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Se trata del tercer contrato que la administración de Gustavo Petro firma con Plaza Mayor Medellín, una sociedad mixta que tiene como principales accionistas al distrito de Medellín y a la Federación Nacional de Cafeteros. Esta empresa se encarga de suministrar todas las soluciones logísticas que Presidencia requiere para eventos como los balconazos del presidente, las jornadas de “Gobierno con el Pueblo”, las visitas de Estado, entre otros.
En esta oportunidad, el convenio es por $3.645 millones, dinero que se distribuirá entre las actividades de la Consejería Presidencial para las Regiones, la Jefatura del Despacho Presidencial y el Grupo de Salones de Estado y Casas Privadas. La que más recursos tendrá será la consejería, hoy en cabeza de Sandra Ortiz, quien, entre otras cosas, se encarga de ser el puente entre el Gobierno y los alcaldes y gobernadores.
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Dicha dependencia se encarga de organizar las visitas especiales del presidente y su gabinete a distintos territorios, como la que se hizo en Junio a La Guajira o las de los últimos meses en Cauca y Bogotá. Según el contrato en cuestión, el presupuesto para los eventos de la consejería será de unos $1.848 millones.
Plaza Mayor, como la ha hecho con los últimos contratos, deberá encargarse desde el alquiler de espacios físicos y mobiliarios hasta los servicios de música y alimentación. Por ejemplo, el contrato señala que la empresa deberá prestar todos los servicios necesarios para las “ollas comunitarias” que el Gobierno planea realizar con comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas.
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El contrato incluye un tarifario en el que se detallan los precios máximos que la Presidencia le pagará al contratista por los elementos o servicios requeridos, como la hidratación, la alimentación y alquiler de carpas y baños portátiles.
Este tipo de contratos ya han causado críticas de sectores de la oposición, que no pierden la oportunidad para resaltar los costos de cada evento. “Nuevamente el gobierno Petro feriando la plata de los colombianos en eventos”, dijo la senadora María Fernanda Cabal, quien aprovechó para lanzar una pulla al decir que “muchas veces” el presidente no asiste a esos eventos.
Otros congresistas como Carolina Arbeláez (Cambio Radical) y “Jota Pe” Hernández (Alianza Verde) han dicho que los gastos son injustificados e incluso han denunciado sobrecostos en los procesos.
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