Casi cuatro meses después de que la Procuraduría anunciara una investigación disciplinaria contra el canciller Álvaro Leyva por presuntas irregularidades en la suspensión del proceso de licitación de pasaportes, el proceso empezó a moverse esta semana con la respuesta de la defensa del funcionario.
Según su abogado, Mauricio Dueñas, aunque el órgano de control tiene competencia para indagar el posible incumplimiento de deberes funcionales, no puede pronunciarse sobre “la legalidad del proceso contractual”. Dueñas explicó que no es facultad de la Procuraduría revisar actos administrativos como la declaración desierta de una licitación o la aprobación de una urgencia manifiesta, pues legalmente “están reservados a la jurisdicción de lo contencioso administrativo”.
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“El señor ministro de Relaciones Exteriores tenía la potestad para declarar la suspensión del proceso contractual, lo que resultó necesario cuando reasumió la competencia que había sido delegada en el secretario general. Facultad que fue ejercida de una manera razonable y por un término muy corto para evaluar la situación y tomar una decisión de fondo”, dijo el abogado en un oficio enviado al procurador delegado.
Así mismo, explicó que ese tipo de decisiones se han tomado en varios procesos contractuales y que usualmente no reciben reparos disciplinarios. En otro apartado explicó que la suspensión de la licitación se ordenó para proteger los principios de contratación estatal, “de manera que tampoco puede reprocharse la conducta desplegada por el ministro”.
Según el abogado, si bien algunos no comparten la decisión, esto no debería “significar el yugo disciplinario”, menos cuando la decisión no ha sido tumbada por otro fallo judicial.
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Entre tanto, en el caso sigue latente la posibilidad de una demanda de Thomas Greg & Sons contra el Estado, esto teniendo en cuenta que los primeros intentos de conciliar fracasaron por la negativa del canciller y del mismo presidente, lo que incluso desató una tormenta política por la salida de Martha Lucía Zamora de la Agencia Jurídica del Estado.
Expertos señalan que, como mínimo, los primeros resultados del pleito en el caso se podrían dar en cinco o seis años. Hasta ahora las sanciones serían únicamente económicas; sin embargo, en caso de que se abran expedientes penales por el caso, Leyva no podría pagar cárcel intramural porque la medida no aplica para personas mayores de 80 años.
Por eso, algunos expertos concluyen que una de las medidas que debe tomar el Gobierno en este caso es, por lo menos, nombrar a un canciller ad-hoc para el relacionamiento con Thomas Greg & Sons.
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