Si bien el atentado contra la Escuela de Policía General Santander, en enero de 2019, marcó un punto de inflexión y casi de no retorno en el proceso de paz entre el gobierno de Iván Duque y la guerrilla del Eln, a poco más de un año de concluir su mandato el presidente parece haber cambiado de rumbo y ahora se apresta a retomar los diálogos en búsqueda de una solución negociada al conflicto. Así lo evidencia el más reciente gesto del Ejecutivo, que recién el pasado domingo dio a conocer públicamente que designó al antiguo miembro de esa guerrilla Tulio Gilberto Astudillo, más conocido como Juan Carlos Cuéllar, como gestor de paz en ese proceso. Previamente, el Ejecutivo daba cuenta de “un espacio indirecto de aproximación y exploración”, con participación de la Iglesia y Naciones Unidas.
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No es un hecho menor. Hace menos de tres meses, en febrero pasado, el gobierno Duque insistía a Cuba y le reclamaba la extradición de los miembros de la guerrilla que permanecen en la isla a la espera del proceso de negociación. Para el Ejecutivo, era un inamovible no solo que los líderes guerrilleros retornaran al país -pese al protocolo establecido con el gobierno anterior–, sino que el Eln liberara a todos los secuestrados en su poder y pusiera fin a actividades relacionadas con el narcotráfico y la delincuencia.
De tal calado era la postura del Gobierno, que se desató una crisis diplomática con Cuba y el presidente elevaba constantes llamados a privilegiar “la relación con el Estado colombiano, antes que la relación con el Eln”, advirtiendo que era un grupo narcoterrorista: “Es narco porque está vinculado al negocio del narcotráfico”, alegaba el mandatario en febrero. De hecho, en marzo el propio jefe de Estado arreció en su postura y dio luz verde a la extradición de José Gabriel Álvarez Ortiz, alias Álex, un guerrillero requerido en Estados Unidos por ayudar al Eln a coordinar organizaciones transnacionales para traficar cocaína.
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Sin embargo, justo en medio de la tensión social que enfrenta el país por cuenta del paro nacional y a poco más de un año para dejar la Casa de Nariño, el Ejecutivo retomó el espíritu de diálogo con la guerrilla y dio un gesto en la dirección del proceso al solicitar que Juan Carlos Cuéllar, quien se encuentra recluido en la cárcel de Jamundí, retorne a la libertad y se suspendan las medidas judiciales que pesan en su contra por cuenta de las conversaciones de paz.
El objetivo, explicó el comisionado de Paz, Miguel Ceballos -quien hace semanas decía que el Eln “dinamitó” cualquier posibilidad de continuar con el proceso al atentar contra la Escuela General Santander y ocasionar la muerte de 22 estudiantes- es que Cuéllar “contribuya con su conocimiento y experiencia en la estructuración de estrategias y acciones para la construcción de paz, convivencia y reconciliación”. Días antes, el comisionado Ceballos explicaba que se pudo verificar “la voluntad real de paz y reinserción a la vida civil” de la guerrilla e informaba, incluso, de 28 reuniones, sumado a viajes a La Habana.
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Ahora, en respuesta a la intención del Gobierno de querer retomar los diálogos, el Eln celebró el gesto, pero advirtió que no aceptará imposiciones ni condiciones unilaterales: “Duque debe dejar de ilusionarse, si quiere dialogar con el Eln con mucho gusto se le atiende, pero sin imposiciones, es algo elemental que todo mundo sabe”, aseguró en una carta el Comando Central de la guerrilla.
Para Jéssica Torres, máster en comunicación institucional y política, y experta en resolución de conflictos y procesos de paz, el viraje del gobierno Duque se explica no solo en su baja popularidad, sino en un esfuerzo por mantener el orden público y su legitimidad. “Sabe perfectamente que la violación de derechos humanos en Colombia, el conflicto armado y el narcotráfico en zonas como Norte de Santander, Cauca y Valle del Cauca ha aumentado y tiene a la ONU encima, vigilándole”, sostuvo.
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De acuerdo con la analista, reanudar las negociaciones es una respuesta a la presión externa de los ciudadanos y de la comunidad internacional. Aunque Torres señala que la negociación de paz es necesaria, asegura que no es el mejor momento, porque ahora mismo se deben solventar los asuntos que han convocado las manifestaciones. “Una negociación requiere tiempo, que las dos partes tengan disposición y confianza entre ellas. Por supuesto, lo ideal es entrar a una negociación con el cese bilateral del fuego, pero en este momento no están dadas las condiciones para ello. Si algo se debe aprender de la negociación con las Farc es que hay que ir sin prisas y que no se debe politizar la paz. Creo que Duque está tratando de dejar un legado a como dé lugar, porque ha tenido una administración controvertida y con baja favorabilidad, todo esto con miras a las próximas elecciones”, agrega.
A su turno, el analista político Mauricio Jaramillo, profesor de la Universidad del Rosario, coincide en que al Ejecutivo se le acaba el tiempo y a funcionarios como Ceballos “le urge mostrar resultados” en frentes como la seguridad y el orden público. Según Jaramillo, en los casi tres años de este gobierno “uno de los desempeños más pobres ha sido el del comisionado”. En ese sentido, recordó que recientemente, en una fuerte carta, personalidades internacionales reclamaron la salida del funcionario, señalándolo, entre otras, de ser el responsable del desacatamiento de los protocolos firmados con el Eln y los países garantes ante la eventualidad de un cese de los diálogos, siendo esto, a su juicio, “la burla más infame del derecho internacional”.
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“El Gobierno ha entendido la presión internacional, a lo que se suman las protestas. A este Gobierno se le acabó la retórica en contra de la paz y esa idea de que no estaban en contra de ello, pero querían corregir aspectos, es muy poco creíble a los ojos de esa comunidad internacional. Se ha entendido que a este Gobierno no le interesaba el tema de la paz y el abandono a lo acordado en La Habana con las Farc es una muestra”, manifestó Jaramillo.
Al margen de las interpretaciones de lado y lado por cuenta del cambio de postura, los analistas coinciden que la búsqueda de una solución negociada al conflicto, aun en medio de la ebullición social y a un año de que concluya este gobierno, es un paso en la dirección correcta con miras a atender el conflicto. Si bien los antecedentes y el largo historial de desencuentros no auguran los mejores resultados, más en un año preelectoral, ya se dio el primer paso: sentar la disposición a dialogar. Será responsabilidad de ambos darle desarrollo a ese anhelo de paz.