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El presidente Gustavo Petro lanzó este martes fuertes críticas hacia el sistema judicial colombiano tras el fallo del Tribunal del Distrito Sur de Florida que declaró responsable a Chiquita Brands por financiar a paramilitares colombianos, y ordenó una millonaria indemnización a un grupo de víctimas. Petro planteó la siguiente pregunta en su cuenta de X: “¿Por qué la justicia de EE.UU. pudo determinar en verdad judicial que Chiquita Brands financió el paramilitarismo en Urabá? ¿Por qué no pudo la justicia colombiana?”
“Si el Acuerdo de Paz de 2016, que ya sabemos es una declaración unilateral de Estado que nos compromete ante el mundo, habla de un solo tribunal de cierre de la verdad judicial, ¿por qué no lo tenemos?”, agregó el primer mandatario.
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¿Por qué la justicia de EEUU pudo determinar en verdad judicial que Chiquita Brands financió el paramilitarismo en Urabá?.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) June 11, 2024
¿Por qué no pudo la justicia colombiana?
Si el acuerdo de paz del 2016, que ya sabemos es una declaración unilateral de estado que nos compromete ante el… https://t.co/pT2l86cuyH
Este lunes 10 de junio, la justicia estadounidense encontró que Chiquita Brands había financiado con hasta 1,7 millones de dólares a los paramilitares colombianos entre 1997 y 2004. Esta financiación estuvo directamente conectada con los homicidios cometidos por estos grupos criminales en las regiones de Urabá y Magdalena medio. En 2007, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ya había establecido, a través de la confesión de altos ejecutivos de la compañía, que Chiquita Brands había apoyado financieramente a los paramilitares, quienes entonces eran considerados un grupo terrorista extranjero.
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El Tribunal del Distrito Sur de Florida recogió nueve casos simbólicos de las miles de víctimas y concluyó que ocho de ellas lograron probar que sus seres queridos fueron asesinados por las Autodefensas Unidas de Colombia durante el periodo en que Chiquita Brands estaba financiando a este grupo paramilitar. La empresa ahora tiene un mes para decidir si apela el fallo.
En palabras de Marco Simons, director jurídico de EarthRights International, organización que ha acompañado a las familias demandantes, “este veredicto envía un mensaje contundente a las empresas de todo el mundo que se lucran a expensas de los derechos humanos: sus actos no quedarán impunes”.
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