Posconflicto, de lo nacional a lo internacional

Cuando se piensa en la comunidad internacional como “actor” fundamental en un escenario como el del conflicto armado colombiano, resulta frecuente oír planteamientos excesivamente optimistas. Sin embargo, es imprescindible entender que los mayores esfuerzos para la superación del conflicto armado no deben provenir de la comunidad internacional, sino que deben ser netamente endógenos. De este modo, un eventual posconflicto necesitará de un proceso de descentralización territorial, de mejores mecanismos de distribución de la renta, de mayores niveles de fortalecimiento institucional del Estado, de efectivos instrumentos de protección a los derechos de verdad, justicia y reparación y de verdaderos mecanismos de inclusión política que, muy necesariamente, deben ser concebidos desde Colombia para Colombia. Dicho de otro modo, resulta absolutamente incomparable, en el marco de contribuir a un escenario de posconflicto armado, el alcance que puede suponer un instrumento de reforma tributaria para el posconflicto con respecto a los rubros que, a modo de cooperación y créditos, ha obtenido el presidente Santos en su última gira por Europa.

Esto no desvirtúa el importante papel que debe jugar la comunidad internacional. Un papel que, del lado de los acompañantes y garantes, debe de continuar en la asistencia a las partes negociadoras en la tarea de conseguir el cierre de la negociación y, ojalá, la firma de los acuerdos. Claro está, tras ello seguiría la tarea de verificación de los mismos y el apoyo respecto de las exigencias propias de algo tan importante como es dar cumplimiento y sostenibilidad a los compromisos que se adquieran.

Un actor que debe ser fundamental en un eventual proceso de normalización política, económica y social, como resultado de todo el proceso de posconflicto, es la Unión Europea. No sólo por su experiencia en escenarios similares y su tradicional compromiso con Colombia, sino porque es uno de los protagonistas de uno de los instrumentos que mejor han contribuido a la consecución de procesos de peacebuilding y peacekeeping en algunos de los enclaves con mayores niveles de violencia: los Laboratorios de Paz. Todo un entramado de acciones locales destinadas a la recomposición del tejido social en enclaves del Pacífico, Magdalena Medio o los Montes de María, y que parecen servir de hoja de ruta a las futuras intervenciones que la Unión Europea va a desarrollar en el país una vez se inicie el llamado posconflicto.

De otro lado, no puede pasarse por alto el papel de los Estados Unidos, el mayor donante de Colombia que, sin embargo y a diferencia de la Unión Europea, ha asistido al país más en mecanismos reactivos que preventivos, los cuales, en total, han supuesto más de US$8.000 millones en la última década. Dada la enjundia de la violencia derivada del conflicto armado, especialmente porque la eventual desmovilización de las Farc no será integral, el valor agregado de la cooperación estadounidense va a seguir siendo muy importante. Especialmente porque en aquellos enclaves donde la desmovilización resulte menos posible —lo cual apunta claramente hacia el Pacífico—, se va a seguir requiriendo de apoyos, especialmente en materia de seguridad, en los que Estados Unidos es un socio nuclear.

Por último quedarían los socios regionales. El posconflicto armado debe servir para espolear a Unasur como el proyecto de integración del futuro latinoamericano, de manera tal que debe aprovechar la oportunidad de intervenir como coadyuvante del proceso de construcción de paz. A tal efecto, será fundamental la cooperación reforzada que puedan desarrollar, muy especialmente, Panamá, Venezuela y Ecuador. Con los tres se ha mejorado una cooperación transfronteriza que, pese a todo, debe ser mucho más comprometida en el caso de Venezuela. Ello porque, no olvidemos, entre los departamentos más violentos en la actualidad se encuentran Arauca y Norte de Santander (frontera con Venezuela), Chocó (frontera con Panamá) y Nariño y Putumayo (frontera con Ecuador).

El impacto de todo este entramado internacional dependerá, en última instancia, del alcance y el sentido de las reformas estructurales que, muy necesariamente, deberá llevar a cabo el gobierno colombiano.

* Profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

Cuando se piensa en la comunidad internacional como “actor” fundamental en un escenario como el del conflicto armado colombiano, resulta frecuente oír planteamientos excesivamente optimistas. Sin embargo, es imprescindible entender que los mayores esfuerzos para la superación del conflicto armado no deben provenir de la comunidad internacional, sino que deben ser netamente endógenos. De este modo, un eventual posconflicto necesitará de un proceso de descentralización territorial, de mejores mecanismos de distribución de la renta, de mayores niveles de fortalecimiento institucional del Estado, de efectivos instrumentos de protección a los derechos de verdad, justicia y reparación y de verdaderos mecanismos de inclusión política que, muy necesariamente, deben ser concebidos desde Colombia para Colombia. Dicho de otro modo, resulta absolutamente incomparable, en el marco de contribuir a un escenario de posconflicto armado, el alcance que puede suponer un instrumento de reforma tributaria para el posconflicto con respecto a los rubros que, a modo de cooperación y créditos, ha obtenido el presidente Santos en su última gira por Europa.

Esto no desvirtúa el importante papel que debe jugar la comunidad internacional. Un papel que, del lado de los acompañantes y garantes, debe de continuar en la asistencia a las partes negociadoras en la tarea de conseguir el cierre de la negociación y, ojalá, la firma de los acuerdos. Claro está, tras ello seguiría la tarea de verificación de los mismos y el apoyo respecto de las exigencias propias de algo tan importante como es dar cumplimiento y sostenibilidad a los compromisos que se adquieran.

Un actor que debe ser fundamental en un eventual proceso de normalización política, económica y social, como resultado de todo el proceso de posconflicto, es la Unión Europea. No sólo por su experiencia en escenarios similares y su tradicional compromiso con Colombia, sino porque es uno de los protagonistas de uno de los instrumentos que mejor han contribuido a la consecución de procesos de peacebuilding y peacekeeping en algunos de los enclaves con mayores niveles de violencia: los Laboratorios de Paz. Todo un entramado de acciones locales destinadas a la recomposición del tejido social en enclaves del Pacífico, Magdalena Medio o los Montes de María, y que parecen servir de hoja de ruta a las futuras intervenciones que la Unión Europea va a desarrollar en el país una vez se inicie el llamado posconflicto.

De otro lado, no puede pasarse por alto el papel de los Estados Unidos, el mayor donante de Colombia que, sin embargo y a diferencia de la Unión Europea, ha asistido al país más en mecanismos reactivos que preventivos, los cuales, en total, han supuesto más de US$8.000 millones en la última década. Dada la enjundia de la violencia derivada del conflicto armado, especialmente porque la eventual desmovilización de las Farc no será integral, el valor agregado de la cooperación estadounidense va a seguir siendo muy importante. Especialmente porque en aquellos enclaves donde la desmovilización resulte menos posible —lo cual apunta claramente hacia el Pacífico—, se va a seguir requiriendo de apoyos, especialmente en materia de seguridad, en los que Estados Unidos es un socio nuclear.

Por último quedarían los socios regionales. El posconflicto armado debe servir para espolear a Unasur como el proyecto de integración del futuro latinoamericano, de manera tal que debe aprovechar la oportunidad de intervenir como coadyuvante del proceso de construcción de paz. A tal efecto, será fundamental la cooperación reforzada que puedan desarrollar, muy especialmente, Panamá, Venezuela y Ecuador. Con los tres se ha mejorado una cooperación transfronteriza que, pese a todo, debe ser mucho más comprometida en el caso de Venezuela. Ello porque, no olvidemos, entre los departamentos más violentos en la actualidad se encuentran Arauca y Norte de Santander (frontera con Venezuela), Chocó (frontera con Panamá) y Nariño y Putumayo (frontera con Ecuador).

El impacto de todo este entramado internacional dependerá, en última instancia, del alcance y el sentido de las reformas estructurales que, muy necesariamente, deberá llevar a cabo el gobierno colombiano.

* Profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Jorge Tadeo Lozano.