Plan Ágora: la estrategia estatal para blindar las elecciones de octubre

Las elecciones son uno de los escenarios en donde se pone a prueba la capacidad del Estado, pues en ellas se conjugan no solo factores decisivos para el acceso al poder sino, sobre todo en el caso de Colombia, elementos de violencia y de corrupción que se convierten en verdaderas amenazas en contra de la democracia. Precisamente de cara a las elecciones regionales de octubre, el Gobierno Nacional presentó la estrategia, denominada Plan Ágora, que se implementará —con otras entidades del Estado, como la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral, el Consejo de Estado, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía, y de la sociedad civil, como la Misión de Observación Electoral (MOE)— para garantizar la transparencia y la seguridad de los comicios del 27 de octubre.

Nancy Patricia Gutiérrez, ministra del Interior, advirtió que los esfuerzos estarán enfocados a combatir la “captura del Estado” por diferentes actores que se manifiestan a través de la corrupción, la violencia política, la violación de inhabilidades y compatibilidades, los delitos electorales y la financiación ilegal. “Estamos convocando a una sinergia institucional. El Estado tiene cómo dar respuesta", dijo la jefa de la cartera política. En ese sentido, cada entidad planteó las acciones que se desarrollarán para desarrollar el plan a través de los ejes de focalización, acción interagencial, participación y visibilización. En ese sentido, el Mininterior habló de la identificación de por lo menos 130 municipios en donde hay mayor riesgo en donde están en juego 15 billones de pesos del presupuesto público.

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En primera instancia, el Plan Ágora creará el Grupo de Reacción Inmediata Electoral (GRIE), que contará con las facultades de inteligencia e investigación criminal, en articulación con la Fiscalía General de la Nación, para realizar labores de prevención y judicialización de personas que cometan delitos de carácter electoral y quienes alteren el orden público antes, durante y después de las elecciones.

En este último punto tendrá que ver mucho la ejecución del Plan Democracia, desde el Ministerio de Defensa, sobre el que se adelantó que, hasta este momento, se han identificado cuatro zonas que tendrán prioridad en cuestiones de seguridad: la primera está conformada por Arauca, Catatumbo y La Guajira; la segunda, por Baja Orinoquía y el noreste amazónico; la tercera, por el Pacífico; y la cuarta, por el Urabá y el Magdalena Medio.

La acción de las fuerzas de seguridad, en conjunto con el Ministerio de Interior, están encargadas de atender la anunciada alerta temprana de riesgo electoral que expedirá la Defensoría del Pueblo el próximo mes de agosto, entidad que también advirtió que existe para las elecciones regionales un riesgo de alteración de orden público a través de las protestas en varios municipios del país.

Panorama de delitos electorales

El Estado también se prepara para atender los riesgos crecientes en materia de delitos electorales. El fiscal general encargado, Fabio Espitia, señaló que estarán atentos a los nuevos tipo penales, como el tráfico de votos, la financiación de fuentes prohibidas, la violación de topes o la omisión de información del aportante. Indició, por ejemplo, que hay 243 funcionarios de la Fiscalía con dedicación exclusiva a esa materia y estarán disponibles 1.561 fiscales en todo el país para atender las denuncias que tengan que ver con las elecciones.

Uno de los asuntos a los que más se le prestará atención será a la inscripción de cédulas, que desde este lunes se podrá hacer en más de 10.000 puestos de votación habilitados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, para que los colombianos puedan hacer el proceso cerca de sus lugares de residencia. El Ministerio del Interior, por ejemplo, tiene datos específicos de 13 departamentos que presentan un panorama más grave en cuanto a trashumancia electoral. En Norte de Santander, Antioquia, Chocó y Nariño hay incrementos de inscripción de cédulas (709 %, 701 %, 802 % y 1.671 %, respectivamente) que han alarmado a las autoridades.

A su turno, Alejandra Barrios, directora de la MOE, señaló que para las elecciones regionales estarán desplegadas 3.500 personas en 600 municipios del país en labores de observación, que llegarán al menos al 90 % de los lugares que representan riesgo extremo. Barrios puso sobre la mesa, en referencia a algunas prácticas que buscan saltarse las normas electorales de publicidad, el aumento del registro de grupos significativos de ciudadanos. Dijo que, hasta hoy, hay 1.253 grupos registrados y que la figura se ha desdibujado. “Recogen firmas, entregan propaganda, destinan recursos para la recolección y no hay ninguna información sobre esos aportes. Sólo en 25 % entrega firmas para ser reconocidas. Eso necesita una revisión seria por parte de las autoridades y el Congreso de la República”, explicó Barrios. También anunció que para el proceso electoral de octubre se realizará un monitoreo de medios de comunicación para tener un diagnóstico sobre qué dicen los candidatos en cuanto a la participación de la mujer y el discurso de odio, un trabajo que se realizará de manera conjunta con 19 universidades del país.

Entre las acciones inmediatas que deberá implementar el Estado están la puesta en marcha del GRIE; la articulación con el Plan Democracia, que está en cabeza del Ministerio de Defensa; la protección de candidatos de los partidos políticos, con refuerzo especial a los aspirantes del partido FARC; y la promoción social de estas acciones para lograr colaboración por parte de la ciudadanía.

El combate a delitos electorales estará articulado a través de la política criminal electoral, que presentó la ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, quien calificó el delito electoral como un crimen intermedio que conlleva a otros actos criminales. “Por ello, la lucha contra la criminalidad electoral debe ser una política de Estado que debe conservarse a través del tiempo”, puntualizó la funcionaria.

Innovaciones

Por su parte, Galindo destacó algunos avances tecnológicos que se han puesto en marcha para garantizar la transparencia en las elecciones. Subrayó la implementación de un sistema completamente digital para la inscripción de cédulas con validación biométrica, proceso que se extenderá hasta el próximo 27 de agosto. “Este mecanismo digital le ha permitido a la organización electoral ir haciendo un monitoreo mensual de las inscripciones en todos los municipios, en compañía de la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, la MOE y los partidos y movimientos político”, dijo.

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Agregó que, ante el incremento del registro de grupos significativos de ciudadanos, se creó un grupo de 700 personas que validarán las miles de firmas a través de un software que se basará e información del Archivo Nacional de Identificación y el censo electoral. Mencionó, además, las aplicaciones desarrolladas para preinscripción de candidatos por parte de los partidos políticos y para la carga de información sobre los ciudadanos que podrían ser jurados de votación por parte de las empresas privadas y públicas.

Sobre el preconteo y los escrutinios explicó que, para el primer proceso, habrá un módulo para que los auditores de sistemas de las diferentes colectividades puedan descargar en tiempo real los archivos de votación mesa a mesa. Sobre el segundo proceso, aseguró que el software de escrutinios permitirá la digitalización y publicación de las actas de escrutinios de jurados de votación E-14 de los claveros de cada una de las mesas de votación, así como se podrá descargar de la página de la Registraduría el archivo de imágenes de los E-14 de los delegados y los “archivos planos en formato abierto con el resultado del reconocimiento de caracteres, a través de un canal con servicio SFTP”, que estará disponible para los partidos políticos.

Por último, la Registraduría anunció el combate contra la información y noticias falsas en la red, a través del monitoreo constante de la conversación en las plataformas sociales para, dice el registrador, poder entregar a los ciudadanos datos verídicos sobre el debate electoral. 

Más mujeres

La presidenta del Consejo de Estado, magistrada Lucy Jeannette Bermúdez, habló de la necesidad de que las garantías para las elecciones regionales fueran vistas “con ojos de mujer” y de que se incremente la participación del género femenino en los comicios. Esa moción fue secundada por Barrios, de la MOE, quien destacó el trabajo que se viene realizando desde la organización civil para motivar a que más mujeres participen en política.

Precisamente, la MOE presentó en noviembre de 2018 la publicación “De la participación a la representación efectiva. La participación política de las mujeres en Colombia” en la que se señala que “el tener una cultura política predominantemente patriarcal, el poco apoyo que los partidos políticos dan a la formación y capacitación de lideresas, las barreras a la hora de conseguir financiación para las campañas, y la violencia relacionada con el ejercicio de la política, son obstáculos que desincentivan y limitan a las mujeres a participar en los espacios de toma de decisiones”.

Las elecciones son uno de los escenarios en donde se pone a prueba la capacidad del Estado, pues en ellas se conjugan no solo factores decisivos para el acceso al poder sino, sobre todo en el caso de Colombia, elementos de violencia y de corrupción que se convierten en verdaderas amenazas en contra de la democracia. Precisamente de cara a las elecciones regionales de octubre, el Gobierno Nacional presentó la estrategia, denominada Plan Ágora, que se implementará —con otras entidades del Estado, como la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral, el Consejo de Estado, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía, y de la sociedad civil, como la Misión de Observación Electoral (MOE)— para garantizar la transparencia y la seguridad de los comicios del 27 de octubre.

Nancy Patricia Gutiérrez, ministra del Interior, advirtió que los esfuerzos estarán enfocados a combatir la “captura del Estado” por diferentes actores que se manifiestan a través de la corrupción, la violencia política, la violación de inhabilidades y compatibilidades, los delitos electorales y la financiación ilegal. “Estamos convocando a una sinergia institucional. El Estado tiene cómo dar respuesta", dijo la jefa de la cartera política. En ese sentido, cada entidad planteó las acciones que se desarrollarán para desarrollar el plan a través de los ejes de focalización, acción interagencial, participación y visibilización. En ese sentido, el Mininterior habló de la identificación de por lo menos 130 municipios en donde hay mayor riesgo en donde están en juego 15 billones de pesos del presupuesto público.

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En primera instancia, el Plan Ágora creará el Grupo de Reacción Inmediata Electoral (GRIE), que contará con las facultades de inteligencia e investigación criminal, en articulación con la Fiscalía General de la Nación, para realizar labores de prevención y judicialización de personas que cometan delitos de carácter electoral y quienes alteren el orden público antes, durante y después de las elecciones.

En este último punto tendrá que ver mucho la ejecución del Plan Democracia, desde el Ministerio de Defensa, sobre el que se adelantó que, hasta este momento, se han identificado cuatro zonas que tendrán prioridad en cuestiones de seguridad: la primera está conformada por Arauca, Catatumbo y La Guajira; la segunda, por Baja Orinoquía y el noreste amazónico; la tercera, por el Pacífico; y la cuarta, por el Urabá y el Magdalena Medio.

La acción de las fuerzas de seguridad, en conjunto con el Ministerio de Interior, están encargadas de atender la anunciada alerta temprana de riesgo electoral que expedirá la Defensoría del Pueblo el próximo mes de agosto, entidad que también advirtió que existe para las elecciones regionales un riesgo de alteración de orden público a través de las protestas en varios municipios del país.

Panorama de delitos electorales

El Estado también se prepara para atender los riesgos crecientes en materia de delitos electorales. El fiscal general encargado, Fabio Espitia, señaló que estarán atentos a los nuevos tipo penales, como el tráfico de votos, la financiación de fuentes prohibidas, la violación de topes o la omisión de información del aportante. Indició, por ejemplo, que hay 243 funcionarios de la Fiscalía con dedicación exclusiva a esa materia y estarán disponibles 1.561 fiscales en todo el país para atender las denuncias que tengan que ver con las elecciones.

Uno de los asuntos a los que más se le prestará atención será a la inscripción de cédulas, que desde este lunes se podrá hacer en más de 10.000 puestos de votación habilitados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, para que los colombianos puedan hacer el proceso cerca de sus lugares de residencia. El Ministerio del Interior, por ejemplo, tiene datos específicos de 13 departamentos que presentan un panorama más grave en cuanto a trashumancia electoral. En Norte de Santander, Antioquia, Chocó y Nariño hay incrementos de inscripción de cédulas (709 %, 701 %, 802 % y 1.671 %, respectivamente) que han alarmado a las autoridades.

A su turno, Alejandra Barrios, directora de la MOE, señaló que para las elecciones regionales estarán desplegadas 3.500 personas en 600 municipios del país en labores de observación, que llegarán al menos al 90 % de los lugares que representan riesgo extremo. Barrios puso sobre la mesa, en referencia a algunas prácticas que buscan saltarse las normas electorales de publicidad, el aumento del registro de grupos significativos de ciudadanos. Dijo que, hasta hoy, hay 1.253 grupos registrados y que la figura se ha desdibujado. “Recogen firmas, entregan propaganda, destinan recursos para la recolección y no hay ninguna información sobre esos aportes. Sólo en 25 % entrega firmas para ser reconocidas. Eso necesita una revisión seria por parte de las autoridades y el Congreso de la República”, explicó Barrios. También anunció que para el proceso electoral de octubre se realizará un monitoreo de medios de comunicación para tener un diagnóstico sobre qué dicen los candidatos en cuanto a la participación de la mujer y el discurso de odio, un trabajo que se realizará de manera conjunta con 19 universidades del país.

Entre las acciones inmediatas que deberá implementar el Estado están la puesta en marcha del GRIE; la articulación con el Plan Democracia, que está en cabeza del Ministerio de Defensa; la protección de candidatos de los partidos políticos, con refuerzo especial a los aspirantes del partido FARC; y la promoción social de estas acciones para lograr colaboración por parte de la ciudadanía.

El combate a delitos electorales estará articulado a través de la política criminal electoral, que presentó la ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, quien calificó el delito electoral como un crimen intermedio que conlleva a otros actos criminales. “Por ello, la lucha contra la criminalidad electoral debe ser una política de Estado que debe conservarse a través del tiempo”, puntualizó la funcionaria.

Innovaciones

Por su parte, Galindo destacó algunos avances tecnológicos que se han puesto en marcha para garantizar la transparencia en las elecciones. Subrayó la implementación de un sistema completamente digital para la inscripción de cédulas con validación biométrica, proceso que se extenderá hasta el próximo 27 de agosto. “Este mecanismo digital le ha permitido a la organización electoral ir haciendo un monitoreo mensual de las inscripciones en todos los municipios, en compañía de la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, la MOE y los partidos y movimientos político”, dijo.

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Agregó que, ante el incremento del registro de grupos significativos de ciudadanos, se creó un grupo de 700 personas que validarán las miles de firmas a través de un software que se basará e información del Archivo Nacional de Identificación y el censo electoral. Mencionó, además, las aplicaciones desarrolladas para preinscripción de candidatos por parte de los partidos políticos y para la carga de información sobre los ciudadanos que podrían ser jurados de votación por parte de las empresas privadas y públicas.

Sobre el preconteo y los escrutinios explicó que, para el primer proceso, habrá un módulo para que los auditores de sistemas de las diferentes colectividades puedan descargar en tiempo real los archivos de votación mesa a mesa. Sobre el segundo proceso, aseguró que el software de escrutinios permitirá la digitalización y publicación de las actas de escrutinios de jurados de votación E-14 de los claveros de cada una de las mesas de votación, así como se podrá descargar de la página de la Registraduría el archivo de imágenes de los E-14 de los delegados y los “archivos planos en formato abierto con el resultado del reconocimiento de caracteres, a través de un canal con servicio SFTP”, que estará disponible para los partidos políticos.

Por último, la Registraduría anunció el combate contra la información y noticias falsas en la red, a través del monitoreo constante de la conversación en las plataformas sociales para, dice el registrador, poder entregar a los ciudadanos datos verídicos sobre el debate electoral. 

Más mujeres

La presidenta del Consejo de Estado, magistrada Lucy Jeannette Bermúdez, habló de la necesidad de que las garantías para las elecciones regionales fueran vistas “con ojos de mujer” y de que se incremente la participación del género femenino en los comicios. Esa moción fue secundada por Barrios, de la MOE, quien destacó el trabajo que se viene realizando desde la organización civil para motivar a que más mujeres participen en política.

Precisamente, la MOE presentó en noviembre de 2018 la publicación “De la participación a la representación efectiva. La participación política de las mujeres en Colombia” en la que se señala que “el tener una cultura política predominantemente patriarcal, el poco apoyo que los partidos políticos dan a la formación y capacitación de lideresas, las barreras a la hora de conseguir financiación para las campañas, y la violencia relacionada con el ejercicio de la política, son obstáculos que desincentivan y limitan a las mujeres a participar en los espacios de toma de decisiones”.