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Por supuesta expropiación, imputan a encargada de compra de tierras en la ANT

María del Pilar Grajales Restrepo, la mano derecha del exdirector Gerardo Vega en la Agencia Nacional de Tierras, fue imputada por fraude procesal por presuntas irregularidades con la expropiación de un predio cuando era funcionaria del Distrito.

04 de febrero de 2024 - 03:56 p. m.
Los delitos que le imputaron fueron falsedad ideológica en documento público y fraude procesal por hechos que ocurrieron entre 2018 y 2019 en el Distrito. / Tomado de LinkedIn María del Pilar Grajales Restrepo.
Los delitos que le imputaron fueron falsedad ideológica en documento público y fraude procesal por hechos que ocurrieron entre 2018 y 2019 en el Distrito. / Tomado de LinkedIn María del Pilar Grajales Restrepo.
Foto: Archivo
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La Fiscalía General imputó los cargos de fraude procesal y falsedad en documento público a cinco exfuncionarios del Instituto de Desarrollo Urbano del Distrito por hechos cometidos entre 2018 y 2019. Según el ente investigador, la Alcaldía expropió un terreno en la localidad de Usme que se utilizó para el Sistema Integrado de Transporte Público, a pesar de que se había hecho una oferta de compra.

Entre los implicados está María del Pilar Grajales Restrepo, la actual responsable de compra de tierras de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Según el ente investigador, la expropiación fue ilegal y a través de documentos falsos.

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Los otros imputados son Carlos Eduardo Ramírez Gómez, July Marcela Rodríguez Mustafá, Sandra Constanza Báez Díaz, Indira Echevarría López y María del Pilar Grajales Restrepo. En su momento, esta última trabajaba como directora técnica de predios del IDU, por lo que la Fiscalía le imputó el delito de fraude procesal. Ninguno de los imputados aceptó los cargos, por lo que se irán a juicio.

El caso data del 2019, cuando en la alcaldía de Enrique Peñalosa le notificaron al empresario Miguel Barranco —dueño del predio— sobre la intención de compra de esa zona para construcciones relacionadas con el sistema de transporte público.

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Sin embargo, dos años después, Barranco denunció que lo que comenzó como una oferta de compraventa terminó como un proceso de expropiación del inmueble que está avaluado por $3.955 millones. Por este caso, el Distrito enfrenta una millonaria demanda.

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Martha(o74sw)05 de febrero de 2024 - 01:59 a. m.
El titular es errado. No se le imputa una expropiación, está es una actuación administrativa legal. Se imputan delitos
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