Política de drogas: esto dicen los precandidatos presidenciales en debate en vivo
Este es el primer debate en el que se encuentran nueve de la larga lista de aspirantes a la Casa de Nariño para 2022. Gustavo Petro, Alejandro Gaviria, Paloma Valencia, Rafael Nieto, Camilo Romero, Roy Barreras, Juan Fernando Cristo, Juan Manuel Galán, y Juan Carlos Echeverry participan.
¿Cuál es el futuro de la política de drogas de Colombia? Esta es una de las preguntas principales de cara a las elecciones de 2022. ¿Habrá cambios en la concepción nacional en términos de lucha contra el narcotráfico, consumo legal, intervención en los territorios y prohibicionismo? Para darle respuesta a esos interrogantes, la Universidad de los Andes dio lugar a un debate para que los precandidatos presidenciales expresen sus propuestas y visión de cómo sería una política de drogas en un posible mandato.
(Lea: Oposición alerta por “reforma laboral y pensional disfrazada” en el Congreso)
Es importante no solo por el tema en cuestión, sino también porque es el primer encuentro entre quienes quieren llegar a la Casa de Nariño en 2022. Aquí entonces se están midiendo los aceites entre ellos y ellas y la capacidad de síntesis pues tienen alrededor de cinco minutos para expresar las soluciones que darían a una de las problemáticas más complejas de Colombia en caso de ser presidentes. En el encuentro participaron Gustavo Petro (quien se unió tarde al panel), Alejandro Gaviria, Paloma Valencia, Rafael Nieto, Camilo Romero, Roy Barreras, Juan Fernando Cristo, Juan Manuel Galán, y Juan Carlos Echeverry. La Universidad de los Andes manifestó que se invitaron también a Óscar Iván Zuluaga, María Fernanda Cabal, Francia Márquez, y otros candidatos, pero no pudieron asistir. Esperan hacer una segunda versión para escucharlos también a ellos.
(Lea acá más noticias de la política colombiana)
Enfoque de la política de las drogas: el centro de la discordia (todavía)
De acuerdo con las declaraciones de los precandidatos, cómo abordar la política de las drogas sigue siendo el centro de la discordia entre las diferentes propuestas de los participantes. Para Juan Manuel Galán, que representa el Nuevo Liberalismo, debe haber una política a largo plazo que, ante todo, tenga en cuenta la necesidad de que el Estado invierta en titular más tierras de campesinos y en construir vías terciarias.
“En Ecuador los campesinos sí son titulares de la tierra, por eso se puede rastrear allá su propiedad. Acá no porque los cultivos están en parques naturales o en terrenos q no le pertenecen a nadie”, explicó. En ese sentido, Galán propone que, de ser presidente, impulsaría una inyección presupuestal importante, por medio de impuestos, para construir obras de vías terciarias en zonas difíciles. “El control territorial debe hacerse ganando la confianza de la población. La Fumigación aérea destruye la confianza”, agregó.
Alejandro Gaviria, por su lado, reiteró que el enfoque prohibicionista no ha funcionado y por tanto es necesario una política de drogas razonable, basada en la evidencia y cuyos objetivos sean la salud pública y la creación de oportunidades.
“El enfoque prohibicionista fracasó estruendosamente. Los objetivos de esta política de drogas tiene que ver con la gente, para generar oportunidades en la periferia y para acabar con la violencia. Propongo una posibilidad de desarrollo en Colombia que tenga en cuenta la presencia integral del Estado en los territorios y que se impulse proyectos productivos de los campesinos, como lo plantea el Acuerdo de Paz”, señaló. Su propuesta, añadió, se acerca a una mirada regulatoria, parecida a la que se estableció con el tabaco, control de insumos, ataque al lavado de activos y realizando inteligencia para el desmonte de organizaciones criminales.
(Conozca: Duque pide ante la ONU equidad para la distribución de vacunas)
Rafael Nieto: legalización de consumo de coca no es una discusión global
Para el precandidato del uribismo, lo que ha fracasado en el tema de drogas es el “nuevo paradigma” o “enfoque histórico”. Según dijo, se suponía que el Acuerdo de Paz iba a arreglar el problema del narcotráfico, pero no ha sido así, y también lo explicó en cifras: “En 2013 teníamos 48 mil hectáreas de coca y se producían 290 toneladas de cocaína. En 2014 se firmó el componente de narcotráfico del Acuerdo y el año pasado teníamos 143 mil hectáreas y se produjeron 1.200 toneladas de cocaína. ¿Qué pasó?”
Aunque reconoció que el prohibicionismo no tiene sentido, Nieto aseguró que hoy no hay una discusión en el mundo sobre la posibilidad de legalizar la cocaína así que se debe partir de la idea de que seguirá prohibida internacionalmente, y empezar a revisar lo que se ha hecho mal desde 2014. Su propuesta es una “estrategia integral”, que no se centre solo en los campesinos que siembran coca, que es el eslabón más débil, sino “pegarle a las organizaciones y sobre todo a las finanzas y en eso hay que hacer un trabajo sofisticado que no se está haciendo. Más que pegarle a los cultivos, hay que pegarle a los laboratorios y cristalizaderos”.
También propuso recuperar la aspersión aérea con glifosato, revisar el programa de sustitución de cultivos, cambiar el sistema de transferencias monetarias del Estado a los campesinos que siembran coca y coincidió con Gaviria en que el Estado no tiene una política en materia de salud pública y hay que construirla.
Contrario a Nieto, Camilo Romero, precandidato del partido verde, reiteró que el uso del glifosato no es una solución para la problemática del país. Romero quiso hacer una “traducción” del escritorio al territorio, que a su juicio es clave en el tema de drogas. Comentó una anécdota de cuando fue gobernador de Nariño, en la que presenció la preocupación de personas de hasta 70 años por la erradicación sin más alternativas. “Quiero señalar esto como una realidad de lo que se vive en los territorios, que es muy distinto a la del discurso que lideran e implementan quienes han estado en el Gobierno”.
Para Romero, la política que ha habido durante años ha permitido perpetuar el negocio y la criminalidad, algo que evidenció con cifras: “En 2001 había 145 mil hectáreas y en 2019 había 154 mil. Es como si nada hubiese pasado, pero en realidad lo que ha pasado es en los territorios, no en los escritorios. Además de esa ausencia del estado, cuando llega, llega primero a engañar, a prometer sustitución de cultivos de uso ilícito”.
Han sido 18 años de política antidrogas en los que, según el exsenador, hay que partir del reconocimiento del fracaso, no solo en Colombia sino en el mundo.
(Lea también: Polémica en Congreso por intento de aplazar proyecto de especialidad agraria)
Paloma Valencia: “No combatimos la coca por un tema ideológico”
De acuerdo con otra de las precandidatas del Centro Democrático, el problema de la coca está totalmente relacionado con la violencia. “Es un problema de estructuras ilegales, que financian y asesinan colombianos con ese dinero”. Por eso, la senadora propuso diferenciar la estrategia contra las estructuras criminales de la estrategia contra los campesinos.
“Contra las estructuras criminales tenemos que usar todo el paquete de lo que existe, porque esto es muy difícil de controlar: extradición, extinción de dominio para pegarles en las finanzas, destrucción de cristalizaderos y laboratorios”, dijo Paloma Valencia.
Y, para los campesinos, su idea es partir de que si bien hay campesinos que tienen producciones industriales, hay otros que están prácticamente secuestrados por los violentos. Con los primeros su propuesta es controlar la entrada de los insumos que les permiten tener producciones a gran escala, mientras que para los segundos promete buscar alternativas productivas que les permitan salir del negocio y no regresar.
Un tercer grupo son los campesinos que están en la frontera agrícola, es decir los que están en zonas que son inaccesibles porque empiezan las selvas de Colombia. “No es un tema de presencia estatal. Cuando uno tiene una selva como la amazónica o pacífica, no puede decidir que simplemente va a llevar carreteras y alternativas productivas, porque eso significa destruir el patrimonio ambiental. Hay que pensar en alternativas sostenibles y el pago por la preservación de los servicios ambientales donde esas familias puedan constituirse como guardabosques. No combatimos la coca por un tema ideológico, sino un tema de la realidad concreta del mundo”, agregó Valencia.
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Gustavo Petro: “La reforma agraria es una forma de debilitar al narcotráfico”
El senador de Colombia Humana dividió la política antidrogas en dos grandes conceptos. El primero, mitigación del daño, que fue lo que quiso poner en práctica en Bogotá con sus Camad. El segundo, entender el concepto de que el narcotráfico en Colombia tiene poder político.
Sobre esto último, Petro puso como ejemplo al campesinado que, según dijo, es una de las poblaciones que está bajo control del narcotráfico. “150 mil familias en regiones específicas, que coincidencialmente son propicias para el crecimiento de una mata selvática como la hoja de coca. ¿Están por voluntad propia o por crecimiento demográfico? No, por un proceso político y social de hace siglos, estimulado por el Estado. Ese campesinado está allí porque lo llevaron expulsado por métodos violentos”.
De acuerdo con Petro, los campesinos están donde debería haber selva. Y en las tierras fértiles, donde debería haber agricultura, hay ganadería. “Es un uso irracional de la tierra en Colombia, promovido por una posesión que los detentores del poder político y económico han hecho de la tierra algo muy parecido a lo que hacían los feudales. No hemos modernizado nuestro campo”.
Por esto, para el exalcalde de Bogotá hay que partir de la necesidad de que la política antidrogas le quite “poder político al narcotráfico”. ¿Cómo? Según dijo, dándole tierra fértil al campesino y sustituyendo tierras y no solo cultivos. “La reforma agraria, vista como sustitución de tierras, como priorización de campesinado y como modelo de desarrollo agrario sustentado en los alimentos, es una forma de debilitar al narcotráfico”. Aunque el exministro Echeverry desestimó su idea, catalogándola como “trasnochada”, Petro se mantuvo en ella y la presentó como un eje crucial de la política de drogas que necesita Colombia.
De los nueve precandidatos participantes en este foro, Rafael Nieto y Paloma Valencia Valencia expresaron que, de ser presidentes, volverían a la aspersión aérea con glifosato. Mientras que los demás le dijeron no al químico y la calificaron de “ineficaz”, Juan Carlos Echeverry no dio una respuesta exacta a la pregunta. Fue, quizá, el único ambivalente: “La pregunta es, ¿para qué el glifosato? No creo que deba ser el núcleo de una política antidrogas, pero debe mantenerse como una herramienta potencial de disuasión. Es una opción de última alternativa”, expresó.
(Más: Luis Fernando Velasco llama a las bases liberales a unirse al Pacto Histórico)
Algo parecido pasó cuando los precandidatos respondieron sobre si apoyarían el uso recreativo de la marihuana en un eventual gobierno. Roy Barreras, Camilo Romero, Juan Fernando Cristo, Juan Manuel Galán, y Alejandro Gaviria expresaron que sí lo harían. Varios de ellos enfatizaron que apoyaban el uso adulto del cannabis. Gustavo Petro extendió su respuesta y recalcó en que no se trata de apoyar el consumo, ni estimularlo, sino de que no sea criminalizada su uso.
Por su parte, Rafael Nieto le respondió al senador de Colombia Humana que actualmente el uso de la marihuana por adultos no tiene repercusiones penales, y agregó que no apoyaría este asunto porque todavía falta “desechar muchas cosas antes de dar ese paso”. Finalmente, Paloma Valencia respondió que hacer eso era complejo. Su declaración se mantuvo más en el espectro del no al uso del cannabis.
¿Cuál es el futuro de la política de drogas de Colombia? Esta es una de las preguntas principales de cara a las elecciones de 2022. ¿Habrá cambios en la concepción nacional en términos de lucha contra el narcotráfico, consumo legal, intervención en los territorios y prohibicionismo? Para darle respuesta a esos interrogantes, la Universidad de los Andes dio lugar a un debate para que los precandidatos presidenciales expresen sus propuestas y visión de cómo sería una política de drogas en un posible mandato.
(Lea: Oposición alerta por “reforma laboral y pensional disfrazada” en el Congreso)
Es importante no solo por el tema en cuestión, sino también porque es el primer encuentro entre quienes quieren llegar a la Casa de Nariño en 2022. Aquí entonces se están midiendo los aceites entre ellos y ellas y la capacidad de síntesis pues tienen alrededor de cinco minutos para expresar las soluciones que darían a una de las problemáticas más complejas de Colombia en caso de ser presidentes. En el encuentro participaron Gustavo Petro (quien se unió tarde al panel), Alejandro Gaviria, Paloma Valencia, Rafael Nieto, Camilo Romero, Roy Barreras, Juan Fernando Cristo, Juan Manuel Galán, y Juan Carlos Echeverry. La Universidad de los Andes manifestó que se invitaron también a Óscar Iván Zuluaga, María Fernanda Cabal, Francia Márquez, y otros candidatos, pero no pudieron asistir. Esperan hacer una segunda versión para escucharlos también a ellos.
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Enfoque de la política de las drogas: el centro de la discordia (todavía)
De acuerdo con las declaraciones de los precandidatos, cómo abordar la política de las drogas sigue siendo el centro de la discordia entre las diferentes propuestas de los participantes. Para Juan Manuel Galán, que representa el Nuevo Liberalismo, debe haber una política a largo plazo que, ante todo, tenga en cuenta la necesidad de que el Estado invierta en titular más tierras de campesinos y en construir vías terciarias.
“En Ecuador los campesinos sí son titulares de la tierra, por eso se puede rastrear allá su propiedad. Acá no porque los cultivos están en parques naturales o en terrenos q no le pertenecen a nadie”, explicó. En ese sentido, Galán propone que, de ser presidente, impulsaría una inyección presupuestal importante, por medio de impuestos, para construir obras de vías terciarias en zonas difíciles. “El control territorial debe hacerse ganando la confianza de la población. La Fumigación aérea destruye la confianza”, agregó.
Alejandro Gaviria, por su lado, reiteró que el enfoque prohibicionista no ha funcionado y por tanto es necesario una política de drogas razonable, basada en la evidencia y cuyos objetivos sean la salud pública y la creación de oportunidades.
“El enfoque prohibicionista fracasó estruendosamente. Los objetivos de esta política de drogas tiene que ver con la gente, para generar oportunidades en la periferia y para acabar con la violencia. Propongo una posibilidad de desarrollo en Colombia que tenga en cuenta la presencia integral del Estado en los territorios y que se impulse proyectos productivos de los campesinos, como lo plantea el Acuerdo de Paz”, señaló. Su propuesta, añadió, se acerca a una mirada regulatoria, parecida a la que se estableció con el tabaco, control de insumos, ataque al lavado de activos y realizando inteligencia para el desmonte de organizaciones criminales.
(Conozca: Duque pide ante la ONU equidad para la distribución de vacunas)
Rafael Nieto: legalización de consumo de coca no es una discusión global
Para el precandidato del uribismo, lo que ha fracasado en el tema de drogas es el “nuevo paradigma” o “enfoque histórico”. Según dijo, se suponía que el Acuerdo de Paz iba a arreglar el problema del narcotráfico, pero no ha sido así, y también lo explicó en cifras: “En 2013 teníamos 48 mil hectáreas de coca y se producían 290 toneladas de cocaína. En 2014 se firmó el componente de narcotráfico del Acuerdo y el año pasado teníamos 143 mil hectáreas y se produjeron 1.200 toneladas de cocaína. ¿Qué pasó?”
Aunque reconoció que el prohibicionismo no tiene sentido, Nieto aseguró que hoy no hay una discusión en el mundo sobre la posibilidad de legalizar la cocaína así que se debe partir de la idea de que seguirá prohibida internacionalmente, y empezar a revisar lo que se ha hecho mal desde 2014. Su propuesta es una “estrategia integral”, que no se centre solo en los campesinos que siembran coca, que es el eslabón más débil, sino “pegarle a las organizaciones y sobre todo a las finanzas y en eso hay que hacer un trabajo sofisticado que no se está haciendo. Más que pegarle a los cultivos, hay que pegarle a los laboratorios y cristalizaderos”.
También propuso recuperar la aspersión aérea con glifosato, revisar el programa de sustitución de cultivos, cambiar el sistema de transferencias monetarias del Estado a los campesinos que siembran coca y coincidió con Gaviria en que el Estado no tiene una política en materia de salud pública y hay que construirla.
Contrario a Nieto, Camilo Romero, precandidato del partido verde, reiteró que el uso del glifosato no es una solución para la problemática del país. Romero quiso hacer una “traducción” del escritorio al territorio, que a su juicio es clave en el tema de drogas. Comentó una anécdota de cuando fue gobernador de Nariño, en la que presenció la preocupación de personas de hasta 70 años por la erradicación sin más alternativas. “Quiero señalar esto como una realidad de lo que se vive en los territorios, que es muy distinto a la del discurso que lideran e implementan quienes han estado en el Gobierno”.
Para Romero, la política que ha habido durante años ha permitido perpetuar el negocio y la criminalidad, algo que evidenció con cifras: “En 2001 había 145 mil hectáreas y en 2019 había 154 mil. Es como si nada hubiese pasado, pero en realidad lo que ha pasado es en los territorios, no en los escritorios. Además de esa ausencia del estado, cuando llega, llega primero a engañar, a prometer sustitución de cultivos de uso ilícito”.
Han sido 18 años de política antidrogas en los que, según el exsenador, hay que partir del reconocimiento del fracaso, no solo en Colombia sino en el mundo.
(Lea también: Polémica en Congreso por intento de aplazar proyecto de especialidad agraria)
Paloma Valencia: “No combatimos la coca por un tema ideológico”
De acuerdo con otra de las precandidatas del Centro Democrático, el problema de la coca está totalmente relacionado con la violencia. “Es un problema de estructuras ilegales, que financian y asesinan colombianos con ese dinero”. Por eso, la senadora propuso diferenciar la estrategia contra las estructuras criminales de la estrategia contra los campesinos.
“Contra las estructuras criminales tenemos que usar todo el paquete de lo que existe, porque esto es muy difícil de controlar: extradición, extinción de dominio para pegarles en las finanzas, destrucción de cristalizaderos y laboratorios”, dijo Paloma Valencia.
Y, para los campesinos, su idea es partir de que si bien hay campesinos que tienen producciones industriales, hay otros que están prácticamente secuestrados por los violentos. Con los primeros su propuesta es controlar la entrada de los insumos que les permiten tener producciones a gran escala, mientras que para los segundos promete buscar alternativas productivas que les permitan salir del negocio y no regresar.
Un tercer grupo son los campesinos que están en la frontera agrícola, es decir los que están en zonas que son inaccesibles porque empiezan las selvas de Colombia. “No es un tema de presencia estatal. Cuando uno tiene una selva como la amazónica o pacífica, no puede decidir que simplemente va a llevar carreteras y alternativas productivas, porque eso significa destruir el patrimonio ambiental. Hay que pensar en alternativas sostenibles y el pago por la preservación de los servicios ambientales donde esas familias puedan constituirse como guardabosques. No combatimos la coca por un tema ideológico, sino un tema de la realidad concreta del mundo”, agregó Valencia.
(Le puede interesar: Tatequieto de la Registraduría a nombres como “Miperro” o “Satanás”)
Gustavo Petro: “La reforma agraria es una forma de debilitar al narcotráfico”
El senador de Colombia Humana dividió la política antidrogas en dos grandes conceptos. El primero, mitigación del daño, que fue lo que quiso poner en práctica en Bogotá con sus Camad. El segundo, entender el concepto de que el narcotráfico en Colombia tiene poder político.
Sobre esto último, Petro puso como ejemplo al campesinado que, según dijo, es una de las poblaciones que está bajo control del narcotráfico. “150 mil familias en regiones específicas, que coincidencialmente son propicias para el crecimiento de una mata selvática como la hoja de coca. ¿Están por voluntad propia o por crecimiento demográfico? No, por un proceso político y social de hace siglos, estimulado por el Estado. Ese campesinado está allí porque lo llevaron expulsado por métodos violentos”.
De acuerdo con Petro, los campesinos están donde debería haber selva. Y en las tierras fértiles, donde debería haber agricultura, hay ganadería. “Es un uso irracional de la tierra en Colombia, promovido por una posesión que los detentores del poder político y económico han hecho de la tierra algo muy parecido a lo que hacían los feudales. No hemos modernizado nuestro campo”.
Por esto, para el exalcalde de Bogotá hay que partir de la necesidad de que la política antidrogas le quite “poder político al narcotráfico”. ¿Cómo? Según dijo, dándole tierra fértil al campesino y sustituyendo tierras y no solo cultivos. “La reforma agraria, vista como sustitución de tierras, como priorización de campesinado y como modelo de desarrollo agrario sustentado en los alimentos, es una forma de debilitar al narcotráfico”. Aunque el exministro Echeverry desestimó su idea, catalogándola como “trasnochada”, Petro se mantuvo en ella y la presentó como un eje crucial de la política de drogas que necesita Colombia.
De los nueve precandidatos participantes en este foro, Rafael Nieto y Paloma Valencia Valencia expresaron que, de ser presidentes, volverían a la aspersión aérea con glifosato. Mientras que los demás le dijeron no al químico y la calificaron de “ineficaz”, Juan Carlos Echeverry no dio una respuesta exacta a la pregunta. Fue, quizá, el único ambivalente: “La pregunta es, ¿para qué el glifosato? No creo que deba ser el núcleo de una política antidrogas, pero debe mantenerse como una herramienta potencial de disuasión. Es una opción de última alternativa”, expresó.
(Más: Luis Fernando Velasco llama a las bases liberales a unirse al Pacto Histórico)
Algo parecido pasó cuando los precandidatos respondieron sobre si apoyarían el uso recreativo de la marihuana en un eventual gobierno. Roy Barreras, Camilo Romero, Juan Fernando Cristo, Juan Manuel Galán, y Alejandro Gaviria expresaron que sí lo harían. Varios de ellos enfatizaron que apoyaban el uso adulto del cannabis. Gustavo Petro extendió su respuesta y recalcó en que no se trata de apoyar el consumo, ni estimularlo, sino de que no sea criminalizada su uso.
Por su parte, Rafael Nieto le respondió al senador de Colombia Humana que actualmente el uso de la marihuana por adultos no tiene repercusiones penales, y agregó que no apoyaría este asunto porque todavía falta “desechar muchas cosas antes de dar ese paso”. Finalmente, Paloma Valencia respondió que hacer eso era complejo. Su declaración se mantuvo más en el espectro del no al uso del cannabis.