El enredo de las personerías jurídicas: 37 partidos y una reforma política pendiente

La reciente decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) que le otorgó la personería jurídica a Soy Porque Somos dejó al país, al cierre de 2023, con un total de 37 partidos políticos con la posibilidad de avalar candidatos y recibir millonarios recursos estatales para su financiación. Lo curioso es que la cifra podría seguir aumentando, pues el máximo órgano electoral aún tiene pendientes por estudiar al menos unas diez solicitudes.

La reciente decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) que le otorgó la personería jurídica a Soy Porque Somos dejó al país, al cierre de 2023, con un total de 37 partidos políticos con la posibilidad de avalar candidatos y recibir millonarios recursos estatales para su financiación. Lo curioso es que la cifra podría seguir aumentando, pues el máximo órgano electoral aún tiene pendientes por estudiar al menos unas diez solicitudes.

La carrera por obtener personerías jurídicas se intensificó en los últimos meses, en gran medida por las expectativas de muchos actores de la política de avalar candidatos para las elecciones regionales de octubre. Así las cosas, el año termina con partido propio para figuras como Andrés Pastrana, Daniel Quintero, Ernesto Samper y Federico Gutiérrez.

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Muchos han logrado la personería argumentando que hace algunas décadas la violencia política les impidió consolidar una colectividad; otros, en cambio, echaron mano de sus buenas votaciones en las elecciones legislativas y presidenciales. Soy porque Somos, por ejemplo, recibió el visto bueno del CNE por haber sido “determinante para acceder a un cargo con tanta representatividad como la Vicepresidencia de la República”.

Sin embargo, para políticos y analistas, la proliferación de las personerías debe ser asumida desde una postura crítica. La última vez que el país tuvo tantos partidos, en 2002, cuando 64 colectividades presentaron listas al Congreso, las elecciones estuvieron marcadas por el desorden. Tras la reforma política de 2003, que los obligó a superar el umbral del 3 % de la votación, solo diez lograron mantenerse.

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Ante la nueva oleada de partidos, de los cuales varios carecen de reconocimiento entre los ciudadanos, las voces que piden una reforma política y electoral han vuelto a tomar fuerza. Para la profesora Patricia Muñoz Yi, directora de posgrados de Ciencia Política de la Universidad Javeriana, 37 partidos es un número excesivo para el funcionamiento del sistema político colombiano.

“Aunque podría entenderse que es una oportunidad para tener diversas posiciones y propuestas, lo cierto es que muchos no tienen posiciones claras y no conocen las obligaciones de un partido, sino que tienen como principal objetivo avalar candidaturas en la búsqueda de cargos de elección popular”, le dijo Muñoz a El Espectador.

Así mismo, aseguró que en las pasadas elecciones quedó en evidencia que muchos de esos nuevos partidos tuvieron dificultades para organizarse en términos de democracia interna, formación de líderes y relacionamiento con los ciudadanos. “Estos signos de debilidad dificultan más el proceso de concertación entre el Ejecutivo y el Legislativo”.

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Para resolver esta problemática, varios sectores concuerdan en la necesidad de fortalecer la democracia interna de los partidos, insistir en la equidad de la financiación de las campañas políticas y mejorar la representación que los partidos hacen de las minorías y los grupos subrepresentados en la democracia.

Según el profesor Yann Basset, de la Universidad del Rosario, en este contexto es urgente adoptar un sistema de adquisición progresiva de derechos para los partidos, lo que en otras palabras implica no darles a todos la posibilidad, al menos inmediatamente, de tener una personería jurídica que automáticamente les permita avalar candidatos.

Dicho sistema sería una tarea pendiente del Congreso, que al no haberla cumplido en los últimos años le dio vía libre a la Corte Constitucional y al Congreso para aprobar las personerías. Al respecto, la Misión Observación Electoral (MOE) ha dicho que la adquisición progresiva es un compromiso del Acuerdo de Paz de 2016.

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“Además de facilitar la construcción de una paz estable y duradera, un nuevo mecanismo para adquirir y conservar la personería jurídica de las organizaciones políticas permite conseguir un mejor equilibrio entre representatividad y gobernabilidad”, dijo la organización en uno de sus informes.

En este punto también entra en juego la situación de las coaliciones, pues para algunos este mecanismo no está regulado y permite que muchos de esos nuevos partidos mantengan su personería gracias a las votaciones del grupo al que pertenecen. “Una reforma política seria empezaría por resolver este entuerto, que pueden usar todos estos partidos para sobrevivir hasta la eternidad”, dice al respecto el excongresista José Daniel López.

En los últimos años se han hecho varios intentos por modificar este y otros puntos, pero ninguno ha dado resultados. La reforma política presentada por el gobierno Petro, que terminó archivada en el Congreso, planteaba, entre otros temas, permitir que todos los partidos, incluso los grandes y tradicionales, pudieran formar coaliciones. Esta fue una de las primeras propuestas que generó rechazó de los sectores independientes, pues la consideraban como una medida contra las agrupaciones minoritarias.

Ese proyecto del Gobierno también propuso que a los partidos que lleguen al Congreso en coalición se les permita “solicitar la fusión de todas o parte de las personerías jurídicas”. La iniciativa sería una de las opciones para reducir el número de colectividades y, de hecho, existe un caso posible, el del Pacto Histórico, que podría fusionar las 16 personerías que lo conforman.

En el Pacto hay varias voces que apuestan por esa decisión, como la senadora María José Pizarro o incluso el propio presidente Petro, quienes ven en esa figura una manera de fortalecer la apuesta del Gobierno y abonar el terreno para una candidatura de izquierda en 2026. Sin embargo, no son pocos los partidos que están en contra, en parte porque son manejados por figuras políticas con objetivos particulares, como es el caso de Roy Barreras, con La Fuerza de la Paz, y de Carlos Caicedo, con Fuerza Ciudadana.

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