¿Por qué Marta Lucía Ramírez no mencionó el abuso policial en la carta a la CIDH?

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confirmó este lunes su visita a Colombia en el marco de las protestas del paro nacional, en respuesta a una propuesta hecha por la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez. “Durante la visita, la CIDH se reunirá con diversos sectores representativos de Colombia, incluyendo autoridades de distintos niveles de los poderes públicos, representantes de la sociedad civil, colectivos, sindicatos y gremios”, dijo el organismo internacional en su cuenta de Twitter.

La estadía de la CIDH en Colombia será del 8 al 10 de junio próximo y, además de escuchar al Estado, también se sentará con sectores que han sido afectados por el actuar de la Fuerza Pública en medio de las manifestaciones que se desarrollan en el país desde el pasado 28 de abril. Sin embargo, de esa propuesta de trabajo que envió Ramírez a la CIDH llaman la atención varias cosas. En primer lugar, que argumenta que las jornadas de protesta pacífica se han visto opacadas por “grupos de vándalos armados que han originado destrucción, caos e incidentes que han cobrado la vida de al menos 13 personas”. (Lea la carta completa al final de este artículo)

En ese mismo sentido, le propone una agenda de trabajo a la CIDH en Cali, Tuluá y Popayán, considerados por la Cancillería como “casos emblemáticos de grave afectación a los derechos humanos a la salud, alimentación, trabajo, movilidad, desarrollo económico, la vivienda y saneamiento básico”. Por último, le plantea a la Comisión recibir en audiencia a representantes de los sectores de “salud, servicios públicos, industrial, empresarial, de pequeñas y medianas empresas, agropecuario, víctimas civiles de los bloqueos y del vandalismo, incluyendo civiles, y miembros de la Fuerza Pública y las familias de los fallecidos”.

Le puede interesar: CIDH confirma visita a Colombia para verificar situación de derechos humanos

Si bien esos son hechos que han hecho parte de las manifestaciones del último mes, el Gobierno, en su carta, no le menciona a la CIDH las denuncias de excesos de la Policía ni tampoco la situación que se ha vivido en Cali, en donde ha habido episodios de civiles disparando armas de fuego en presencia de los agentes. ¿A qué se debe esa omisión de la Cancillería? ¿Es normal que el Estado tenga una lectura parcial de una situación de presuntas afectaciones de derechos humanos ante la CIDH? ¿Por qué se hace énfasis a la CIDH para que reciba a víctimas de los bloqueos, pero no a las víctimas de posibles abusos de la Fuerza Pública?

Según María Clara Galvis, profesora experta en derecho internacional e interamericano, cuando un Estado acepta o solicita la visita de la CIDH puede plantear la situación que considera se debe observar. En ese planteamiento, dice, se refleja la visión y el criterio que cada estado tiene sobre la situación en particular. “Lo que está en la carta es la lectura que hace el Estado colombiano sobre la situación actual de nuestro país, lectura que no reconoce que en este último mes agentes del Estado han hecho un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza”, dice Galvis. Se trata de una interpretación consistente con la línea discursiva de negación de los excesos de la Policía que ha tenido el gobierno del presidente Iván Duque desde el inicio del paro nacional.

“La carta a la CIDH es la lectura que el Gobierno ha tenido de la realidad colombiana. Si se analizan las declaraciones que la canciller ha dado en Washington, hay una línea consistente y es que aquí hay una situación derivada de los bloqueos. Es una lectura parcial, porque hay dos grandes aspectos que el Gobierno omite: las acciones estatales que violan derechos humanos y las acciones delictivas de particulares que son toleradas por el Estado”, agrega la académica.

A lo que hace referencia Galvis es a los hechos que se han visto en Cali, en donde particulares armados han disparado armas hacia la manifestación ante la pasividad de la Policía. “Eso, en el derecho internacional, tiene una expresión específica: se trata de particulares que actúan con el apoyo, la autorización o aquiescencia del Estado. En lenguaje cotidiano, eso quiere decir que hay tolerancia por parte de la Policía con esas acciones”. Y concluye que “los temas que le propone el Gobierno a la CIDH no la vinculan, pues, la CIDH tiene autonomía e independencia para reunirse con otros sectores, como las víctimas de violaciones de derechos humanos por parte de la Policía”.

Jean Carlo Mejía Azuero, asesor y consultor internacional en derechos humanos y derecho internacional humanitario, concuerda con Galvis en que la carta, desde el punto de vista diplomático, muestra la postura del Ejecutivo. “Parte de la premisa de mostrar un lado desconocido de la protesta”. Y aclara: “De acuerdo con la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, además del Estatuto de la CIDH y sus reglamentos, la Comisión no solo escuchará al Estado a través del Gobierno, sino a la sociedad civil y las organizaciones o estamentos que ella considere pertinentes”.

No obstante, manifiesta que el hecho de que la Cancillería no mencione los casos de abuso de la Fuerza Pública o los episodios de civiles armados se puede deber a “una indelicadeza” o a que se asume que la CIDH tiene “suficiente información sobre esos aspectos, amén de las múltiples denuncias e informes recibidos directamente”. “El sentido de la carta se acerca más a la discusión de una propuesta de agenda y la necesidad del Gobierno de ser escuchado en audiencias privadas antes de las públicas. Eso puede negociarse”, dice Mejía Azuero.

Sobre el asunto también opina la abogada y docente experta en derecho internacional de los derechos humanos Silvia Serrano. “La carta es una muestra más de un discurso gubernamental de bajarle relevancia a las graves violaciones de derechos humanos de la Fuerza Pública, que se diga que las protestas han sido empañadas por vandalismo sin mención alguna a uso excesivo de la fuerza y sin incluir en la lista de reuniones sugeridas a las víctimas de la brutalidad policial”.

Para Serrano, los temas que plantea la carta son relevantes y será parte del análisis que deberá hacer la CIDH y asegura que, en todo caso, las omisiones que la carta hace de la violencia policial, por ejemplo, “no tiene efectos en la autonomía e independencia de la CIDH para establecer su agenda y prioridades”. “El tema de abuso policial ha sido motivo de alarma y preocupación de la CIDH y debemos confiar en que hará un análisis completo y exhaustivo de la situación de DD. HH. en este contexto”, concluye.

Consultada por este diario sobre esos puntos en específico, la Vicepresidencia señaló que no se mencionan porque ese es “es el motivo general de la visita, la situación de derechos humanos en el marco de las protestas y, como elemento adicional, se pide que se escuchen a los sectores mencionados en la carta”.

Lea aquí la carta completa

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confirmó este lunes su visita a Colombia en el marco de las protestas del paro nacional, en respuesta a una propuesta hecha por la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez. “Durante la visita, la CIDH se reunirá con diversos sectores representativos de Colombia, incluyendo autoridades de distintos niveles de los poderes públicos, representantes de la sociedad civil, colectivos, sindicatos y gremios”, dijo el organismo internacional en su cuenta de Twitter.

La estadía de la CIDH en Colombia será del 8 al 10 de junio próximo y, además de escuchar al Estado, también se sentará con sectores que han sido afectados por el actuar de la Fuerza Pública en medio de las manifestaciones que se desarrollan en el país desde el pasado 28 de abril. Sin embargo, de esa propuesta de trabajo que envió Ramírez a la CIDH llaman la atención varias cosas. En primer lugar, que argumenta que las jornadas de protesta pacífica se han visto opacadas por “grupos de vándalos armados que han originado destrucción, caos e incidentes que han cobrado la vida de al menos 13 personas”. (Lea la carta completa al final de este artículo)

En ese mismo sentido, le propone una agenda de trabajo a la CIDH en Cali, Tuluá y Popayán, considerados por la Cancillería como “casos emblemáticos de grave afectación a los derechos humanos a la salud, alimentación, trabajo, movilidad, desarrollo económico, la vivienda y saneamiento básico”. Por último, le plantea a la Comisión recibir en audiencia a representantes de los sectores de “salud, servicios públicos, industrial, empresarial, de pequeñas y medianas empresas, agropecuario, víctimas civiles de los bloqueos y del vandalismo, incluyendo civiles, y miembros de la Fuerza Pública y las familias de los fallecidos”.

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Si bien esos son hechos que han hecho parte de las manifestaciones del último mes, el Gobierno, en su carta, no le menciona a la CIDH las denuncias de excesos de la Policía ni tampoco la situación que se ha vivido en Cali, en donde ha habido episodios de civiles disparando armas de fuego en presencia de los agentes. ¿A qué se debe esa omisión de la Cancillería? ¿Es normal que el Estado tenga una lectura parcial de una situación de presuntas afectaciones de derechos humanos ante la CIDH? ¿Por qué se hace énfasis a la CIDH para que reciba a víctimas de los bloqueos, pero no a las víctimas de posibles abusos de la Fuerza Pública?

Según María Clara Galvis, profesora experta en derecho internacional e interamericano, cuando un Estado acepta o solicita la visita de la CIDH puede plantear la situación que considera se debe observar. En ese planteamiento, dice, se refleja la visión y el criterio que cada estado tiene sobre la situación en particular. “Lo que está en la carta es la lectura que hace el Estado colombiano sobre la situación actual de nuestro país, lectura que no reconoce que en este último mes agentes del Estado han hecho un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza”, dice Galvis. Se trata de una interpretación consistente con la línea discursiva de negación de los excesos de la Policía que ha tenido el gobierno del presidente Iván Duque desde el inicio del paro nacional.

“La carta a la CIDH es la lectura que el Gobierno ha tenido de la realidad colombiana. Si se analizan las declaraciones que la canciller ha dado en Washington, hay una línea consistente y es que aquí hay una situación derivada de los bloqueos. Es una lectura parcial, porque hay dos grandes aspectos que el Gobierno omite: las acciones estatales que violan derechos humanos y las acciones delictivas de particulares que son toleradas por el Estado”, agrega la académica.

A lo que hace referencia Galvis es a los hechos que se han visto en Cali, en donde particulares armados han disparado armas hacia la manifestación ante la pasividad de la Policía. “Eso, en el derecho internacional, tiene una expresión específica: se trata de particulares que actúan con el apoyo, la autorización o aquiescencia del Estado. En lenguaje cotidiano, eso quiere decir que hay tolerancia por parte de la Policía con esas acciones”. Y concluye que “los temas que le propone el Gobierno a la CIDH no la vinculan, pues, la CIDH tiene autonomía e independencia para reunirse con otros sectores, como las víctimas de violaciones de derechos humanos por parte de la Policía”.

Jean Carlo Mejía Azuero, asesor y consultor internacional en derechos humanos y derecho internacional humanitario, concuerda con Galvis en que la carta, desde el punto de vista diplomático, muestra la postura del Ejecutivo. “Parte de la premisa de mostrar un lado desconocido de la protesta”. Y aclara: “De acuerdo con la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, además del Estatuto de la CIDH y sus reglamentos, la Comisión no solo escuchará al Estado a través del Gobierno, sino a la sociedad civil y las organizaciones o estamentos que ella considere pertinentes”.

No obstante, manifiesta que el hecho de que la Cancillería no mencione los casos de abuso de la Fuerza Pública o los episodios de civiles armados se puede deber a “una indelicadeza” o a que se asume que la CIDH tiene “suficiente información sobre esos aspectos, amén de las múltiples denuncias e informes recibidos directamente”. “El sentido de la carta se acerca más a la discusión de una propuesta de agenda y la necesidad del Gobierno de ser escuchado en audiencias privadas antes de las públicas. Eso puede negociarse”, dice Mejía Azuero.

Sobre el asunto también opina la abogada y docente experta en derecho internacional de los derechos humanos Silvia Serrano. “La carta es una muestra más de un discurso gubernamental de bajarle relevancia a las graves violaciones de derechos humanos de la Fuerza Pública, que se diga que las protestas han sido empañadas por vandalismo sin mención alguna a uso excesivo de la fuerza y sin incluir en la lista de reuniones sugeridas a las víctimas de la brutalidad policial”.

Para Serrano, los temas que plantea la carta son relevantes y será parte del análisis que deberá hacer la CIDH y asegura que, en todo caso, las omisiones que la carta hace de la violencia policial, por ejemplo, “no tiene efectos en la autonomía e independencia de la CIDH para establecer su agenda y prioridades”. “El tema de abuso policial ha sido motivo de alarma y preocupación de la CIDH y debemos confiar en que hará un análisis completo y exhaustivo de la situación de DD. HH. en este contexto”, concluye.

Consultada por este diario sobre esos puntos en específico, la Vicepresidencia señaló que no se mencionan porque ese es “es el motivo general de la visita, la situación de derechos humanos en el marco de las protestas y, como elemento adicional, se pide que se escuchen a los sectores mencionados en la carta”.

Lea aquí la carta completa