Proceso de revocatoria a Quintero avanza: Registraduría avaló las firmas

En plena Navidad, la Registraduría informó que el proceso revocatorio contra el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, sigue su curso, pues de las 383.685 firmas presentadas por el movimiento revocatorio, la entidad certificó 133.248.

“Esto es histórico, es único en la historia de esta ciudad. Quintero se va por malo y perverso. Tenemos las firmas y quedamos en las manos del gobernador para que fije fechas de votaciones. Gracias a todos los ciudadanos que aportaron su firma”, dijo Andrés Rodríguez, uno de los promotores de la iniciativa.

Lea: “El 60% de firmas para mi revocatoria no eran de ciudadanos de Medellín”: Quintero.

Así mismo, Rodríguez manifestó que el paso siguiente es el informe del Consejo Nacional Electoral que certifique el cumplimiento de los topes de financiación de la campaña y estados contables y, luego de este, la Registraduría tendrá que notificar oficialmente a la Gobernación de Antioquia, para que esta programe la fecha para las elecciones.

La idea del movimiento revocatorio es que el llamado a las urnas sea el mismo día en el que el país saldrá a votar por Congreso, es decir, el 13 de marzo de 2022. Si es así, en esas elecciones, en Medellín, saldrían a votar por senadores, representantes a la Cámara, consultas presidenciales y revocatoria.

Tras una fecha fijada, la Registraduría debe coordinar la realización de las votaciones con las autoridades electorales del municipio. Las elecciones se pueden realizar dentro de un plazo no mayor a dos meses desde la certificación de la entidad de registro.

Para que el proceso revocatorio sea exitoso, requiere del 40% de los votos válidos que obtuvo Quintero en las elecciones de octubre de 2019. Si no se logra este resultado, la ciudadanía no podrá promover otra iniciativa de estas y el alcalde mantendrá su cargo hasta el período que le corresponde, es decir, 31 de diciembre de 2023.

En caso de que se obtenga la votación, el gobernador tendrá que remover del cargo a Quintero y designar a una persona encargada. Como al alcalde le quedan 24 meses para terminar su período, se convocarían a unas elecciones para que la ciudadanía vote por nuevo mandatario local de Medellín.

Hasta ahora, Quintero no se ha pronunciado sobre el tema, sin embargo, en los pasados días generó polémica al señalar que el proceso revocatorio no alcanzó las firmas, puesto que, dijo, “el 60% no son de votantes de Medellín”.

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Esta afirmación se dio luego de que el alcalde y su equipo revisara las firmas de revocatoria, una función que él defendió a la luz de una resolución del Consejo Nacional Electoral que permite controvertir el informe de la Registraduría. Al obtener esta información y estudiarla, el alcalde hizo señalamientos de falsificación de firmas que, prometió, entregar las pruebas a la Fiscalía.

A estas aseveraciones, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, partido que ha promovido la revocatoria, advirtió que hacer revelaciones de las firmas de los ciudadanos es una acción grave que contempla la ley de habeas data, una ley, insistió, que está por encima de una resolución de una entidad.

En plena Navidad, la Registraduría informó que el proceso revocatorio contra el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, sigue su curso, pues de las 383.685 firmas presentadas por el movimiento revocatorio, la entidad certificó 133.248.

“Esto es histórico, es único en la historia de esta ciudad. Quintero se va por malo y perverso. Tenemos las firmas y quedamos en las manos del gobernador para que fije fechas de votaciones. Gracias a todos los ciudadanos que aportaron su firma”, dijo Andrés Rodríguez, uno de los promotores de la iniciativa.

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Así mismo, Rodríguez manifestó que el paso siguiente es el informe del Consejo Nacional Electoral que certifique el cumplimiento de los topes de financiación de la campaña y estados contables y, luego de este, la Registraduría tendrá que notificar oficialmente a la Gobernación de Antioquia, para que esta programe la fecha para las elecciones.

La idea del movimiento revocatorio es que el llamado a las urnas sea el mismo día en el que el país saldrá a votar por Congreso, es decir, el 13 de marzo de 2022. Si es así, en esas elecciones, en Medellín, saldrían a votar por senadores, representantes a la Cámara, consultas presidenciales y revocatoria.

Tras una fecha fijada, la Registraduría debe coordinar la realización de las votaciones con las autoridades electorales del municipio. Las elecciones se pueden realizar dentro de un plazo no mayor a dos meses desde la certificación de la entidad de registro.

Para que el proceso revocatorio sea exitoso, requiere del 40% de los votos válidos que obtuvo Quintero en las elecciones de octubre de 2019. Si no se logra este resultado, la ciudadanía no podrá promover otra iniciativa de estas y el alcalde mantendrá su cargo hasta el período que le corresponde, es decir, 31 de diciembre de 2023.

En caso de que se obtenga la votación, el gobernador tendrá que remover del cargo a Quintero y designar a una persona encargada. Como al alcalde le quedan 24 meses para terminar su período, se convocarían a unas elecciones para que la ciudadanía vote por nuevo mandatario local de Medellín.

Hasta ahora, Quintero no se ha pronunciado sobre el tema, sin embargo, en los pasados días generó polémica al señalar que el proceso revocatorio no alcanzó las firmas, puesto que, dijo, “el 60% no son de votantes de Medellín”.

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Esta afirmación se dio luego de que el alcalde y su equipo revisara las firmas de revocatoria, una función que él defendió a la luz de una resolución del Consejo Nacional Electoral que permite controvertir el informe de la Registraduría. Al obtener esta información y estudiarla, el alcalde hizo señalamientos de falsificación de firmas que, prometió, entregar las pruebas a la Fiscalía.

A estas aseveraciones, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, partido que ha promovido la revocatoria, advirtió que hacer revelaciones de las firmas de los ciudadanos es una acción grave que contempla la ley de habeas data, una ley, insistió, que está por encima de una resolución de una entidad.