La solicitud de la reunión ya está en manos de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. El presidente Petro les pidió el encuentro a las Altas Cortes luego de la tormenta política desatada el viernes pasado cuando el mandatario aseguró que como jefe de Estado, era también el jefe del fiscal general.
Contexto: Petro dice que es el jefe del fiscal y Barbosa lo acusa de dictador
De hecho, la propia Corte Suprema de Justicia emitió un comunicado el mismo viernes, tras las declaraciones del mandatario, en el que aseguró que lo dicho por Petro es una “errada interpretación del artículo 115 de la Constitución Política” que “desconoce la autonomía e independencia judicial, cláusula fundacional de la democracia colombiana y pilar esencial del Estado social de Derecho”.
Ya en la mañana de este sábado, el presidente, desde Portugal, corrigió su afirmación y dijo explícitamente “Acepto el llamado de la honorable Corte Suprema de Justicia”. En ese mismo pronunciamiento, expresó, ya sin rodeos: “Respeto y respetaré la autonomía e independencia de la Fiscalía General de la Nación y todas las ramas del poder público”.
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Ese es el mismo mensaje que el presidente quiere reiterarles directamente a las Altas Cortes en la reunión que ahora espera fecha. Desde la Casa de Nariño le aseguraron a este diario que están a la espera de la confirmación del encuentro por parte de las cortes.
La frase que detonó el encontronazo
“El fiscal olvida una cosa que la Constitución le ordena: yo soy el jefe del Estado, por tanto el jefe de él”. Esa frase, dicha por el presidente Petro en España a un puñado de periodistas, fue la que desató el nuevo choque con el fiscal general, Francisco Barbosa. Este último respondió airadamente en varios medios de comunicación y en una rueda de prensa, que el mandatario estaba asumiendo un rol de dictador.
En el centro de la nueva disputa está una denuncia periodística del portal La Nueva Prensa por la que el presidente le ha venido pidiendo explicaciones a Barbosa: que el fiscal Daniel Hernández conocía de antemano un listado de personas que serían asesinadas por las AGC o Clan del Golfo en el Caribe y no actuó para evitar dichos homicidios.