Duque y el Congreso: ¿comienza el fin de la luna de miel?

Si bien apenas el martes el Congreso concluyó sesiones, en menos de un mes (el próximo 20 de julio) nuevamente retomará laborales. En paralelo, restan poco más de 40 días para el 7 de agosto, cuando el presidente Iván Duque completará tres años como inquilino en la Casa de Nariño. Ambos hechos marcan la recta final tanto del Ejecutivo como del Legislativo con miras a las elecciones de 2022.

A la luz de lo ocurrido la semana pasada en el cierre de la legislatura, parece que al fin el primer mandatario estaba gozando de las mieles del Congreso, imponiendo mayorías y logrando la esquiva gobernabilidad en el Parlamento. Sin embargo, coinciden hoy analistas y congresistas, en el último año y con las elecciones cada vez más cerca, que la cosa será a otro precio en la relación Ejecutivo-Legislativo, más si se tienen en cuenta los coletazos que persisten por cuenta del paro nacional.

Un primer hecho que no puede pasar por alto es cómo terminó la legislatura el pasado martes, luego de que el propio Gobierno citó al Congreso a sesiones extras para discutir la sobretasa a la gasolina. En medio del habitual corre-corre para debatir proyectos la última semana de sesiones ordinarias, Duque -apalancado en las bancadas afines- logró sacar adelante iniciativas tan impopulares y cuestionadas como la reforma a la justicia o la reforma al Código Disciplinario en la Procuraduría.

Lea también: Lo que dejó el Congreso en tiempos de paro

En contraste, se hundieron proyectos como la ratificación al Acuerdo de Escazú, pese a que tenía mensaje de urgencia del propio Ejecutivo, o el proyecto de especialidad agraria, la única propuesta en todo el período del presidente que desarrollaba uno de los puntos del Acuerdo de Paz, al delegar jueces especializados para resolver conflictos por el uso y la tenencia de la tierra. Basta remontarse a mayo pasado también para registrar el declive de la reforma tributaria o la reforma a la salud, que sirvieron para encender la chispa del descontento en las calles.

¿Cómo explicar esa aparente dualidad legislativa? Para la senadora de oposición Angélica Lozano (Alianza Verde), no hay que caer en equívocos, pues -reclama- Duque es el autor intelectual y material de que esos proyectos, que supuestamente tenían la bendición del Gobierno, terminaran hundidos. “Presentó Escazú y lo hundió con su bancada. Dio la orden de hundirlo. Lo mismo con el de especialidad agraria. Eran iniciativas de pantomima, una simulación. Fingieron que los querían aprobar, pero luego se echaron para atrás. Era puro show. Duque presentó falsamente esos proyectos, mientras hizo aprobar otros que son inconstitucionales y se van a caer en la Corte por vicios de forma, como el de la Procuraduría”.

Desde la otra orilla, el representante Édward Rodríguez (Centro Democrático) asegura que lo que evidencian estos tipos de situaciones son la independencia del Legislativo y la reivindicación de la separación de poderes entre Gobierno y Congreso. “El presidente es sumamente decente y eliminó la mermelada. Es de la institucionalidad y separación de poderes”. A la pregunta de si un proyecto como la ratificación de Escazú requería mermelada, Rodríguez contestó que lo que se ve ahora es la autonomía de Senado y Cámara para aprobar o no iniciativas, sin que influya que sea de autoría del Ejecutivo. “Anteriormente los gobiernos radicaban cualquier proyecto y se aprobaba. Ya no”.

Incluso, desde Cambio Radical -partido declarado en independencia, pero que se ha mostrado incondicional al gobierno Duque-, el representante José Daniel López asegura que, salvo la reforma tributaria, el Ejecutivo mantiene su capacidad política intacta: “Lo único que hundimos nosotros fue la tributaria, y porque hicimos mayoría. Lo de Escazú se hundió no porque el Gobierno haya querido, sino porque no se movió”.

Para el profesor Jorge Iván Cuervo, del Centro de Investigaciones de la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado, no solo se evidenció una legislatura muy desconectada de lo que estaba pasando en el país, sino que lo que explica lo ocurrido es que, en estos tiempos de crisis, Gobierno y Congreso terminaron alineándose en defensa de la institucionalidad y casi que de espaldas al país.

“Era fácil que Ejecutivo y Legislativo se pusieran de acuerdo en esas reformas o leyes (como la de la Procuraduría), que están muy sintonizadas con los intereses del establecimiento político. Los partidos de la coalición y los independientes (liberales, Cambio Radical y la U) fácilmente se alinearon con el mensaje de rodear al Ejecutivo en momentos de crisis. No era una agenda muy exigente en términos de reformas estructurales, y eso hacía que los consensos se dieran. Hay otro ingrediente, y es que en Colombia cada vez más el poder Legislativo se está convirtiendo en un apéndice del Ejecutivo y baila al son que le pone, incluso más allá del tema de mermelada”, asegura Cuervo.

El último año de gobierno, el último año legislativo

Pese a que el Gobierno puede sacar pecho por lo conseguido en la legislatura que terminó -de hecho, el propio ministro del Interior, Daniel Palacios, la calificó como “exitosa”-, en lo que resta de 2021 y en 2022 otro será el panorama para las pretensiones de la Casa de Nariño. ¿La razón? Las elecciones legislativas de marzo próximo, cuando cada senador y representante tratará, a como dé lugar, de asegurar su escaño, lo que implica, entre otras, tomar distancia de un gobierno impopular. De hecho, esta semana la encuestadora Datexco y la emisora W Radio publicaron un sondeo que evidencia que -en tiempos del paro nacional- la desaprobación del presidente alcanza el 79 %, mientras que su favorabilidad es de apenas el 16 %.

Para el profesor Javier Duque Daza, del programa de estudios políticos y resolución de conflictos de la Universidad del Valle, esa pésima imagen provocará un irremediable distanciamiento entre Duque y el Congreso: “Nunca un presidente había llegado a un 16 % de aprobación. Ahora el Estado de opinión, que tanto reivindicó el expresidente Álvaro Uribe, se volvió un bumerán para Duque. Nadie le va a caminar a un gobierno desprestigiado”. Adicionalmente, explica el analista, no será mucho lo que pueda tramitar el Congreso, pues generalmente la legislatura que coincide con las elecciones se pierde, precisamente por el afán de los congresistas por hacerse reelegir y estar en campaña. Finalmente, advierte también que lo que se viene ahora es una versión del paro nacional, “un paro recargado, porque no se ha terminado”.

La senadora Angélica Lozano suma otro ingrediente: la entrada en vigencia de la Ley de Garantías (probablemente en enero próximo), cuando se limita la contratación estatal. “Duque va a tener mayorías que le van a funcionar como un relojito hasta que comience la Ley de Garantías. Luego, ya no podrá hacer cambios en los cargos, salvo por renuncia. Su coalición le camina hasta ese día, después le darán la espalda”. Por otro lado, para el representante López no es claro para qué Duque necesita mayorías en esta última recta: “Salvo otra reforma tributaria, no se ve que el Gobierno llegue con grandes reformas ni proyectos bajo el brazo”.

En el partido de gobierno el pronóstico es más optimista. De acuerdo con el representante Édward Rodríguez, no va a haber tal distanciamiento y, al contrario, habrá una “nueva oportunidad” para hacer una gran coalición por Colombia: “Tenemos que pensar en el país y en las futuras generaciones, no solo en las próximas elecciones. Tarde que temprano el país le reconocerá al presidente Iván Duque su trabajo”.

Más allá de cualquier vaticinio, lo cierto es que, en el país político, las elecciones ya arrancaron y esta etapa final es vista como el comienzo del próximo período. El desafío para el gobierno Duque será seguir conservando sus mayorías, por no hablar de los esfuerzos que tendrá que seguir haciendo para atajar el paro y lograr repuntar en materia de aprobación. El camino comienza, pero -como casi todo en política- será fugaz.

Twitter: @Currinche

jgonzalez@elespectador.com

Si bien apenas el martes el Congreso concluyó sesiones, en menos de un mes (el próximo 20 de julio) nuevamente retomará laborales. En paralelo, restan poco más de 40 días para el 7 de agosto, cuando el presidente Iván Duque completará tres años como inquilino en la Casa de Nariño. Ambos hechos marcan la recta final tanto del Ejecutivo como del Legislativo con miras a las elecciones de 2022.

A la luz de lo ocurrido la semana pasada en el cierre de la legislatura, parece que al fin el primer mandatario estaba gozando de las mieles del Congreso, imponiendo mayorías y logrando la esquiva gobernabilidad en el Parlamento. Sin embargo, coinciden hoy analistas y congresistas, en el último año y con las elecciones cada vez más cerca, que la cosa será a otro precio en la relación Ejecutivo-Legislativo, más si se tienen en cuenta los coletazos que persisten por cuenta del paro nacional.

Un primer hecho que no puede pasar por alto es cómo terminó la legislatura el pasado martes, luego de que el propio Gobierno citó al Congreso a sesiones extras para discutir la sobretasa a la gasolina. En medio del habitual corre-corre para debatir proyectos la última semana de sesiones ordinarias, Duque -apalancado en las bancadas afines- logró sacar adelante iniciativas tan impopulares y cuestionadas como la reforma a la justicia o la reforma al Código Disciplinario en la Procuraduría.

Lea también: Lo que dejó el Congreso en tiempos de paro

En contraste, se hundieron proyectos como la ratificación al Acuerdo de Escazú, pese a que tenía mensaje de urgencia del propio Ejecutivo, o el proyecto de especialidad agraria, la única propuesta en todo el período del presidente que desarrollaba uno de los puntos del Acuerdo de Paz, al delegar jueces especializados para resolver conflictos por el uso y la tenencia de la tierra. Basta remontarse a mayo pasado también para registrar el declive de la reforma tributaria o la reforma a la salud, que sirvieron para encender la chispa del descontento en las calles.

¿Cómo explicar esa aparente dualidad legislativa? Para la senadora de oposición Angélica Lozano (Alianza Verde), no hay que caer en equívocos, pues -reclama- Duque es el autor intelectual y material de que esos proyectos, que supuestamente tenían la bendición del Gobierno, terminaran hundidos. “Presentó Escazú y lo hundió con su bancada. Dio la orden de hundirlo. Lo mismo con el de especialidad agraria. Eran iniciativas de pantomima, una simulación. Fingieron que los querían aprobar, pero luego se echaron para atrás. Era puro show. Duque presentó falsamente esos proyectos, mientras hizo aprobar otros que son inconstitucionales y se van a caer en la Corte por vicios de forma, como el de la Procuraduría”.

Desde la otra orilla, el representante Édward Rodríguez (Centro Democrático) asegura que lo que evidencian estos tipos de situaciones son la independencia del Legislativo y la reivindicación de la separación de poderes entre Gobierno y Congreso. “El presidente es sumamente decente y eliminó la mermelada. Es de la institucionalidad y separación de poderes”. A la pregunta de si un proyecto como la ratificación de Escazú requería mermelada, Rodríguez contestó que lo que se ve ahora es la autonomía de Senado y Cámara para aprobar o no iniciativas, sin que influya que sea de autoría del Ejecutivo. “Anteriormente los gobiernos radicaban cualquier proyecto y se aprobaba. Ya no”.

Incluso, desde Cambio Radical -partido declarado en independencia, pero que se ha mostrado incondicional al gobierno Duque-, el representante José Daniel López asegura que, salvo la reforma tributaria, el Ejecutivo mantiene su capacidad política intacta: “Lo único que hundimos nosotros fue la tributaria, y porque hicimos mayoría. Lo de Escazú se hundió no porque el Gobierno haya querido, sino porque no se movió”.

Para el profesor Jorge Iván Cuervo, del Centro de Investigaciones de la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado, no solo se evidenció una legislatura muy desconectada de lo que estaba pasando en el país, sino que lo que explica lo ocurrido es que, en estos tiempos de crisis, Gobierno y Congreso terminaron alineándose en defensa de la institucionalidad y casi que de espaldas al país.

“Era fácil que Ejecutivo y Legislativo se pusieran de acuerdo en esas reformas o leyes (como la de la Procuraduría), que están muy sintonizadas con los intereses del establecimiento político. Los partidos de la coalición y los independientes (liberales, Cambio Radical y la U) fácilmente se alinearon con el mensaje de rodear al Ejecutivo en momentos de crisis. No era una agenda muy exigente en términos de reformas estructurales, y eso hacía que los consensos se dieran. Hay otro ingrediente, y es que en Colombia cada vez más el poder Legislativo se está convirtiendo en un apéndice del Ejecutivo y baila al son que le pone, incluso más allá del tema de mermelada”, asegura Cuervo.

El último año de gobierno, el último año legislativo

Pese a que el Gobierno puede sacar pecho por lo conseguido en la legislatura que terminó -de hecho, el propio ministro del Interior, Daniel Palacios, la calificó como “exitosa”-, en lo que resta de 2021 y en 2022 otro será el panorama para las pretensiones de la Casa de Nariño. ¿La razón? Las elecciones legislativas de marzo próximo, cuando cada senador y representante tratará, a como dé lugar, de asegurar su escaño, lo que implica, entre otras, tomar distancia de un gobierno impopular. De hecho, esta semana la encuestadora Datexco y la emisora W Radio publicaron un sondeo que evidencia que -en tiempos del paro nacional- la desaprobación del presidente alcanza el 79 %, mientras que su favorabilidad es de apenas el 16 %.

Para el profesor Javier Duque Daza, del programa de estudios políticos y resolución de conflictos de la Universidad del Valle, esa pésima imagen provocará un irremediable distanciamiento entre Duque y el Congreso: “Nunca un presidente había llegado a un 16 % de aprobación. Ahora el Estado de opinión, que tanto reivindicó el expresidente Álvaro Uribe, se volvió un bumerán para Duque. Nadie le va a caminar a un gobierno desprestigiado”. Adicionalmente, explica el analista, no será mucho lo que pueda tramitar el Congreso, pues generalmente la legislatura que coincide con las elecciones se pierde, precisamente por el afán de los congresistas por hacerse reelegir y estar en campaña. Finalmente, advierte también que lo que se viene ahora es una versión del paro nacional, “un paro recargado, porque no se ha terminado”.

La senadora Angélica Lozano suma otro ingrediente: la entrada en vigencia de la Ley de Garantías (probablemente en enero próximo), cuando se limita la contratación estatal. “Duque va a tener mayorías que le van a funcionar como un relojito hasta que comience la Ley de Garantías. Luego, ya no podrá hacer cambios en los cargos, salvo por renuncia. Su coalición le camina hasta ese día, después le darán la espalda”. Por otro lado, para el representante López no es claro para qué Duque necesita mayorías en esta última recta: “Salvo otra reforma tributaria, no se ve que el Gobierno llegue con grandes reformas ni proyectos bajo el brazo”.

En el partido de gobierno el pronóstico es más optimista. De acuerdo con el representante Édward Rodríguez, no va a haber tal distanciamiento y, al contrario, habrá una “nueva oportunidad” para hacer una gran coalición por Colombia: “Tenemos que pensar en el país y en las futuras generaciones, no solo en las próximas elecciones. Tarde que temprano el país le reconocerá al presidente Iván Duque su trabajo”.

Más allá de cualquier vaticinio, lo cierto es que, en el país político, las elecciones ya arrancaron y esta etapa final es vista como el comienzo del próximo período. El desafío para el gobierno Duque será seguir conservando sus mayorías, por no hablar de los esfuerzos que tendrá que seguir haciendo para atajar el paro y lograr repuntar en materia de aprobación. El camino comienza, pero -como casi todo en política- será fugaz.

Twitter: @Currinche

jgonzalez@elespectador.com