Piden moción de censura contra minTic por escándalo de contratación

La ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Karen Abudinen, ha estado en la palestra pública en la última semana y media. La razón es el desembolso de $70.000 millones a un contratista que no cumplía con la exigencia mínimas para la ejecución de un contrato para la construcción de centros digitales en el país -llevar internet a las zonas más apartadas del territorio nacional-.

Por eso, desde la oposición ha sido cuestionada la labor que ejerció Abudinen en el proceso licitatorio, en el que no advirtió las irregularidades y apenas está reaccionando para recuperar el millonario monto. Ante las críticas, la ministra fue llamada a comparecer ante el Congreso. Primero se convocó a un debate de control político para este 24 de agosto. Ahora, el llamado a cuentas es mucho más drástico y se citó a la considerada ficha de la casa Char en el gobierno Duque para que enfrente un proceso de moción de censura.

Puede ver: MinTic: citada el 24 de agosto a debate de control político en Senado

A través de una proposición, 20 miembros de la oposición le pidieron a la presidenta de la Cámara, Jennifer Arias, del Centro Democrático, que cite a la ministra Karen Abudinen para que responda por su posible responsabilidad en las omisiones del proceso de contratación. Luego, será la plenaria la que decida si esta debe o no continuar en el cargo.

Para los citantes, la responsable de la cartera de las TIC ignoró las múltiples irregularidades que se habrían presentado en el proceso licitatorio para la construcción de centros digitales en las regiones donde el acceso al internet es limitado. Además del desembolso supuestamente irregular, los miembros de la oposición advirtieron que las anormalidades se habrían presentado desde las primeras fases.

Esto debido a que en diciembre de 2020 se denunció que uno de los apoderados de los proponentes también tenía una vinculación de prestación de servicios directamente con el despacho de Abudinen. Este se supone que le brindaba asesoría jurídica en temas de derecho y regulación de las tecnologías, lo que fue considerado un craso conflicto de intereses.

También: Piden la renuncia de minTic por supuestas irregularidades en contrato de internet

Esto llevó a que se tuviera que pausar la licitación y hasta implicó recusaciones contra la ministra, que rechazó de inmediato. Al reanudarse el proceso, se entregó los millonarios contratos a Comcel S.A y a Unión Temporal Centros Poblados. Esta última fue cuestionada desde el comienzo por la supuesta falta de experiencia, a lo que la ministra respondió que había primado la oferta de mayor cantidad de centros digitales.

El 30 de diciembre de 2020 se suscribió el contrato y el 10 de febrero de 2021 se entregó un primer anticipo de poco más de $70.000 millones de pesos, que equivalían al 6,5% del contrato. Sin embargo, el 25 de junio de este año se llevó a cabo una audiencia de incumplimiento contra Centros Poblados, debido a la no ejecución de las obras a las que se habían comprometido. En esta diligencia se conoció, gracias al Banco Itaú, que las garantías bancarias presentadas por el consorcio para hacerse con el contrato eran falsas y que no las había expedido la entidad bancaria, como aseguraba la unión temporal.

Ante este anuncio, la ministra Abudinen ordenó la caducidad del contrato, acción que no se ha llevado a cabo debido a que el contratista presentó un recurso de reposición que no ha podido ser estudiado en audiencia, por aplazamientos de la defensa de Centros Poblados. Tras conocerse el escándalo se supo que también hubo irregularidades en una empresa que se supone que debía revisar la documentación y no detectó que las garantías bancarias eran falsas.

Además, la ministra de las TIC informó que el adelanto entregado a Centros Poblado estaba en una fiducia por fuera de Colombia, por lo que se tuvo que recurrir a entes internacionales, como el FBI, para intentar recuperar los recursos. Todas estas complicaciones en el proceso de licitación son las que tienen a la oposición cuestionando a Karen Abudinen.

Contexto: ¿De quién fue la culpa?: la garantía en duda en un proceso del Mintic

Para los contrarios al gobierno, la ministra “debe ser retirada de su cargo por llevar a cabo un proceso de licitación plagado de señalamientos e irregularidades, situaciones ante las que la ministra no acepta responsabilidad alguna”. En este mismo sentido, expresaron su rechazo a que fuera una entidad bancaria privada y no el Ministerio el que detectara la falsedad en los documentos de la licitación.

“La ministra debe asumir su responsabilidad política en este caso de corrupción, ya que además de los recursos entregados al operador lo que está en riesgo es la conectividad de las zonas rurales más alejadas del país, población a la que el Ministerio no le ha ofrecido ninguna otra opción de conectividad y que ve como su única posibilidad de acceder a Internet está en vilo por culpa de los malos manejos del Ministerio de las TIC”, concluyeron los firmantes en el pedido de moción de censura.

La ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Karen Abudinen, ha estado en la palestra pública en la última semana y media. La razón es el desembolso de $70.000 millones a un contratista que no cumplía con la exigencia mínimas para la ejecución de un contrato para la construcción de centros digitales en el país -llevar internet a las zonas más apartadas del territorio nacional-.

Por eso, desde la oposición ha sido cuestionada la labor que ejerció Abudinen en el proceso licitatorio, en el que no advirtió las irregularidades y apenas está reaccionando para recuperar el millonario monto. Ante las críticas, la ministra fue llamada a comparecer ante el Congreso. Primero se convocó a un debate de control político para este 24 de agosto. Ahora, el llamado a cuentas es mucho más drástico y se citó a la considerada ficha de la casa Char en el gobierno Duque para que enfrente un proceso de moción de censura.

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A través de una proposición, 20 miembros de la oposición le pidieron a la presidenta de la Cámara, Jennifer Arias, del Centro Democrático, que cite a la ministra Karen Abudinen para que responda por su posible responsabilidad en las omisiones del proceso de contratación. Luego, será la plenaria la que decida si esta debe o no continuar en el cargo.

Para los citantes, la responsable de la cartera de las TIC ignoró las múltiples irregularidades que se habrían presentado en el proceso licitatorio para la construcción de centros digitales en las regiones donde el acceso al internet es limitado. Además del desembolso supuestamente irregular, los miembros de la oposición advirtieron que las anormalidades se habrían presentado desde las primeras fases.

Esto debido a que en diciembre de 2020 se denunció que uno de los apoderados de los proponentes también tenía una vinculación de prestación de servicios directamente con el despacho de Abudinen. Este se supone que le brindaba asesoría jurídica en temas de derecho y regulación de las tecnologías, lo que fue considerado un craso conflicto de intereses.

También: Piden la renuncia de minTic por supuestas irregularidades en contrato de internet

Esto llevó a que se tuviera que pausar la licitación y hasta implicó recusaciones contra la ministra, que rechazó de inmediato. Al reanudarse el proceso, se entregó los millonarios contratos a Comcel S.A y a Unión Temporal Centros Poblados. Esta última fue cuestionada desde el comienzo por la supuesta falta de experiencia, a lo que la ministra respondió que había primado la oferta de mayor cantidad de centros digitales.

El 30 de diciembre de 2020 se suscribió el contrato y el 10 de febrero de 2021 se entregó un primer anticipo de poco más de $70.000 millones de pesos, que equivalían al 6,5% del contrato. Sin embargo, el 25 de junio de este año se llevó a cabo una audiencia de incumplimiento contra Centros Poblados, debido a la no ejecución de las obras a las que se habían comprometido. En esta diligencia se conoció, gracias al Banco Itaú, que las garantías bancarias presentadas por el consorcio para hacerse con el contrato eran falsas y que no las había expedido la entidad bancaria, como aseguraba la unión temporal.

Ante este anuncio, la ministra Abudinen ordenó la caducidad del contrato, acción que no se ha llevado a cabo debido a que el contratista presentó un recurso de reposición que no ha podido ser estudiado en audiencia, por aplazamientos de la defensa de Centros Poblados. Tras conocerse el escándalo se supo que también hubo irregularidades en una empresa que se supone que debía revisar la documentación y no detectó que las garantías bancarias eran falsas.

Además, la ministra de las TIC informó que el adelanto entregado a Centros Poblado estaba en una fiducia por fuera de Colombia, por lo que se tuvo que recurrir a entes internacionales, como el FBI, para intentar recuperar los recursos. Todas estas complicaciones en el proceso de licitación son las que tienen a la oposición cuestionando a Karen Abudinen.

Contexto: ¿De quién fue la culpa?: la garantía en duda en un proceso del Mintic

Para los contrarios al gobierno, la ministra “debe ser retirada de su cargo por llevar a cabo un proceso de licitación plagado de señalamientos e irregularidades, situaciones ante las que la ministra no acepta responsabilidad alguna”. En este mismo sentido, expresaron su rechazo a que fuera una entidad bancaria privada y no el Ministerio el que detectara la falsedad en los documentos de la licitación.

“La ministra debe asumir su responsabilidad política en este caso de corrupción, ya que además de los recursos entregados al operador lo que está en riesgo es la conectividad de las zonas rurales más alejadas del país, población a la que el Ministerio no le ha ofrecido ninguna otra opción de conectividad y que ve como su única posibilidad de acceder a Internet está en vilo por culpa de los malos manejos del Ministerio de las TIC”, concluyeron los firmantes en el pedido de moción de censura.