“Por ahora mi prioridad es cuidar mi vida y la de mi familia”: Nicolás Sánchez

Por un anuncio del medio virtual Vorágine en que usted trabaja, en el cual se informaba sobre la suspensión indefinida de las investigaciones relacionadas con narcotráfico y paramilitarismo, se supo que habían recibido amenazas de muerte. Usted fue blanco directo de esas intimidaciones ¿Cómo y cuándo llegaron?

El miércoles 9 de octubre empezó a seguirme, en Instagram, una cuenta recién creada bajo el nombre “AUC”. Desde ese mismo perfil se siguió a todos mis contactos que coincidían con los apellidos de mi familia: Sánchez y Arévalo. Entre ese día y el jueves 10 de octubre, me enviaron varias amenazas de muerte y mensajes de intimidación.

Las siglas AUC recuerdan un fenómeno temible: fueron distintivas de la organización criminal Autodefensas Unidas de Colombia, de los paramilitares de los años 80 y 90, del clan Castaño ¿Qué decían o insinuaban esos mensajes?

El primero decía “salte aquí”, como llamándome “sapo”. Después me enviaron el emoticón de una calavera, entre otros mensajes. Hubo más contenidos claramente intimidantes pero no quisiera referirme a ellos, en público.

Según dice, ¿las amenazas incluían a sus familiares?

No de manera directa. Pero como dije, una forma de amedrentarme fue empezar a seguir las cuentas de mis familiares, retomando los contactos que tengo con personas cuyos apellidos coinciden con los míos.

Como no era un solo mensaje sino varios, ¿pudo deducir cuáles serían los orígenes y autores de esas advertencias?

Además de las siglas AUC que pusieron en la cuenta, las cuales aluden al fenómeno que usted describió, desde ahí se hacía apología del paramilitarismo y del narcotráfico. Por ejemplo, en la foto de perfil, exhibieron armamento. Más allá de esos indicios, no intenté establecer quién o quiénes estaban detrás de los mensajes porque como se trata de sitios anónimos, no es fácil determinarlo. Y tampoco dispongo de herramientas para lograrlo.

Por esas señas, Vorágine sí parece creer que las amenazas provienen de esos sectores delictivos y por eso decidió suspender las investigaciones relacionadas con narcoparamilitarismo ¿Hubo otras indicaciones que los llevaran a la misma conclusión?

Sí. No solo por el nombre y el contenido de la cuenta sino porque las imágenes que publicaron allí, también se relacionaban con la mafia. Por ejemplo, subieron fotos de Vicente Castaño, de alias don Berna y de los capos del narcotráfico Carlos Ledher y Pablo Escobar, entre otros. Hay más, pero insisto en que hemos querido tener una actitud prudente con respecto a lo que vamos a sostener públicamente.

Usted se ha dedicado al periodismo de investigación ¿Cuál fue el más reciente tema que estudió y quiénes podrían afectarse con sus eventuales revelaciones en ese caso?

En términos generales, en mis investigaciones he hecho énfasis en el involucramiento de unos sectores empresariales con el proyecto narcoparamilitar. Es un aspecto sobre el que la justicia debe mucha verdad y, en el cual, además, hay señales desesperanzadoras como la actitud irrespetuosa, con la prensa, de la juez que conoce el proceso en contra de unos exdirectivos de Chiquita Brands (multinacional de producción y distribución de plátano), y de Banacol (grupo agroindustrial para la producción y comercialización de banano). Por ahora, reitero que he decidido – así como el medio para el que trabajo -, no continuar indagando datos sobre la relación empresariado-paramilitarismo Es una forma dolorosa de resguardar mi vida y la de mi familia, impuesta por los violentos.

En su respuesta anterior usted afirma que la justicia “debe mucha verdad” en cuanto a los nexos de empresarios con paramilitares ¿Quiere decir que juzgados y tribunales han pasado por alto sus obligaciones y evitan dictar sentencias de condena?

Sí, eso quiero significar. El proceso en que están involucrados varios exdirectivos de Chiquita Brands y de Banacol, por ejemplo, está a punto de prescribir como lo revelamos en Vorágine. Han pasado casi veinte años desde cuando la fiscalía conoció las primeras denuncias sobre la financiación empresarial a organizaciones ilegales. Y, al día de hoy, no hay ningún fallo. Incluso podría no haberlo nunca por el riesgo de que opere la prescripción, es decir, la extinción de la acción penal debido a que no se investigó ni juzgó el hecho, en el tiempo legal establecido para hacerlo.

¿A cuál conducta de la juez del proceso que involucra a Chiquita Brands y Banacol, se refierecuando afirma que ella ha tenido una “actitud irrespetuosa con la prensa”? ¿Usted y Vorágine han tenido tropiezos en el cubrimiento de las informaciones de ese emblemático caso de financiación de bandas ilegales por parte de empresarios legales?

Sí. Hemos enfrentado obstáculos para el cubrimiento del proceso. Nosotros solicitamos acceder a las audiencias del juicio, y la juez nos negó el permiso con el argumento de que revelar la identidad de los procesados, podía afectar su buen nombre. En primer lugar, la negativa de la juez iba en contravía de directivas sobre la transparencia debida en los casos judiciales, y del espíritu del propio Código de Procedimiento Penal que, en su artículo 18, establece la publicidad de la actuación procesal. En segundo lugar, esa decisión resulta absurda porque los nombres de los involucrados se conocen hace muchos años. Vorágine ganó una tutela y Noticias Uno otra, en la que se nos concedía el acceso solicitado. Entonces la juez, en un acto que interpretamos como otro intento de dificultar el trabajo de la prensa, ordenó que las audiencias ya no fueran virtuales – como se venían realizando -, sino que se hicieran de manera presencial.

En cuanto a su trabajo individual, ¿cuáles artículos específicos ha publicado recientemente sobre las relaciones de un sector del empresariado con el paramilitarismo?

Hace poco publiqué un reportaje que titulamos El ‘dossier’ desconocido de Chiquita Brands, Uribe y los paramilitares. En esa investigación revelamos que, siendo gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe contrató a un hombre que sería cercano a Vicente Castaño (otro jefe de las AUC) para coordinar las Convivir (empresas de seguridad privada en los años 90). Además, hicimos públicos otros negocios entre empresarios y paramilitares. Hace menos de un mes, develé una red de contratación de un miembro de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) con los hospitales de Turbo y Dabeiba. En febrero pasado, di a conocer testimonios de exintegrantes de las AGC que relacionan a Félix Gutiérrez, pareja de la representante a la Cámara Ana Paola García (del partido de la U), con esa estructura armada, entre otros trabajos.

Casos de fuerte contenido: todos y cada uno tocan intereses de gente muy peligrosa. Esa temática me hace recordar la Ley de Justicia y Paz del primer gobierno Uribe, que tenía el objetivo de desmovilizar a los grupos paramilitares y a sus integrantes. De acuerdo con sus investigaciones, ¿ese fenómeno nunca dejó de operar y hoy sigue vivo?

Muchos desmovilizados de las AUC han cumplido sus compromisos de verdad y no repetición. Ellos entregaron muchísima información sobre sus vínculos con empresarios. Sin embargo, reitero que el Estado y sus fiscales y jueces no han judicializado a los llamados “cacaos” (grandes hombres de negocios). El poder de los sectores económicos que impulsaron el paramilitarismo se mantiene y se ha fortalecido. El modelo que financiaron les funcionó: se desmovilizaron las estructuras armadas y señalaron, a estas, como únicas culpables de la barbarie mientras los empresarios continuaron disfrutando sus riquezas.

Cuando usted habla de “empresarios”, ¿alude a hombres de negocios legales o a personajes que comercian con delincuentes o mediante la comisión de delitos?

Aludo a ambos.

De acuerdo con sus hallazgos periodísticos, los neoparamilitares o herederos de los Castaño y de los otros jefes paramilitares, ¿mantienen la vigencia de los pactos con políticos y con funcionarios públicos como alcaldes y gobernadores en materia de entrega de contratos públicos regionales y locales?

El paramilitarismo siempre ha dependido del apoyo de élites políticas, militares y económicas. Las AGC balancearon el proceso de las AUC y hoy operan con ese acumulado de experiencias. Han descartado lo que fracasó y reeditado lo que funcionó. Me gustaría hacer una claridad, en este punto: no soy enemigo personal de nadie. Soy un periodista investigador y hago la tarea que corresponde a mi profesión. Intento entender este país tan complejo para contar historias a las audiencias con el fin de que todos entendamos las complejidades de la violencia y la guerra en nuestro país. También denuncio, desde el campo del periodismo, las violaciones a los derechos humanos y los atropellos a la sociedad civil que cometen todos los actores armados.

Noto que usted se refiere a la mayor estructura armada criminal del narcoparamilitarismo como Autodefensas Gaitanistas de Colombia, un término que ofende a la familia del asesinado líder político Jorge Eliécer Gaitán. Esa estructura, ¿es el mismo temible clan del Golfo que se camufla bajo esas siglas: AGC?

Ellos se autodenominan Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Ejército Gaitanista de Colombia. El Estado las llamó clan del Golfo después de que otros nombres, relacionados con una región y con el apellido de unas personas, también resultaron ofensivos para la familias o habitantes mencionados. Yo los denomino tal como ellos se identifican a sí mismos.

El asesinato del famoso humorista Jaime Garzón ordenado por el máximo jefe paramilitar de los 90, Carlos Castaño, marcó a una generación de periodistas colombianos. En ese crimen también participaron agentes oficiales, entre estos, unos militares y unos miembros del antiguo DAS ¿Encuentra que las amenazas en su contra y contra otros investigadores periodistas, tienen similitud con el caso Garzón y otros hechos muy dolorosos de esa misma época?

Es llamativo que la cuenta desde la que me amenazaron reivindique a las AUC, el grupo armado que mató a Jaime Garzón con ayuda del Estado. En la actualidad, hay sectores muy poderosos interesados en ocultar las verdades de esa etapa del paramilitarismo. Una actitud propositiva de estos grupos, en una época de propuestas de paz, sería asumir la verdad, no oponerse a los intentos de esclarecerla, y buscar vías para la reparación de las víctimas.

Aunque las circunstancias lo obliguen a usted y a Vorágine, a suspender sus artículos de investigación, ¿volverán a escribir sobre estos temas en algún momento o los cancelarán definitivamente?

A medida que se vayan dando garantías, podré retomar ese camino. Por ahora mi prioridad es cuidar mi vida y la de mis familiares.

Entonces, ¿cuáles serán sus tareas periodísticas de ahora en adelante?

Voy a seguir escribiendo sobre temas con otros perfiles. ya veremos lo que sucede más adelante.

Usted es muy joven ¿Ha pensado viajar al exterior, tal vez para residenciarse fuera de Colombia de manera permanente? Podría hacer una vida más tranquila, ¿no cree?

Me ha costado mucho esfuerzo construir mi carrera profesional porque no he tenido padrinos ni soy un delfín. Mi papá es obrero y mi mamá ha trabajado como costurera, decoradora y estilista. Mi esposa ha sido un apoyo inquebrantable. Ahora estoy en el lugar que quería: en donde impulsan mis investigaciones, respetan mi criterio y me abrazan como persona. Si me voy, temo perder el camino recorrido. Mi tranquilidad personal también está atada al sentimiento de que lo que hago como profesional, sirve para cerrarle el paso a la injusticia. No me puedo ir y pretender que no sé lo que he conocido por la voz de las víctimas o pretender que no me importa lo que pasa en mi país. Quiero seguir escribiendo sobre Colombia y caminando esta nación para entenderla y para poder comunicar por qué no hemos podido salir de nuestros ciclos de violencia.

Se sabe que el medio Vorágine y que usted, en particular, han recibido gran respaldo de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP ¿En qué ha consistido la ayuda de esa organización y cómo lo ha protegido?

Solo tengo palabras de agradecimiento para la FLIP. La fundación nos ha acompañado desde el primer momento. Nos ha orientado en la interlocución con entidades estatales y me ha permitido acceder a apoyo psicológico. Todo lo que ha hecho, se ha basado en el respeto a mis decisiones y a mi tranquilidad. La FLIP también ha apoyado a Vorágine en casos de acoso judicial y de barreras de acceso a información pública como la que ya relaté antes en el caso de Chiquita Brands.

El presidente Petro publicó un trino a propósito de las amenazas denunciadas por Vorágine: anunció que, junto con la FLIP, se activarían “rutas de seguridad” para usted y otros periodistas amenazados en los territorios ¿El apoyo público del mandatario fue positivo o puso más nerviosos y desafiantes a los sectores violentos?

Ha sido muy importante que el presidente rechace públicamente las amenazas. Le imprimió a este infortunado hecho la trascendencia que debe dársele a los intentos de violentar la libertad de expresión. Las muestras de solidaridad con una persona amenazada, constituyen un mensaje institucional de advertencia a los violentos. El rechazo amplio de la sociedad es un componente fundamental de la protección colectiva e individual. Hay que decir que también hemos contado con el respaldo de colegas, lectores y de diversas organizaciones. El acompañamiento social amaina un poco el miedo. Sería de gran importancia que el sector empresarial se uniera a estos actos. Siento el deber de decir que muchos colegas que no han tenido tanta atención como la que se nos ha dado a nosotros, tienen que contar con nuestra solidaridad. Por eso y por la seguridad del ejercicio profesional de los periodistas, es necesario que el gremio cree mecanismos de reacción inmediata ante casos urgentes, sobre todo, en las regiones en donde los reporteros están más desprotegidos.

¿Cuál es el próximo paso profesional que usted proyecta dar?

Por ahora entraré en un periodo de pausa.

“Un (solo) medio que deje de publicar, es una derrota para toda la sociedad”

“Que un medio deje de investigar y de publicar (como reacción a las amenazas de muerte), es una derrota, no solo para el medio sino para toda la sociedad” porque se cercena su derecho a estar informada sobre lo que ocurre en el país, concluye la Fundación para la Libertad de prensa, de Colombia, a propósito de la decisión del medio virtual Vorágine, de suspender sus investigaciones sobre las relaciones entre un sector del empresariado y los grupos narcoparamilitares. El caso del periodista intimidado, Nicolás Sánchez y de Vorágine, no es excepcional. Por el contrario, es parte de un panorama preocupante para el desarrollo efectivo del derecho constitucional a ejercer la libertad de expresión. Mientras el año pasado (2023) un periodista fue asesinado, dos padecieron secuestro; uno, se vio obligado a acudir al exilio, otros dos tuvieron que desplazarse y 164 reporteros fueron amenazados; este año 2024 la situación empeoró: a corte de octubre, ha habido dos asesinatos, dos secuestros, doce desplazamientos forzados, tres exilios y 166 amenazas en contra de hombres y mujeres de la prensa. Una gran tragedia para la democracia.

“Seis periodistas están en alto riesgo”

Según Jonathan Bock, director de la Fundación colombiana para la libertad de prensa, FLIP, “las grave amenazas de muerte contra el periodista Nicolás Sánchez y contra el medio en que él trabaja, Vorágine, nos recuerdan, nuevamente, que la prensa sigue siendo blanco estratégico de los grupos armados, un fenómeno evidente y reforzado en 2024, en varios departamentos del país: se intimida a los reporteros que informan sobre las organizaciones criminales y demuestra las consecuencias que tiene este tipo de actos violentos: el silencio”. Bock, quien se ha confrontado, de manera verbal, con Petro en varias oportunidades por las duras críticas del mandatario a los medios más poderosos y tradicionales del país, ha coincidido con el jefe de Estado, esta vez, en la necesidad de rodear, con un círculo de protección, el ejercicio profesional de Sánchez y de Vorágine. “He ordenado activar de inmediato las rutas de seguridad para este caso, así como para otros seis periodistas que, junto con la FLIP, hemos identificado como de alto riesgo”, publicó el presidente en su cuenta de X. La solidaridad gremial ha sido generalizada en esta ocasión.

Por un anuncio del medio virtual Vorágine en que usted trabaja, en el cual se informaba sobre la suspensión indefinida de las investigaciones relacionadas con narcotráfico y paramilitarismo, se supo que habían recibido amenazas de muerte. Usted fue blanco directo de esas intimidaciones ¿Cómo y cuándo llegaron?

El miércoles 9 de octubre empezó a seguirme, en Instagram, una cuenta recién creada bajo el nombre “AUC”. Desde ese mismo perfil se siguió a todos mis contactos que coincidían con los apellidos de mi familia: Sánchez y Arévalo. Entre ese día y el jueves 10 de octubre, me enviaron varias amenazas de muerte y mensajes de intimidación.

Las siglas AUC recuerdan un fenómeno temible: fueron distintivas de la organización criminal Autodefensas Unidas de Colombia, de los paramilitares de los años 80 y 90, del clan Castaño ¿Qué decían o insinuaban esos mensajes?

El primero decía “salte aquí”, como llamándome “sapo”. Después me enviaron el emoticón de una calavera, entre otros mensajes. Hubo más contenidos claramente intimidantes pero no quisiera referirme a ellos, en público.

Según dice, ¿las amenazas incluían a sus familiares?

No de manera directa. Pero como dije, una forma de amedrentarme fue empezar a seguir las cuentas de mis familiares, retomando los contactos que tengo con personas cuyos apellidos coinciden con los míos.

Como no era un solo mensaje sino varios, ¿pudo deducir cuáles serían los orígenes y autores de esas advertencias?

Además de las siglas AUC que pusieron en la cuenta, las cuales aluden al fenómeno que usted describió, desde ahí se hacía apología del paramilitarismo y del narcotráfico. Por ejemplo, en la foto de perfil, exhibieron armamento. Más allá de esos indicios, no intenté establecer quién o quiénes estaban detrás de los mensajes porque como se trata de sitios anónimos, no es fácil determinarlo. Y tampoco dispongo de herramientas para lograrlo.

Por esas señas, Vorágine sí parece creer que las amenazas provienen de esos sectores delictivos y por eso decidió suspender las investigaciones relacionadas con narcoparamilitarismo ¿Hubo otras indicaciones que los llevaran a la misma conclusión?

Sí. No solo por el nombre y el contenido de la cuenta sino porque las imágenes que publicaron allí, también se relacionaban con la mafia. Por ejemplo, subieron fotos de Vicente Castaño, de alias don Berna y de los capos del narcotráfico Carlos Ledher y Pablo Escobar, entre otros. Hay más, pero insisto en que hemos querido tener una actitud prudente con respecto a lo que vamos a sostener públicamente.

Usted se ha dedicado al periodismo de investigación ¿Cuál fue el más reciente tema que estudió y quiénes podrían afectarse con sus eventuales revelaciones en ese caso?

En términos generales, en mis investigaciones he hecho énfasis en el involucramiento de unos sectores empresariales con el proyecto narcoparamilitar. Es un aspecto sobre el que la justicia debe mucha verdad y, en el cual, además, hay señales desesperanzadoras como la actitud irrespetuosa, con la prensa, de la juez que conoce el proceso en contra de unos exdirectivos de Chiquita Brands (multinacional de producción y distribución de plátano), y de Banacol (grupo agroindustrial para la producción y comercialización de banano). Por ahora, reitero que he decidido – así como el medio para el que trabajo -, no continuar indagando datos sobre la relación empresariado-paramilitarismo Es una forma dolorosa de resguardar mi vida y la de mi familia, impuesta por los violentos.

En su respuesta anterior usted afirma que la justicia “debe mucha verdad” en cuanto a los nexos de empresarios con paramilitares ¿Quiere decir que juzgados y tribunales han pasado por alto sus obligaciones y evitan dictar sentencias de condena?

Sí, eso quiero significar. El proceso en que están involucrados varios exdirectivos de Chiquita Brands y de Banacol, por ejemplo, está a punto de prescribir como lo revelamos en Vorágine. Han pasado casi veinte años desde cuando la fiscalía conoció las primeras denuncias sobre la financiación empresarial a organizaciones ilegales. Y, al día de hoy, no hay ningún fallo. Incluso podría no haberlo nunca por el riesgo de que opere la prescripción, es decir, la extinción de la acción penal debido a que no se investigó ni juzgó el hecho, en el tiempo legal establecido para hacerlo.

¿A cuál conducta de la juez del proceso que involucra a Chiquita Brands y Banacol, se refierecuando afirma que ella ha tenido una “actitud irrespetuosa con la prensa”? ¿Usted y Vorágine han tenido tropiezos en el cubrimiento de las informaciones de ese emblemático caso de financiación de bandas ilegales por parte de empresarios legales?

Sí. Hemos enfrentado obstáculos para el cubrimiento del proceso. Nosotros solicitamos acceder a las audiencias del juicio, y la juez nos negó el permiso con el argumento de que revelar la identidad de los procesados, podía afectar su buen nombre. En primer lugar, la negativa de la juez iba en contravía de directivas sobre la transparencia debida en los casos judiciales, y del espíritu del propio Código de Procedimiento Penal que, en su artículo 18, establece la publicidad de la actuación procesal. En segundo lugar, esa decisión resulta absurda porque los nombres de los involucrados se conocen hace muchos años. Vorágine ganó una tutela y Noticias Uno otra, en la que se nos concedía el acceso solicitado. Entonces la juez, en un acto que interpretamos como otro intento de dificultar el trabajo de la prensa, ordenó que las audiencias ya no fueran virtuales – como se venían realizando -, sino que se hicieran de manera presencial.

En cuanto a su trabajo individual, ¿cuáles artículos específicos ha publicado recientemente sobre las relaciones de un sector del empresariado con el paramilitarismo?

Hace poco publiqué un reportaje que titulamos El ‘dossier’ desconocido de Chiquita Brands, Uribe y los paramilitares. En esa investigación revelamos que, siendo gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe contrató a un hombre que sería cercano a Vicente Castaño (otro jefe de las AUC) para coordinar las Convivir (empresas de seguridad privada en los años 90). Además, hicimos públicos otros negocios entre empresarios y paramilitares. Hace menos de un mes, develé una red de contratación de un miembro de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) con los hospitales de Turbo y Dabeiba. En febrero pasado, di a conocer testimonios de exintegrantes de las AGC que relacionan a Félix Gutiérrez, pareja de la representante a la Cámara Ana Paola García (del partido de la U), con esa estructura armada, entre otros trabajos.

Casos de fuerte contenido: todos y cada uno tocan intereses de gente muy peligrosa. Esa temática me hace recordar la Ley de Justicia y Paz del primer gobierno Uribe, que tenía el objetivo de desmovilizar a los grupos paramilitares y a sus integrantes. De acuerdo con sus investigaciones, ¿ese fenómeno nunca dejó de operar y hoy sigue vivo?

Muchos desmovilizados de las AUC han cumplido sus compromisos de verdad y no repetición. Ellos entregaron muchísima información sobre sus vínculos con empresarios. Sin embargo, reitero que el Estado y sus fiscales y jueces no han judicializado a los llamados “cacaos” (grandes hombres de negocios). El poder de los sectores económicos que impulsaron el paramilitarismo se mantiene y se ha fortalecido. El modelo que financiaron les funcionó: se desmovilizaron las estructuras armadas y señalaron, a estas, como únicas culpables de la barbarie mientras los empresarios continuaron disfrutando sus riquezas.

Cuando usted habla de “empresarios”, ¿alude a hombres de negocios legales o a personajes que comercian con delincuentes o mediante la comisión de delitos?

Aludo a ambos.

De acuerdo con sus hallazgos periodísticos, los neoparamilitares o herederos de los Castaño y de los otros jefes paramilitares, ¿mantienen la vigencia de los pactos con políticos y con funcionarios públicos como alcaldes y gobernadores en materia de entrega de contratos públicos regionales y locales?

El paramilitarismo siempre ha dependido del apoyo de élites políticas, militares y económicas. Las AGC balancearon el proceso de las AUC y hoy operan con ese acumulado de experiencias. Han descartado lo que fracasó y reeditado lo que funcionó. Me gustaría hacer una claridad, en este punto: no soy enemigo personal de nadie. Soy un periodista investigador y hago la tarea que corresponde a mi profesión. Intento entender este país tan complejo para contar historias a las audiencias con el fin de que todos entendamos las complejidades de la violencia y la guerra en nuestro país. También denuncio, desde el campo del periodismo, las violaciones a los derechos humanos y los atropellos a la sociedad civil que cometen todos los actores armados.

Noto que usted se refiere a la mayor estructura armada criminal del narcoparamilitarismo como Autodefensas Gaitanistas de Colombia, un término que ofende a la familia del asesinado líder político Jorge Eliécer Gaitán. Esa estructura, ¿es el mismo temible clan del Golfo que se camufla bajo esas siglas: AGC?

Ellos se autodenominan Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Ejército Gaitanista de Colombia. El Estado las llamó clan del Golfo después de que otros nombres, relacionados con una región y con el apellido de unas personas, también resultaron ofensivos para la familias o habitantes mencionados. Yo los denomino tal como ellos se identifican a sí mismos.

El asesinato del famoso humorista Jaime Garzón ordenado por el máximo jefe paramilitar de los 90, Carlos Castaño, marcó a una generación de periodistas colombianos. En ese crimen también participaron agentes oficiales, entre estos, unos militares y unos miembros del antiguo DAS ¿Encuentra que las amenazas en su contra y contra otros investigadores periodistas, tienen similitud con el caso Garzón y otros hechos muy dolorosos de esa misma época?

Es llamativo que la cuenta desde la que me amenazaron reivindique a las AUC, el grupo armado que mató a Jaime Garzón con ayuda del Estado. En la actualidad, hay sectores muy poderosos interesados en ocultar las verdades de esa etapa del paramilitarismo. Una actitud propositiva de estos grupos, en una época de propuestas de paz, sería asumir la verdad, no oponerse a los intentos de esclarecerla, y buscar vías para la reparación de las víctimas.

Aunque las circunstancias lo obliguen a usted y a Vorágine, a suspender sus artículos de investigación, ¿volverán a escribir sobre estos temas en algún momento o los cancelarán definitivamente?

A medida que se vayan dando garantías, podré retomar ese camino. Por ahora mi prioridad es cuidar mi vida y la de mis familiares.

Entonces, ¿cuáles serán sus tareas periodísticas de ahora en adelante?

Voy a seguir escribiendo sobre temas con otros perfiles. ya veremos lo que sucede más adelante.

Usted es muy joven ¿Ha pensado viajar al exterior, tal vez para residenciarse fuera de Colombia de manera permanente? Podría hacer una vida más tranquila, ¿no cree?

Me ha costado mucho esfuerzo construir mi carrera profesional porque no he tenido padrinos ni soy un delfín. Mi papá es obrero y mi mamá ha trabajado como costurera, decoradora y estilista. Mi esposa ha sido un apoyo inquebrantable. Ahora estoy en el lugar que quería: en donde impulsan mis investigaciones, respetan mi criterio y me abrazan como persona. Si me voy, temo perder el camino recorrido. Mi tranquilidad personal también está atada al sentimiento de que lo que hago como profesional, sirve para cerrarle el paso a la injusticia. No me puedo ir y pretender que no sé lo que he conocido por la voz de las víctimas o pretender que no me importa lo que pasa en mi país. Quiero seguir escribiendo sobre Colombia y caminando esta nación para entenderla y para poder comunicar por qué no hemos podido salir de nuestros ciclos de violencia.

Se sabe que el medio Vorágine y que usted, en particular, han recibido gran respaldo de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP ¿En qué ha consistido la ayuda de esa organización y cómo lo ha protegido?

Solo tengo palabras de agradecimiento para la FLIP. La fundación nos ha acompañado desde el primer momento. Nos ha orientado en la interlocución con entidades estatales y me ha permitido acceder a apoyo psicológico. Todo lo que ha hecho, se ha basado en el respeto a mis decisiones y a mi tranquilidad. La FLIP también ha apoyado a Vorágine en casos de acoso judicial y de barreras de acceso a información pública como la que ya relaté antes en el caso de Chiquita Brands.

El presidente Petro publicó un trino a propósito de las amenazas denunciadas por Vorágine: anunció que, junto con la FLIP, se activarían “rutas de seguridad” para usted y otros periodistas amenazados en los territorios ¿El apoyo público del mandatario fue positivo o puso más nerviosos y desafiantes a los sectores violentos?

Ha sido muy importante que el presidente rechace públicamente las amenazas. Le imprimió a este infortunado hecho la trascendencia que debe dársele a los intentos de violentar la libertad de expresión. Las muestras de solidaridad con una persona amenazada, constituyen un mensaje institucional de advertencia a los violentos. El rechazo amplio de la sociedad es un componente fundamental de la protección colectiva e individual. Hay que decir que también hemos contado con el respaldo de colegas, lectores y de diversas organizaciones. El acompañamiento social amaina un poco el miedo. Sería de gran importancia que el sector empresarial se uniera a estos actos. Siento el deber de decir que muchos colegas que no han tenido tanta atención como la que se nos ha dado a nosotros, tienen que contar con nuestra solidaridad. Por eso y por la seguridad del ejercicio profesional de los periodistas, es necesario que el gremio cree mecanismos de reacción inmediata ante casos urgentes, sobre todo, en las regiones en donde los reporteros están más desprotegidos.

¿Cuál es el próximo paso profesional que usted proyecta dar?

Por ahora entraré en un periodo de pausa.

“Un (solo) medio que deje de publicar, es una derrota para toda la sociedad”

“Que un medio deje de investigar y de publicar (como reacción a las amenazas de muerte), es una derrota, no solo para el medio sino para toda la sociedad” porque se cercena su derecho a estar informada sobre lo que ocurre en el país, concluye la Fundación para la Libertad de prensa, de Colombia, a propósito de la decisión del medio virtual Vorágine, de suspender sus investigaciones sobre las relaciones entre un sector del empresariado y los grupos narcoparamilitares. El caso del periodista intimidado, Nicolás Sánchez y de Vorágine, no es excepcional. Por el contrario, es parte de un panorama preocupante para el desarrollo efectivo del derecho constitucional a ejercer la libertad de expresión. Mientras el año pasado (2023) un periodista fue asesinado, dos padecieron secuestro; uno, se vio obligado a acudir al exilio, otros dos tuvieron que desplazarse y 164 reporteros fueron amenazados; este año 2024 la situación empeoró: a corte de octubre, ha habido dos asesinatos, dos secuestros, doce desplazamientos forzados, tres exilios y 166 amenazas en contra de hombres y mujeres de la prensa. Una gran tragedia para la democracia.

“Seis periodistas están en alto riesgo”

Según Jonathan Bock, director de la Fundación colombiana para la libertad de prensa, FLIP, “las grave amenazas de muerte contra el periodista Nicolás Sánchez y contra el medio en que él trabaja, Vorágine, nos recuerdan, nuevamente, que la prensa sigue siendo blanco estratégico de los grupos armados, un fenómeno evidente y reforzado en 2024, en varios departamentos del país: se intimida a los reporteros que informan sobre las organizaciones criminales y demuestra las consecuencias que tiene este tipo de actos violentos: el silencio”. Bock, quien se ha confrontado, de manera verbal, con Petro en varias oportunidades por las duras críticas del mandatario a los medios más poderosos y tradicionales del país, ha coincidido con el jefe de Estado, esta vez, en la necesidad de rodear, con un círculo de protección, el ejercicio profesional de Sánchez y de Vorágine. “He ordenado activar de inmediato las rutas de seguridad para este caso, así como para otros seis periodistas que, junto con la FLIP, hemos identificado como de alto riesgo”, publicó el presidente en su cuenta de X. La solidaridad gremial ha sido generalizada en esta ocasión.