“Privilegié desmovilización y captura sobre bajas”: Uribe ante revelaciones de la JEP
Uribe calificó el comunicado de la JEP sobre falsos positivos de sesgado y como un nuevo atropello. Señaló que el propósito es desacreditarlo.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez se pronunció este jueves sobre las revelaciones que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre el Caso 03, conocido como Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes de Estado o mal llamados falsos positivos, que señala que, entre 2002 y 2008, época del gobierno de Uribe, se registraron, al menos, 6.402 víctimas.
Uribe calificó el comunicado de sesgado y como un atropello que busca desacreditarlo y que la información que se publicó desde la JEP tiene en cuenta varias organizaciones “de marcada orientación política y enemigas declaradas” de su gobierno, entre las que están el Comité de Solidaridad de Presos Políticos, las Madres Víctimas de los Falsos Positivos, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo o la Organización Nacional Indígena de Colombia.
“Nunca he eludido la justicia, que cuando se trata de mi persona muchos la presionan o la sustituyen cuando menos sembrando suspicacias”, señaló el expresidente y aseguró que durante su gestión en la Casa de Nariño asumió de manera pública las denuncias de ONG que denunciaron a las Fuerzas Militares de “asesinar campesinos en lugar de dar de baja a criminales”.
Dice Uribe que antes de la reelección, en 2006, frente al trágico suceso entre soldados y policías, se hizo un convenio con la Fiscalía para que asumiera el inicio de investigaciones en cualquier caso de “bajas”. “Esa decisión de transparencia fue interpretada por retirados de las FFAA como una derogatoria de la Justicia Penal Militar, y, por otro lado, la Fiscalía llegó al exceso de hacer de cada levantamiento de cadáver un auto de cabeza de proceso contra soldados de la patria”, señala Uribe.
En ese sentido, manifestó haberse reunido con un grupo de madres de víctimas de Soacha, pero que un grupo de ellas, diferente al que se reunió con él, lo denunció recientemente ante la Corte Suprema. “Afirmé que nada justifica el asesinato (…) Acepté retirar lo dicho en conciliación en la Corte por respeto al dolor de las madres”.
También anotó haber suspendido a 27 oficiales del Ejército en 2008 luego de un informe del Ministerio de Defensa en el que se mostraban indicios de conductas penales y por falta de rigor en los protocolos operativos “que podían facilitar hechos delictivos”. “Siempre privilegié la desmovilización y la captura sobre las bajas, y los resultados muestran que en el Gobierno hubo 35.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros desmovilizados, sin el costo institucional, ni la impunidad total del reciente mal llamado proceso de paz”, agrega el exmandatario en un comunicado.
De igual forma, se refirió a las acusaciones de que “Uribe acosaba mucho”. “Qué tal que no, acosé lo mismo a los ingenieros para que avanzara la Malla Vial del Valle del Cauca como a las Fuerzas Armadas para que le garantizaran tranquilidad a la ciudadanía. El afán de eficiencia no es excusa para violar la ley. La inacción me habría evitado la acusación, pero el terrorismo se habría acercado a la toma del poder (…) No hay un solo militar que pueda decir que recibió de mi parte mal ejemplo o indebida insinuación, y creo ser uno de los colombianos, que como gobernador y presidente, más ha hablado con integrantes de las Fuerzas Armadas”.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez se pronunció este jueves sobre las revelaciones que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre el Caso 03, conocido como Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes de Estado o mal llamados falsos positivos, que señala que, entre 2002 y 2008, época del gobierno de Uribe, se registraron, al menos, 6.402 víctimas.
Uribe calificó el comunicado de sesgado y como un atropello que busca desacreditarlo y que la información que se publicó desde la JEP tiene en cuenta varias organizaciones “de marcada orientación política y enemigas declaradas” de su gobierno, entre las que están el Comité de Solidaridad de Presos Políticos, las Madres Víctimas de los Falsos Positivos, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo o la Organización Nacional Indígena de Colombia.
“Nunca he eludido la justicia, que cuando se trata de mi persona muchos la presionan o la sustituyen cuando menos sembrando suspicacias”, señaló el expresidente y aseguró que durante su gestión en la Casa de Nariño asumió de manera pública las denuncias de ONG que denunciaron a las Fuerzas Militares de “asesinar campesinos en lugar de dar de baja a criminales”.
Dice Uribe que antes de la reelección, en 2006, frente al trágico suceso entre soldados y policías, se hizo un convenio con la Fiscalía para que asumiera el inicio de investigaciones en cualquier caso de “bajas”. “Esa decisión de transparencia fue interpretada por retirados de las FFAA como una derogatoria de la Justicia Penal Militar, y, por otro lado, la Fiscalía llegó al exceso de hacer de cada levantamiento de cadáver un auto de cabeza de proceso contra soldados de la patria”, señala Uribe.
En ese sentido, manifestó haberse reunido con un grupo de madres de víctimas de Soacha, pero que un grupo de ellas, diferente al que se reunió con él, lo denunció recientemente ante la Corte Suprema. “Afirmé que nada justifica el asesinato (…) Acepté retirar lo dicho en conciliación en la Corte por respeto al dolor de las madres”.
También anotó haber suspendido a 27 oficiales del Ejército en 2008 luego de un informe del Ministerio de Defensa en el que se mostraban indicios de conductas penales y por falta de rigor en los protocolos operativos “que podían facilitar hechos delictivos”. “Siempre privilegié la desmovilización y la captura sobre las bajas, y los resultados muestran que en el Gobierno hubo 35.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros desmovilizados, sin el costo institucional, ni la impunidad total del reciente mal llamado proceso de paz”, agrega el exmandatario en un comunicado.
De igual forma, se refirió a las acusaciones de que “Uribe acosaba mucho”. “Qué tal que no, acosé lo mismo a los ingenieros para que avanzara la Malla Vial del Valle del Cauca como a las Fuerzas Armadas para que le garantizaran tranquilidad a la ciudadanía. El afán de eficiencia no es excusa para violar la ley. La inacción me habría evitado la acusación, pero el terrorismo se habría acercado a la toma del poder (…) No hay un solo militar que pueda decir que recibió de mi parte mal ejemplo o indebida insinuación, y creo ser uno de los colombianos, que como gobernador y presidente, más ha hablado con integrantes de las Fuerzas Armadas”.