Los $523 billones del Presupuesto pusieron la mira en la baja ejecución ministerial

Ocho días hábiles restan para que el monto del presupuesto de $523 billones ($523′007.132′456.704) que propuso el Gobierno de Gustavo Petro para 2025 sean aprobados. La situación es complicada: además de una oposición en el Congreso que buscar cerrar filas para que el proyecto no prospere— y que se niega a la posibilidad de una pequeña reforma tributaria bajo el nombre de ley de financiamiento— y una crisis en el sector transporte (con un duro paro camionero incluido) por el incremento de $1.904 en el precio del galón del ACPM, la baja ejecución de los ministerios continúa siendo un punto débil del Ejecutivo para argumentar un monto que, para muchos, son “cuentas alegres”.

Ocho días hábiles restan para que el monto del presupuesto de $523 billones ($523′007.132′456.704) que propuso el Gobierno de Gustavo Petro para 2025 sean aprobados. La situación es complicada: además de una oposición en el Congreso que buscar cerrar filas para que el proyecto no prospere— y que se niega a la posibilidad de una pequeña reforma tributaria bajo el nombre de ley de financiamiento— y una crisis en el sector transporte (con un duro paro camionero incluido) por el incremento de $1.904 en el precio del galón del ACPM, la baja ejecución de los ministerios continúa siendo un punto débil del Ejecutivo para argumentar un monto que, para muchos, son “cuentas alegres”.

Para completar el 100 % de los recursos ejecutados en un año, a los nueve meses la ejecución tendría que estar, al menos, en un 75 %, pero ningún ministerio alcanza la meta. El más cercano a lograrlo es el Ministerio de Salud, en cabeza de Guillermo Jaramillo, que llega al 68,65 %. Sin embargo, el porcentaje no es similar para todos. En la cola de la fila están los ministerios de Agricultura (29,4 %), Interior (18,5 %), Ambiente (15,8 %), Deporte (15,1 %) e Igualdad (1,36 %).

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De estos, tres han tenido cambios en sus cabezas en el último año. El primero en tener un cambio fue Mindeporte, al que llegó Luz Cristina López en marzo de este año tras la afanada salida de Astrid Rodríguez por la pérdida de los Juegos Panamericanos. Los dos siguientes fueron Mininterior y Minagricultura, que en un remezón ministerial abandonaron Luis Fernando Velasco y Jhennifer Mojica, para dar paso a Juan Fernando Cristo y Martha Carvajalino.

Todos ellos han pasado por comisiones de Cámara y Senado para responder por sus carteras y, exceptuando Interior, se enfrentan a una reducción significativa en sus carteras para el presupuesto de 2025. Este año ya habían tenido que asumir un aplazamiento en sus asignaciones por un apretón de 20 billones que suspendió cantidades importantes de dinero para cada uno: el más alto en estos cinco ministerios fue el de Mindeporte, con cerca de $204.000 millones, y el más bajo el de Mininterior, con aproximadamente $83.000 millones.

Más allá de eso, la situación se agrava cuando se tiene en cuenta que el único rubro que se reduce con esa disminución en el monto es el de inversión para proyectos. El de funcionamiento, por su parte, tiene que quedarse como está, según se explicó este martes en la Comisión Cuarta del Senado, encargada de temas presupuestales, y tal y como ya lo había advertido el mismo director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Alexander López.

Mientras una reducción que afectaría la imagen de sus carteras— y que en algunos casos generó salidas en los ministerios— les respira en la nuca, los ministros han llegado al Capitolio no solo para justificar su ejecución, sino también para defender el monto que les fue asignado para este año ante las comisiones Tercera y Cuarta de las dos cámaras. Incluso, para pelear por un incremento que consideran necesario para continuar la implementación de los proyectos.

En el caso de Minigualdad, este se enfrenta a reducciones de cerca de $505.000 millones frente a lo asignado para el 2024 y de $654.000 millones ante lo que le pidieron inicialmente al Ministerio de Hacienda para el próximo año. La vicepresidenta y ministra, Francia Márquez, estuvo este martes en la Comisión Séptima del Senado, en el que reiteró en que la ejecución de su cartera era reducida por ser un ministerio que tuvo que formalizarse en dos meses.

“Es importante decir que, en relación a inversiones, los proyectos fueron viabilizados por el Departamento Nacional de Planeación hace tres meses, y la asignación de los recursos para el Ministerio, a partir de la aprobación de los proyectos en Planeación, se materializó en el mes de julio. Es decir, llevamos dos meses, en términos de los recursos de inversión, en ejecución”, apuntó Márquez.

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Además, agregó que ya tenían comprometido el 90 % de sus recursos para avanzar en los siete programas priorizados: Hambre Cero, Jóvenes en Paz, Agua es Vida, Casas para la Dignidad de la Mujer, Abordaje Integral de las Violencias contra las Mujeres, Programa Nacional del Cuidado y Autonomía Económica para las Mujeres. Y que, de no ser asignado todo el presupuesto pedido para este año— que ronda cerca de los $1,9 billones—, no se podría ampliar el cubrimiento de Jóvenes en Paz, Hambre Cero, así como tampoco implementar 12 proyectos de acueductos para garantizar el acceso al agua.

El llamado había sido similar desde el Ministerio del Deporte. En plenos Juegos Olímpicos, en los que varios atletas hicieron énfasis en la falta de apoyo del Gobierno, se anunció una reducción de cerca del 69 % en la cartera: pasaría de los $1,3 billones asignados en 2024, a $464.000 millones para este nuevo presupuesto.

“A nadie le cabe en la cabeza que los recursos del deporte haya que bajarlos. Por el contrario, estos recursos siempre tienen que subir, porque es que nadie duda de que la actividad física y la recreación son centrales en las políticas de bienestar de gobierno y del Estado”, le dijo la ministra a El Espectador.

A eso se suma lo que la senadora Angélica Lozano ha señalado como una cuestión central que cambiaría las cuentas en la ejecución. Se trata del dinero que está en las fiducias, es decir, lo que sobró de un presupuesto y fue transferido a un “patrimonio autónomo que se rige por derecho privado”. En el caso de Minambiente, por ejemplo, la misma ministra Susana Muhammad le dijo a la Comisión Quinta de Senado que estaba proyectado enviar el dinero de este año al Fondo para la Vida y la Biodiversidad, para comenzar a ejecutarlo en 2025 y poder concretar proyectos en zonas como el Amazonas.

“Eso está pasando en todas las entidades, que la ejecución es bajísima. Si tú no ejecutas lo que tienes en el 2024, pues como por qué hay que subirte o incluso mantenerte la asignación igual a la de este año”, indicó Lozano.

Aunque los congresistas coinciden en la necesidad de mantener una asignación que permita el trabajo de los ministerios y de sus proyectos, no están convencidos todavía del monto de $523 billones que pide el nuevo presupuesto, pues afirman que se trata de “cuentas alegres”. Ya tienen como prueba el presupuesto del 2024, que también resultó desfinanciado y generó un apretón en las cuentas. Por su parte, el Gobierno evalúa si reducir o no el monto.

“Confiamos en las cifras que [el exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes] nos dio y resulta que ni las cifras eran ni al proyecto de ley se dio trámite”, señaló la representante Olga Lucía Velásquez, coordinadora ponente del proyecto. Y añadió que van “a hacerle un ejercicio muy juicioso frente a la asignación presupuestal”, específicamente, a aquellos ministerios con “una ejecución lamentable”.

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La decisión sobre el monto tendrá que estar tomada para el 15 de septiembre, que cae domingo, por lo que al menos dos días antes ya tendrá que haber una posición clara del Legislativo. Pero tomarla en ocho días hábiles no es tan simple, pues al disgusto se suma la ley de financiamiento— una “mini reforma tributaria”, como la llaman algunos legisladores— que tendría que pasarse en caso de que este sea aprobado, pues en el presupuesto que se propuso hay un desfinanciamiento de cerca de $12 billones, de acuerdo con el Gobierno.

Así, una discusión paralela se tomó el Congreso, pues los congresistas no están dispuestos a votar por un monto sin conocer de dónde se sacará la plata para financiarlo, específicamente por esos $12 billones, pues algunos señalan que la cifra real del desfinanciamiento sería de cerca de $30 billones. El punto clave es que todavía falta el proyecto de esa ley de financiamiento, que se supone que sería socializado este martes, después de que en la noche del lunes se presentara ante algunos congresistas las alternativas del texto, con las que se evalúan los impuestos a los juegos de azar y a plataformas como Airbnb e incluso eliminar el estímulo a carros híbridos.

Sin embargo, el paro de transportadores hizo que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, tuviera que desplazar su atención a otras cuestiones y pidió un día más a los legisladores para socializar el articulado que financiaría el presupuesto.

Lo cierto es que el ambiente en el Congreso está tenso para discutir unos números que, a muchos, no les cuadran. Mientras la situación en Cámara parece tener una balanza inclinada en favor del Gobierno, a fin de cuentas, tiene las mayorías allí, en el Senado pueden tambalearse los números. El tiempo está corriendo, y las cuatro comisiones encargadas, en las que hay congresistas señalados de haber participado en el escándalo de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), continúan el análisis de la cuestión presupuestal.

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