Por ahora, quedó aprobada la paridad en el Código Electoral en la Cámara

Este jueves se llevó a cabo la segunda sesión en la que la plenaria de la Cámara continuó con la discusión del Código Electoral. Entre los temas aprobados más destacados está el de la paridad en las listas en las que se eligen a cinco o más curules en las circunscripciones nacionales. Sin embargo, hay riesgos de que se hunda por la petición del representante de la U, Jorge Eliécer Salazar, de reabrir la discusión sobre este punto.

Es más, el representante está buscando más firmas que acompañen su proposición, dando por hecho que se votará de nuevo mañana y que, en cambio de como venía de la ponencia, determina un mínimo de mujeres candidatas de un 30% hasta un techo del 50%. Sobre esta pretensión, la representante Ángela María Robledo (Colombia Humana) pidió que se protegiera el artículo como venía.

Eso sí, la paridad quedó consignada sin alternancia y sin universalidad. Por otro lado, otro tema grueso que quedó consignado fue la eliminación de las facultades extraordinarias del presidente para hacer restructuración en los cargos de la Registraduría y con el Consejo Nacional Electoral por un período de seis meses, entrado en vigencia la reforma, y antes de las elecciones de 2022.

Este punto fue eliminado en principio en la ponencia que se radicó en Senado, situación que hace más fácil la conciliación cuando ambas corporaciones tengan listos los textos aprobados. “Esta es una buena noticia porque este tema debe pasar es por el Congreso y que este en su sabiduría determine cómo puede quedar la estructura del aparato electoral”, dijo Julio César Triana, representante de Cambio Radical y coordinador ponente del proyecto.

Otros artículos eliminados fueron los de censura a propaganda electoral. Sobre esta decisión, Gabriel Santos (Centro Democrático) la celebró: “Derrotamos las intenciones de quienes quieren blindar sus cargos de las opiniones ciudadanas. La libertad de opinión se mantiene intacta”. Se suma al hundimiento de puntos la prohibición de que privados recolecten información biométrica y la prohibición de que extranjeros con residencia en Colombia voten bajo ciertas condiciones, como está establecido por la Ley 1070 de 2006.

Debido a esto, se radicó una nueva proposición para que en el artículo de vigencia se derogue dicha ley y no hayan contradicciones. La proposición de hundimiento estuvo liderada por el representante de los colombianos en el exterior, Juan David Vélez, por la cantidad de venezolanos que estaría habilitados en votar. Inti Asprilla (Alianza Verde) criticó esta propuesta: “Impresentable que un representante de colombianos en el exterior quiera quitarle a extranjeros viviendo legalmente en Colombia el derecho que millones de colombianos tienen en el exterior de votar en elecciones locales tras cinco años de residencia”.

Lo que se destaca y quedó vivo es el artículo que busca promover que partidos sumen en sus organizaciones y listas de aspiración a personas de la diversidad sexual. “Estas decisiones abren camino a seguir cerrando brechas históricas de la comunidad LGBTI. Este es un artículo necesario y es una acción afirmativa que ha implorado la comunidad. Triste que algunos congresistas sigan defendiendo su ‘derecho’ a discriminar”, manifestó Mauricio Toro, representante de la Alianza Verde y abanderado en el tema.

También, se conservó el punto para crear material electoral en lenguas indígenas, que está consignado en la Constitución, pero no está reglamentado. “En Colombia hay 68 lenguas nativas, organizadas en 65 lenguas indígenas, dos lenguas criollas, una romaní y un lenguaje de señas. Estados hablando de una población cercana a 870 mil habitantes”, resaltó el representante César Lorduy (Cambio Radical). Eso sí, quedó pendiente resolver las dificultades para la implementación de este tema.

El artículo que considera lo electoral como asunto de seguridad nacional quedó como estaba en ponencia. Sobre esto hubo varios reparos por parte de Gabriel Santos y Juanita Goebertus (Alianza Verde). Para ellos, esta consideración no hace abiertas y transparentes los procesos electorales, así como la veeduría y control a contrataciones que hace la entidad, a veces, con únicos proponentes.

Y por último, se añadió el artículo de profesionalización de los registradores, nombrados con anterioridad a la expedición del Código Electoral y que tengan un año en el cargo. En otras palabras, serán reconocidos como profesionales en la planta de la Registraduría. “Este artículo es bastante significativo para los registradores que tienen carácter de técnicos”, dijo Alejandro Vega, representante liberal y coordinador ponente del proyecto.

Este jueves se llevó a cabo la segunda sesión en la que la plenaria de la Cámara continuó con la discusión del Código Electoral. Entre los temas aprobados más destacados está el de la paridad en las listas en las que se eligen a cinco o más curules en las circunscripciones nacionales. Sin embargo, hay riesgos de que se hunda por la petición del representante de la U, Jorge Eliécer Salazar, de reabrir la discusión sobre este punto.

Es más, el representante está buscando más firmas que acompañen su proposición, dando por hecho que se votará de nuevo mañana y que, en cambio de como venía de la ponencia, determina un mínimo de mujeres candidatas de un 30% hasta un techo del 50%. Sobre esta pretensión, la representante Ángela María Robledo (Colombia Humana) pidió que se protegiera el artículo como venía.

Eso sí, la paridad quedó consignada sin alternancia y sin universalidad. Por otro lado, otro tema grueso que quedó consignado fue la eliminación de las facultades extraordinarias del presidente para hacer restructuración en los cargos de la Registraduría y con el Consejo Nacional Electoral por un período de seis meses, entrado en vigencia la reforma, y antes de las elecciones de 2022.

Este punto fue eliminado en principio en la ponencia que se radicó en Senado, situación que hace más fácil la conciliación cuando ambas corporaciones tengan listos los textos aprobados. “Esta es una buena noticia porque este tema debe pasar es por el Congreso y que este en su sabiduría determine cómo puede quedar la estructura del aparato electoral”, dijo Julio César Triana, representante de Cambio Radical y coordinador ponente del proyecto.

Otros artículos eliminados fueron los de censura a propaganda electoral. Sobre esta decisión, Gabriel Santos (Centro Democrático) la celebró: “Derrotamos las intenciones de quienes quieren blindar sus cargos de las opiniones ciudadanas. La libertad de opinión se mantiene intacta”. Se suma al hundimiento de puntos la prohibición de que privados recolecten información biométrica y la prohibición de que extranjeros con residencia en Colombia voten bajo ciertas condiciones, como está establecido por la Ley 1070 de 2006.

Debido a esto, se radicó una nueva proposición para que en el artículo de vigencia se derogue dicha ley y no hayan contradicciones. La proposición de hundimiento estuvo liderada por el representante de los colombianos en el exterior, Juan David Vélez, por la cantidad de venezolanos que estaría habilitados en votar. Inti Asprilla (Alianza Verde) criticó esta propuesta: “Impresentable que un representante de colombianos en el exterior quiera quitarle a extranjeros viviendo legalmente en Colombia el derecho que millones de colombianos tienen en el exterior de votar en elecciones locales tras cinco años de residencia”.

Lo que se destaca y quedó vivo es el artículo que busca promover que partidos sumen en sus organizaciones y listas de aspiración a personas de la diversidad sexual. “Estas decisiones abren camino a seguir cerrando brechas históricas de la comunidad LGBTI. Este es un artículo necesario y es una acción afirmativa que ha implorado la comunidad. Triste que algunos congresistas sigan defendiendo su ‘derecho’ a discriminar”, manifestó Mauricio Toro, representante de la Alianza Verde y abanderado en el tema.

También, se conservó el punto para crear material electoral en lenguas indígenas, que está consignado en la Constitución, pero no está reglamentado. “En Colombia hay 68 lenguas nativas, organizadas en 65 lenguas indígenas, dos lenguas criollas, una romaní y un lenguaje de señas. Estados hablando de una población cercana a 870 mil habitantes”, resaltó el representante César Lorduy (Cambio Radical). Eso sí, quedó pendiente resolver las dificultades para la implementación de este tema.

El artículo que considera lo electoral como asunto de seguridad nacional quedó como estaba en ponencia. Sobre esto hubo varios reparos por parte de Gabriel Santos y Juanita Goebertus (Alianza Verde). Para ellos, esta consideración no hace abiertas y transparentes los procesos electorales, así como la veeduría y control a contrataciones que hace la entidad, a veces, con únicos proponentes.

Y por último, se añadió el artículo de profesionalización de los registradores, nombrados con anterioridad a la expedición del Código Electoral y que tengan un año en el cargo. En otras palabras, serán reconocidos como profesionales en la planta de la Registraduría. “Este artículo es bastante significativo para los registradores que tienen carácter de técnicos”, dijo Alejandro Vega, representante liberal y coordinador ponente del proyecto.