Primeros cuestionamientos sobre proceso electoral por alcaldía de Villavicencio

En las últimas horas se abrió un debate sobre los candidatos y precandidatos que tuvieron contratos con el Estado y los dejaron para ser aspirantes en las elecciones de octubre.

Los cuestionamientos surgieron por la situación particular de Villavicencio (Meta) en donde la precandidata del Centro Democrático, Jennifer Kristin Arias Falla, tenía un contrato con la alcaldía.

Arias suscribió el contrato por $214.302.850 como representante del consorcio Urbano 2013 dentro del proceso de interventoría para la construcción de varios espacios públicos en la capital del Meta.

El contrato se firmó el 23 de diciembre de 2013 por un plazo de tres meses. A través de una serie de prórrogas el proceso de extendió hasta el 5 de diciembre de 2014.

El último aplazamiento firmado tiene fecha 11 de septiembre de 2014, casi un mes antes de vencerse el plazo para dejar de contratar con el Estado para presentarse como candidato en los próximos comicios locales y regionales (25 de octubre) sin estar en inhabilidad. La ley establece que nadie que haya contratado con el Estado un año antes de las elecciones puede ser candidato.

Aunque Arias sabía que podía presentarse la inhabilidad decidió firmar la prórroga que iba hasta principios de diciembre pasado.

Ahora bien, todo indicaría que la precandidata estaría inhabilitada dentro del proceso electoral por ser parte del consorcio que tenía un contrato con el Estado hasta diciembre. Sin embargo, al ser consultada sobre el tema Arias dijo que presentó su renuncia a la empresa y vendió las acciones que tenía en la misma compañía.

De acuerdo a su versión, se apartó de Urbano 2013 a mediados de septiembre de 2014, lo cual no le impide presentarse como candidata.

“Renuncié a la empresa y vendí las acciones en la misma compañía. No tengo ninguna inhabilidad y esto fue informado a tiempo a la alcaldía de Villavicencio, ente que se enteró que dejé de ser la representante legal”, le dijo a RCN La Radio.

Insistió en que sólo habría una inhabilidad si hubiera gestionado recursos con la alcaldía durante el periodo comprendido un año antes de las elecciones pero jamás lo hizo.

Aunque no existe impedimento legal, los cuestionamientos se dan porque igual decidió firmar una prórroga sabiendo que estaría dentro de su posible inhabilidad y ya había anunciado a la empresa que dejaría el cargo para ser parte del consorcio. Ella misma reconoció que presentó la renuncia el 3 de septiembre y la extensión del contrato (que firmó) fue el 11 de septiembre. (Escuche la versión de Jennifer Arias Falla)

La firma del contrato se dio entre la alcaldía de Juan Guillermo Zuluaga –quien fue elegido por La U– y la representante legal de una firma que es de filiación uribista. 

Arias es la presidenta del Centro Democrático en el Meta y se presenta en redes sociales como alguien cercana al expresidente Uribe.

En las últimas horas se abrió un debate sobre los candidatos y precandidatos que tuvieron contratos con el Estado y los dejaron para ser aspirantes en las elecciones de octubre.

Los cuestionamientos surgieron por la situación particular de Villavicencio (Meta) en donde la precandidata del Centro Democrático, Jennifer Kristin Arias Falla, tenía un contrato con la alcaldía.

Arias suscribió el contrato por $214.302.850 como representante del consorcio Urbano 2013 dentro del proceso de interventoría para la construcción de varios espacios públicos en la capital del Meta.

El contrato se firmó el 23 de diciembre de 2013 por un plazo de tres meses. A través de una serie de prórrogas el proceso de extendió hasta el 5 de diciembre de 2014.

El último aplazamiento firmado tiene fecha 11 de septiembre de 2014, casi un mes antes de vencerse el plazo para dejar de contratar con el Estado para presentarse como candidato en los próximos comicios locales y regionales (25 de octubre) sin estar en inhabilidad. La ley establece que nadie que haya contratado con el Estado un año antes de las elecciones puede ser candidato.

Aunque Arias sabía que podía presentarse la inhabilidad decidió firmar la prórroga que iba hasta principios de diciembre pasado.

Ahora bien, todo indicaría que la precandidata estaría inhabilitada dentro del proceso electoral por ser parte del consorcio que tenía un contrato con el Estado hasta diciembre. Sin embargo, al ser consultada sobre el tema Arias dijo que presentó su renuncia a la empresa y vendió las acciones que tenía en la misma compañía.

De acuerdo a su versión, se apartó de Urbano 2013 a mediados de septiembre de 2014, lo cual no le impide presentarse como candidata.

“Renuncié a la empresa y vendí las acciones en la misma compañía. No tengo ninguna inhabilidad y esto fue informado a tiempo a la alcaldía de Villavicencio, ente que se enteró que dejé de ser la representante legal”, le dijo a RCN La Radio.

Insistió en que sólo habría una inhabilidad si hubiera gestionado recursos con la alcaldía durante el periodo comprendido un año antes de las elecciones pero jamás lo hizo.

Aunque no existe impedimento legal, los cuestionamientos se dan porque igual decidió firmar una prórroga sabiendo que estaría dentro de su posible inhabilidad y ya había anunciado a la empresa que dejaría el cargo para ser parte del consorcio. Ella misma reconoció que presentó la renuncia el 3 de septiembre y la extensión del contrato (que firmó) fue el 11 de septiembre. (Escuche la versión de Jennifer Arias Falla)

La firma del contrato se dio entre la alcaldía de Juan Guillermo Zuluaga –quien fue elegido por La U– y la representante legal de una firma que es de filiación uribista. 

Arias es la presidenta del Centro Democrático en el Meta y se presenta en redes sociales como alguien cercana al expresidente Uribe.