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En medio de la polémica que han suscitado las declaraciones de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), por salpicar a congresistas e incluso funcionarios del Gobierno, la Presidencia publicó un comunicado en el que reafirman su compromiso con la lucha contra la corrupción y exponen las acciones que han tomado para combatirla.
En consonancia con el principio de “cero tolerancia con hechos de corrupción”, el presidente Gustavo Petro ordenó la formación de una Mesa Técnica de Coordinación, que está encargada de “articular acciones destinadas a documentar casos de uso indebido de recursos públicos”.
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En ella participan, además de la Presidencia, la Secretaría de Transparencia, la Agencia Nacional de Defensa Judicial y “un grupo de auditores externos especializados en la materia”. También cuenta con el apoyo de la embajada de Estados Unidos en Colombia “para fortalecer la cooperación internacional en el intercambio de información”, con un enfoque en identificar capitales internacionales relacionados con hechos de corrupción.
Según el texto, la Procuraduría y la Contraloría tendrán un puesto especial en esta mesa como órganos de control y estarán presentes para “garantizar la independencia y competencia en la supervisión y control de las actuaciones gubernamentales”. Desde otras instancias, como la Agencia Nacional de Defensa Judicial y la Fiscalía también se recibirá un apoyo clave.
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“El presidente Gustavo Petro reafirma su compromiso de continuar trabajando incansablemente para fortalecer la transparencia y la integridad en la gestión pública, en aras del bienestar y el progreso de Colombia”, finaliza el comunicado.
Aunque no menciona directamente a Pinilla, esta sería la respuesta del Gobierno a las acusaciones que ha hecho el exfuncionario, que espera que sus señalamientos puedan lograr que la Fiscalía le dé beneficios en la investigación que se lleva en su contra. El exsubdirector de la UNGRD ha afirmado que al Congreso llegaron $4.000 millones desde el Ejecutivo para ser repartidos a quienes apoyaran las reformas del Gobierno. Este dinero habría llegado a las manos de Iván Name, presidente del Senado, y Andrés Calle, su par en la Cámara de Representantes.
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Los funcionarios de la Casa de Nariño salpicados son el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y la consejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz. Estos dos se habrían reunido con Olmedo López, exdirector general de la UNGRD, quien también está siendo investigado paralelo a Pinilla por las irregularidades en la compra de 40 carrotanques para el suministro de agua en La Guajira.
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