Por la selva del Darién cruzaron unos 112 migrantes cada hora durante agosto

Cada uno de los 31 días de agosto, la selva del Tapón del Darién fue atravesada por unos 2.694 migrantes, es decir, cerca de 112 cada hora si el paso fuera continuo e ininterrumpido, según datos de la Cancillería. Y aunque la cifra es estrepitosa, puede ser superior si se tiene en cuenta el subregistro que hay en una crisis humanitaria y sobre la que ningún gobierno ni organización logra tener control.

Cada uno de los 31 días de agosto, la selva del Tapón del Darién fue atravesada por unos 2.694 migrantes, es decir, cerca de 112 cada hora si el paso fuera continuo e ininterrumpido, según datos de la Cancillería. Y aunque la cifra es estrepitosa, puede ser superior si se tiene en cuenta el subregistro que hay en una crisis humanitaria y sobre la que ningún gobierno ni organización logra tener control.

Médicos sin Fronteras, una de las organizaciones humanitarias con presencia en esa región, ha explicado que las rutas de tránsito varían por temporadas. Pero la mayoría de caminantes salen desde Capurganá o Acandí, y llegan a Bajo Chiquito, la zona desde donde se embarcan los botes o piraguas hacia Lajas Blancas, que está a unas cuatro horas por mar. Justo a ese lugar, al que llegan, hay varios puestos de salud.

Los testimonios que se escuchan en medio de las filas son, cuanto menos, atroces. “Hay muchos niños deshidratados y con diarrea, cuenta una mujer venezolana de unos 30 años con ampollas en los pies por la rozadura de sus botas”, reportó esa organización. Sobre sus líneas también se retrata el testimonio de Mustafá, de 27 años, oriundo de Kabul, en Afganistán.

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Atravesó el Tapón del Darién con el sueño de llegar a Estados Unidos. Pagó entre $800 a $900 dólares para llegar hasta ahí. “Piedras enormes, montañas, ríos, animales, puedes ver la muerte con tus ojos. Tardamos cinco días cuando iban a ser dos. En el grupo íbamos iraníes, indios, chinos, africanos. Cinco días y cinco noches, pero comida solo para dos. Bebíamos agua de los ríos”, le cuenta a los médicos mientras lo atienden. “No sé cuántos países nos quedan por cruzar”.

Sobre eso hablará este jueves Human Rights Watch (HRW), que presentará su informe sobre el Tapón del Darién, región del Urabá antioqueño, y uno de los pasos donde más confluye el tráfico de migrantes desde Colombia hasta Panamá. Ese mismo organismo calificó esa ruta como una de las más peligrosas en América, por las características de su selva y la presencia de ilegales de ambos países que se disputan el control del paso.

Sin duda, la situación más compleja es la de los menores de edad que son víctimas de la migración ilegal, como lo han advertido autoridades como la Defensoría y el ICBF. Los riesgos que, a diario, se escuchan ese rincón del país los vivió Sammy Antoine, chilena, quien viajó con una niña de 5 años y un bebé recién nacido. Y no es recién nacido porque lleve pocos meses, sino que tiene apenas días. Dio a luz en Panamá. “El bebé está en el hospital y no tenemos dinero. En la selva nos robaron 1.300 dólares, nos dejaron sin dinero”, contó a oficiales de Médicos sin Fronteras.

En este 2023, según Defensoría, han cruzado 88.648 menores y, de acuerdo con la segunda, por el municipio de Turbo, Antioquia, pasan unos 5.000 cada semana, la mayoría venezolanos, ecuatorianos y haitianos. Y advirtieron que los no acompañados y que llegan en condición de calle son cada vez más frecuentes. “El estar lejos de su país, cultura, familia, amigos y oportunidades aumenta el riesgo a que sus derechos sean vulnerados”, afirmó.

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Además, el ICBF alertó que han atendido al menos a 25 niños que buscaban cruzar la selva sin padres o acudientes, y que unas 50 mujeres gestantes han transitado en etapa avanzada de embarazo. La Defensoría también advirtió que un riesgo en esa zona, controlada en parte por el Clan del Golfo, es el abuso sexual, un riesgo que está en la mira de las autoridades, pero que poco han podido prevenir, más allá de registrar los casos y advertir a las mujeres a su camino.

Antes de conocer las recomendaciones que emitirá HRW, Migración Colombia y la Cancillería se preparaban para emitir sus evaluaciones y, seguramente, para dar respuestas. El Espectador conoció dos informes de esas entidades en los que, además de reconocer la grave crisis, anticipan que el próximo año se necesitarán $12.228 millones adicionales de presupuesto para fortalecer la seguridad y el apoyo humanitario en el Darién.

“El tráfico de migrantes ha permeado tres tipologías de migración internacional (origen, tránsito y destino)”, dijo Migración. En esa entidad advirtieron que se ha fortalecido la atención con enfoque diferencial, étnico, de género y de derechos humanos, pero que para garantizar la continuidad del trabajo en territorio necesitará más personal. Por eso se aprobó la creación de 123 nuevos cargos en territorio y pidió que se le apruebe un aumento presupuestal de $9.790 millones para 2024.

Otra de las peticiones que haría Migración al gobierno de Gustavo Petro, y que seguramente coincidirá con datos del informe de HRW, es el incremento en los recursos para pagar horas extras, festivos, dominicales y recargos nocturnos a sus funcionarios. “La complejidad del fenómeno de migración en la región del Darién implica esfuerzos adicionales”, dijo en su documento. Y especificó que necesitará $1.438 millones adicionales para suplir esa deuda.

Y en viáticos, que es con lo que cubren los funcionarios sus viajes a terreno, también requerirá más en 2024. En su informe indicó que se han hecho más de 2.000 desplazamientos por vías marítima, terrestre y aérea al Darién para verificar la situación humanitaria, pero que por la alta demanda se necesitarán $1.000 millones más.

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Pero la crisis migratoria en el Darién va más allá de costos. Según una de las tesis que presentará Human Rights Watch, las políticas migratorias en la región “promovidas por el gobierno de Estados Unidos han sido un factor que contribuye al dramático aumento en el número de personas que cruzan esa selva peligrosa”. Sin embargo, la Cancillería, por ahora, no tiene un cuestionamiento en particular.

Lo que sí dejó claro, en un oficio enviado al representante Juan Carlos Rivera, de la Comisión Segunda de la Cámara, es que desde el pasado 3 de agosto se firmó un convenio con ese país para comenzar una fase exploratoria de seis meses para fortalecer los Puntos de Movilidad Segura. Esa iniciativa busca ubicar espacios oficiales del Gobierno para brindar acompañamiento a migrantes que entraron de manera regular a Colombia, es decir, con algún tipo de permiso de permanencia o de tránsito.

Pero los migrantes que no tuvieron un proceso regular para entrar al país no pueden acceder a esos puntos establecidos por el Gobierno. Y tampoco son contados, muchas veces, dentro de las estadísticas de migrantes, lo cual desata líos con los registros de sanidad para saber en qué condiciones llegan.

Luis Eguiluz, jefe de la misión de Médicos sin Fronteras en Colombia, afirmó que uno de los asuntos menos tratados en el Darién es la salud de los migrantes: “Llegan con enfermedades respiratorias, estomacales, además de contusiones y traumas por caídas en medio de la selva”. Advirtió que a veces son problemas crónicos e imposibles de atender en una región tan pequeña como esa.

Lo cierto es que la crisis humanitaria, que se complejiza con los días, no es un asunto meramente social, sino también político y transnacional. En agosto, la Cancillería reportó el paso de 85.369 migrantes por esa región colombiana. Fue catalogado como el mes de mayor tráfico en el último año. Y una de sus causas puede responder a que, justo en ese mes, Panamá anunció medidas “contundentes” para frenar la llegada de migrantes a su territorio y alertó de la posibilidad de cerrar los pasos ilegales.

A partir de esa orden, que fue más bien una alerta para los caminantes, comenzó a incrementar el paso por el Urabá antioqueño. El informe del Ministerio de Relaciones Exteriores advirtió que, a pesar del anuncio, “el posible cierre de la frontera no ha sido comunicado oficialmente a Colombia (...) Y el 1° de septiembre el ministro de Seguridad de Panamá anunció que “el cierre fronterizo en esas áreas protegidas no era una opción”.

No obstante, quedó la incertidumbre. Por esas fechas se agendó una reunión entre los gobiernos colombiano, panameño y estadounidense para definir nuevas medidas para el último trimestre del año, pero esa cita no se ha dado. Para la Cancillería es claro que “las relaciones bilaterales con Panamá son estratégicas, aunque no están exentas de tensiones comerciales o políticas”. En el documento, conocido por este diario, advirtieron que la crisis migratoria puede complejizar esas relaciones diplomáticas.

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