La violencia sexual en el Congreso es un tema del que nadie ha querido hablar porque se esconde tras las relaciones asimétricas del poder y el temor a las retaliaciones e intereses. Las mujeres no denuncian los hechos ni a sus agresores por razones siempre validas, empezando con que no es fácil ponerle rostro al abuso cuando dicho agresor tiene poder en el espacio laboral y mucho menos cuando tiene poder político. Igualmente, las vías de atención y prevención son ineficientes.
Más allá del debate sobre si el ahora exsenador Gustavo Bolívar (Pacto Histórico) debió o no denunciar formalmente los casos sobre relaciones abusivas que conoció, si va a hacer una novela sobre el tema o si eso hace parte de su campaña para la Alcaldía de Bogotá, en el centro de la discusión deben estar las mujeres y no él. Por otro lado, esto invita por primera vez a las instituciones públicas a reconocer que existen esas prácticas en su interior y a buscar soluciones para prevenirlas.
Bolívar afirmó que por lo menos tres mujeres, que trabajan en el Legislativo bajo el contrato de prestación de servicios, fueron víctimas de senadores que las estarían esclavizando sexualmente. Pero las mujeres violentadas serían más y, con los adecuados canales de atención, habría un efecto domino. El Espectador ya conoció un nuevo caso que le hicieron llegar a una congresista y la víctima está buscando la manera de denunciar. “Hay que reconocer que en estos casos hay relaciones de poder asimétricas, porque una mujer que es asesora o asistente de un congresista sabe que si habla estará en riesgo su trabajo”, explica Juliana Hernández, directora de Artemisas, organización feminista con incidencia política en el Congreso.
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De acuerdo con la senadora María José Pizarro, presidenta de la Comisión Legal para la Mujer (Clem), “necesitamos que esto sirva para generar conciencia nacional en relación con el rechazo a este tipo de conductas. No podemos ser cómplices del abuso o el acoso sexual”, dijo a este diario. Actualmente, en el Congreso no existe un protocolo de atención y prevención de violencias basadas en género, solo hay una ruta para denunciar, la cual no cuenta con el adecuado acompañamiento y es deficiente para otras trabajadoras al interior del Legislativo, como mujeres en los servicios generales, policías, administrativas, prensa, entre otros.
“Se ha invitado de una manera muy incipiente a las mujeres a denunciar, pero eso no ha tenido mayor relevancia y trascendencia porque no hay protocolos de prevención”, cuenta la representante María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico. Igualmente lo señala Jennifer Pedraza (Coalición Centro Esperanza): “Hay una ruta que acude a los canales en donde se denuncia todo, es decir, la Secretaría de la Cámara y del Senado. No es un espacio con personas con formación en asuntos de género. Los funcionarios podrían cometer todo tipo de actos revictimizantes”.
Por razones como esa es que las mujeres prefieren no acudir a los canales formales y confiar sus testimonios a personajes como Bolívar, quien de todas formas pudo poner su poder político a favor de las víctimas, “promover la denuncia, acompañarlas y no dejarlas solas. De lo contrario, es una posición absolutamente cómoda conocer lo que esto está pasando y contarlo en una entrevista”, agrega Pedraza.
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El protocolo de prevención y atención
La senadora Pizarro asegura que desde el 25 de noviembre se ha hecho pedagogía de un protocolo construido por la Clem, que en este momento está en revisión y pendiente por la aprobación del área jurídica de Cámara; en el Senado ya fue aprobado. “Cuenta con medidas de prevención y de orientación, porque el Congreso no es competente para sancionar. Pero, mientras se da trámite ante las entidades competentes, se recibe la denuncia y se abren los canales”, dice. Al respecto, el presidente de la Cámara, David Racero, dijo que se va a “instaurar una mesa de trabajo para revisar y aprobar” ese protocolo.
Allí, se proponen varias definiciones sobre lo que es “el maltrato laboral, persecución, discriminación, entorpecimiento, inequidad, protección, el daño psicológico, físico, sexual y hasta el daño patrimonial”, señala Pizarro. No obstante, la representante Carrascal, quien además hace parte de la Comisión Séptima sobre temas laborales, propone también ratificar el Convenio N° 190 sobre la violencia y el acoso de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y darle cabida al tema dentro de la reforma laboral, que se tramitará en el próximo periodo legislativo.
#Comunicado | Desde la @ComisionMujerCo, reiteremos nuestra entera disposición para que, sin revictimización y mediante canales internos, seguros y efectivos, las mujeres del Congreso sean escuchadas, acompañadas, apoyadas y orientadas en casos de acoso y violencia. pic.twitter.com/JS3QnZBhKu
— María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) January 11, 2023
Si bien Pizarro asegura que el protocolo avanza desde el año pasado, fuentes al interior del Congreso le dijeron a este diario que no estaba dentro de las prioridades. Precisamente, Carrascal reconoce que “en el periodo pasado hubo una agenda muy apretada y unos temas que se llevaron toda la atención, como la ‘paz total’, la reforma política o la reforma tributaria, entre otros. Se tomaron mucho espacio, pero vamos a seguir con el tema”, explicó.
Por su parte, la Fiscalía ya abrió una investigación sobre los posibles casos de violencia sexual en el Senado y llamarón a declaración a Bolívar, quien tendría las pruebas y conocería a los senadores y funcionarios que cometieron las agresiones. Igualmente, la Comisión de Ética del Senado abrió una indagación preliminar frente a esas denuncias. “Gustavo Bolívar tiene que comparecer ante las autoridades, entiendo que es una situación muy difícil para las víctimas, pero si él tiene las pruebas debe aportarlas”, concluyó Carrascal.
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