Petro inicia un 2025 con las finanzas estatales como frente de batalla político

El Gobierno de Gustavo Petro ha probado que la economía y la política van en un mismo carril y que 2025 no será la excepción. El año comenzó con la expectativa de conocer el decreto del plan de austeridad para enfrentar el déficit presupuestal y con varios frentes de batalla abiertos en materia económica. Y el presidente, en su estilo más convencional, está preparado para responder a las críticas y señalar a quienes considera responsables.

El Gobierno de Gustavo Petro ha probado que la economía y la política van en un mismo carril y que 2025 no será la excepción. El año comenzó con la expectativa de conocer el decreto del plan de austeridad para enfrentar el déficit presupuestal y con varios frentes de batalla abiertos en materia económica. Y el presidente, en su estilo más convencional, está preparado para responder a las críticas y señalar a quienes considera responsables.

Esa preponderancia de los temas económicos en la agenda progresista quedó en evidencia en la tradicional alocución de Año Nuevo del presidente. En el mensaje que se transmitió este martes, a las 7:00 p.m., el jefe de Estado mencionó 11 logros de su administración durante el 2024. De estos, siete fueron en materia económica.

Habló, por ejemplo, del crecimiento del sector agro en 8,9 % y de la economía en 2,9 % (por encima de la expectativa). También, de que se superaron los seis millones de turistas, un sector que, desde campaña, prometió fortalecer; y de que se logró el llamado “Pacto por el crédito” para que bancos colombianos prioricen $55 billones en préstamos “para los trabajadores”. Y se refirió a la reforma al Sistema General de Participaciones para aumentar las transferencias de recursos a las regiones, en una de las cirugías más profundas al Estado colombiano desde el 91.

Pero esa apuesta económica no se ve solo en ese tipo de resultados, sino que llega, en este nuevo año, desde los debates políticos. Uno de los puntos más álgidos tiene que ver, precisamente, con los recortes que deberá hacer al presupuesto.

Aunque, a la fecha, no se ha publicado el decreto que indica cuáles serán las entidades y los programas que tendrán menos recursos, el presidente sí ha dado pistas de qué realizará. También ha dejado claro que el hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso será punta de lanza de su estrategia política. Sobre todo porque Alexander López, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), anunció que el Gobierno presentará una nueva reforma tributaria.

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“Seguimos comprometidos con un gobierno que piensa en la gente, pero necesitamos que los más favorecidos paguen lo que les corresponde en impuestos para sacar adelante a las clases más necesitadas”, dijo. Y, como su jefe, responsabilizó al Legislativo de los problemas de caja: “El Congreso ha protegido a quienes más tienen, mientras los sectores más vulnerables carecen del apoyo necesario del Estado”.

Desde el 11 de diciembre pasado, cuando las comisiones económicas del Congreso hundieron la tributaria con la que el Gobierno quería recaudar $9,8 billones, Petro no ha dejado de descalificar al Congreso, asegurando que se trata de movidas que buscan frenar su mandato y llamando “malditos” a los parlamentarios, empezando por su cabeza, el conservador Efraín Cepeda. Por otra parte, en términos prácticos, ha hablado de recortes a programas de subsidios como Mi Casa Ya,

Y no es lo único. Estas semanas se sumaron dos temas: el alza del salario mínimo en 9,5 % y el aumento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), lo que reciben las EPS por cada usuario atendido, en un 5,3 %, como se supo el martes. Aunque parecen temas distintos, desde sectores públicos y privados han criticado la disparidad entre uno y otro aumento.

“Es claro el propósito del gobierno Petro de destruir el sistema de salud: 5,56% es el aumento de la UPC (lo que se paga por cada colombiano) mientras que el salario mínimo aumenta 9,54%”, dijo la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático).

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Un reclamo del que también hizo eco María Claudia Lacouture, presidente de la asociación de gremios Aliadas: “La ausencia de los recursos suficientes afecta tanto las acciones para la prevención y tratamiento de enfermedades, así como la entrega oportuna de medicamentos y acceso a servicios”.

También las tarifas de energía, un tema sobre todo álgido en la región Caribe, donde las altas facturas de la luz suelen estar en el debate público, serán parte de la narrativa política del presidente. Precisamente, el 31 de diciembre, a través de una publicación en X, anunció una fórmula para recortar las mismas.

“Vamos a bajar las tarifas de energía y las vamos a bajar”, dijo el jefe de Estado. Y agregó: “A partir del 1 de enero comienza el programa “Colombia Solar” para irradiar el panel solar en todo el estrato 1 y 2 de Colombia. El programa, será de miles de millones de dólares, se calificará como estratégico y comprometerá vigencias futuras por diez años”.

En ese sentido, las reformas sociales apuntan, precisamente, a temas que al final tienen que ver con la plata. Es el caso de la laboral y de la salud, que avanzan, no sin retos, en el Congreso, donde cada vez tiene un ambiente más adverso, como se vio al término de la legislatura pasada cuando el Senado hundió la reforma política, por falta de discusión, y la oposición en la Cámara logró posponer el debate de la salud, para el que se había citado a extras.

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También sucede con la pensional, que, aunque ya fue aprobada, está a la espera de la evaluación de la Corte Constitucional, que aceptó estudiar varias demandas presentadas.

Esa conjunción de dos mundos que parecen independientes el uno del otro, economía y política, también se verá en decisiones como los recursos a entidades públicas. El capítulo de la plata para la Registraduría en el presupuesto de 2025 que se presentó en septiembre pasado lo evidenció. En ese, en un primer momento, se habló que $3 billones destinados para el órgano electoral serían manejados por el Ministerio de Hacienda. Una decisión que generó polémicas, y que se reversó, por el temor de que impactara el desarrollo de las elecciones.

Algo que se vio, además, con las finanzas del Consejo Nacional Electoral (CNE), que investiga la financiación de la campaña de Petro en 2022. De acuerdo con el decreto presupuestal emitido por el Ejecutivo, que aún no hace los recortes correspondientes, la autoridad electoral manejará un billón de pesos el próximo año, una cifra que supera por cinco veces los 220 mil millones que tuvo en 2024. Un aumento que ha generado molestias en otras entidades que vieron sus recursos disminuidos de manera significativa.

Pero, además, hay otro frente: la forma misma en la que el presidente hace política. La senadora opositora María Fernanda Cabal (Centro Democrático) dio a conocer un derecho de petición, en el que se supo que, durante su mandato, el presidente Petro ha realizado 51 viajes al exterior. En el último año, de noviembre de 2023 a noviembre de 2024, Petro hizo 13 viajes al exterior, para los que se invirtieron alrededor de $3.295 millones.

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Además, una reciente investigación de El Espectador mostró cómo en sus primeros dos años y medio, el Gobierno firmó contratos por $35.000 millones para la realización de eventos del presidente Petro y de la vicepresidenta Francia Márquez.

Sin embargo, hace pocos días, la Casa de Nariño reveló un decreto en el que se conoció que, por ejemplo, los viáticos se reducirán de un 90 % a un 75 % a partir de este 1 de enero, medidas que irán de la mano con el anunciado, pero aún privado, plan de austeridad para este año que comienza.

Así las cosas, 2025 será un año en el que el Ejecutivo, como se ha anticipado, tendrá que apretar el cinturón del gasto público. Un tema que no será solo relevante para los economistas y expertos, sino que también dibujará las discusiones políticas que se den en un clima cada vez más polarizado.

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