contrato para llevar internet a las zonas rurales más alejadas del país.
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Además de las voces dentro del Congreso, la Coalición de la Esperanza se unió a las solicitudes de renuncia que le han hecho a la ministra de las TICs. “El gobierno del presidente Iván Duque permanece impasible ante el lamentable episodio que protagoniza una de sus funcionarias. La ministra tiene una responsabilidad política innegable frente a la pérdida de $70.000 millones que se dieron como anticipo para la conectividad digital de las escuelas más vulnerables del país. Por tal razón, exigimos a la ministra que se aparte del cargo”.
Desde el MinTic, se pidió una audiencia de caducidad del contrato en el marco de la investigación que se hace por incumplimiento. “No permitiré que se pierdan estos recursos. A lo largo de toda mi vida política he obrado con la mayor seriedad, transparencia y determinación en la protección del dinero público, el dinero de los colombianos. Esta no será la excepción”, escribió Abudinen en su cuenta de Twitter, al ser asediada con preguntas sobre los $70.000 millones de anticipo.
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Pese a que ya se declaró la caducidad en el contrato, la oposición y la Coalición de la Esperanza insisten que hay interrogantes a resolver y que, en casos como esto, siempre hay responsabilidad política y esta recae directamente en Abudinen. “¿Quién está detrás de la millonaria adjudicación, quiénes son los contratistas y quién los recomendó? ¿cómo se le escapó a la ministra la verificación de las garantías aportadas por la Unión Temporal Centros Poblados, supuestamente falsas, a nombre el Banco Itaú? ¿Por qué se continuó con la adjudicación, aún conociendo la falta de idoneidad de la UTCP?”, dejaron como preguntas la alianza de centro.