Los expedientes por hallazgo de 1.260 kilómetros de vías ilegales en la Amazonía

Desde el aire, los ríos que cruzan la Amazonía colombiana parecen detenidos en su cauce. Afluentes como el Inírida y el Guayabero se mueven con delicadeza, mientras que los bordea un paisaje de llanuras, selva espesa, parches de deforestación y carreteras destapadas. El verde de los bosques en los que a veces algún árbol similar al guayacán destaca por el color amarillo de su floración, hace que en esta región se confundan incluso los límites oficiales entre los departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare.

Desde el aire, los ríos que cruzan la Amazonía colombiana parecen detenidos en su cauce. Afluentes como el Inírida y el Guayabero se mueven con delicadeza, mientras que los bordea un paisaje de llanuras, selva espesa, parches de deforestación y carreteras destapadas. El verde de los bosques en los que a veces algún árbol similar al guayacán destaca por el color amarillo de su floración, hace que en esta región se confundan incluso los límites oficiales entre los departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare.

Al sobrevolar sus jurisdicciones, se hacen evidentes algunos de los motores de deforestación más importantes: vías ilegales, quema de bosques, ampliación de la frontera agrícola, ganadería extensiva y cultivos de coca. Así lo evidenció El Espectador durante un sobrevuelo realizado junto al programa Amazonía Mía, de USAID, al denominado Arco Amazónico. No en vano, organizaciones de la sociedad civil e instituciones oficiales han hecho llamados insistentes para tomar cartas en el asunto, especialmente en lo concerniente a la infraestructura ilegal.

Recientemente la Procuraduría General de la Nación envió una alerta sobre la construcción de 88 carreteras ilegales —que suman unos 1.260 kilómetros— en jurisdicción de los Parques Nacionales Naturales de la Amazonía. La entidad ha tenido la mirada puesta sobre la situación y adelanta procesos disciplinarios en contra de funcionarios de la región, como es el caso de Jaime Viasus Pérez, exsecretario de Obras Públicas de Guaviare, a quien la entidad del formuló cargos en marzo de 2023 por haber permitido la movilización de maquinaria para la construcción de la vía Miraflores – Calamar.

Dentro del proceso por presuntos actos de corrupción en Guaviare fueron judicializados también Jhoniver Cumbe y Pedro Novoa, alcaldes de Miraflores y Calamar, señalados por “daño a los recursos naturales agravado e invasión de área de especial importancia ecológica agravada”. Las cifras de deforestación fueron el punto clave para que las autoridades tomaran la decisión: entre los años 2015 y 2018, que correspondieron a su estadía en los gobiernos locales, se pasó de 11.456 hectáreas de bosque deforestado, a 34.527, como lo documentó el informe oficial realizado por el IDEAM en ese año.

Lea también: Colombia pondrá carne en platos de China, ¿cómo evitar que salga de áreas protegidas?

Gustavo Guerrero Ruiz, procurador delegado para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios de Colombia, le expresó a este diario que la principal preocupación de su despacho es la participación de los gobiernos locales en la ampliación de la espina de pescado de la Amazonía, así como su pasividad ante el avance de la deforestación por el desarrollo de estas infraestructuras irregulares.

“Nos preocupa mucho el tema de las vías ilegales, porque pueden tener en buena parte comprometidos actos de corrupción, o por lo menos injerencia de autoridades locales que destinan e invierten recursos públicos en mejoramiento y ampliación de vías que se encuentran dentro de los Parques Nacionales Naturales, que son el punto de partida de la deforestación”, señaló el funcionario.

Además, se refirió de manera puntual y con pocos detalles al caso del Guaviare, donde “ya hay una actuación disciplinaria en curso, que vincula a mandatarios locales y departamentales”, liderada por el procurador regional en ese departamento, quien identificó que “presuntamente se facilitó el desarrollo y la construcción de estas vías” en el marco de las restricciones por protección de áreas de interés ambiental.

A estos casos se suma la información recibida sobre otras actuaciones que implican motores de deforestación, como la ganadería extensiva, sobre las que la Procuraduría trabaja en el desarrollo de los procesos correspondientes.

Según un informe de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), en los departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare se han abierto al menos 4.993 kilómetros de vías ilegales en los últimos cinco años, lo que correspondería a cruzar el país casi tres veces, desde el extremo sur, partiendo de Leticia (Amazonas), hasta Uribia (La Guajira), en la costa norte colombiana. Así lo documentó El Espectador en agosto de 2023, cuando dio a conocer que había al menos 5.708 tramos de carreteras irregulares en la región, 763 de ellos construidos en zonas de parques protegidos.

Si bien las cifras oficiales más recientes —difundidas por el IDEAM— están actualizadas solo hasta el primer trimestre de 2023, el desarrollo de esa infraestructura se ha consolidado como un habilitante de la deforestación. Cada vez crece con mayor celeridad el fenómeno conocido como espina de pescado: una red de vías legales e ilegales que conducen en algunos casos a poblaciones pequeñas y servicios esenciales para la vida; en otros, llevan hasta los focos de actividades ilícitas o a la nada absoluta en la que solo hay parches de selva talada.

Según el monitoreo desarrollado por el Ministerio de Ambiente, en 2023 el 7% de la deforestación del país se presentó en el Sistema Nacional de Parques Nacionales, del cual una parte importante se encuentra en la Amazonía. Aunque las cifras de ese año presentaron una tendencia a la baja con relación a 2022, cuando se perdieron 123.517 hectáreas de bosque en el país, entre enero y marzo de 2024 el aumento de la deforestación fue de al menos el 40%, según registros de esa cartera.

Carreteras de deforestación y corrupción

A pesar de la niebla y la lluvia, desde el cielo del Arco Amazónico las carreteras que unen porciones de selva virgen, parches de deforestación y sabanas en las que pasta el ganado, parecen una gran telaraña. Sin embargo, en esta red de vías destapadas no hay conexión directa entre todos sus brazos, pues muchos tramos quedan inconclusos, abandonados en algún recodo endurecido de la selva. A esa ramificación de carreteras se le conoce como espina de pescado.

Su origen está en la vía que de San José del Guaviare conduce a El Retorno y Calamar, de la cual se desprenden las carreteras complementarias, muchas de ellas ilegales, que no cuentan con la planificación técnica que requiere un proyecto de esa naturaleza ni con el visto bueno de la ley. Paradójicamente, esa vía principal es el primer piloto de infraestructura verde vial del país, construida bajo condiciones especiales para proteger la fauna de la región y disminuir su impacto ambiental.

Gloria González, experta de la FCDS y quien ha dedicado al menos cuatro décadas al trabajo de conocer y proteger la Amazonía colombiana, explicó que el fenómeno de la espina de pescado es difícil de comprender, pues las vías en algunos casos son necesarias para el desarrollo y la supervivencia de las comunidades, pero en otros tienen conexión directa con delitos ambientales como el acaparamiento de tierras. Situación distinta para cultivos de uso ilícito, que no suelen tener empalme con estas carreteras, por estar estratégicamente ocultos en la selva.

“La vía San José del Guaviare – Calamar es de carácter nacional, producto de un proceso histórico de asentamiento de poblaciones y así funciona: se arranca una vía central y en la medida en la que se van poblando y ocupando territorios a lado y lado, se van abriendo las nuevas carreteras (...). Hoy en día, las espinas de pescado que se están generando con nuevas vías que se meten a la selva, no llevan a nada”, dijo González.

Señaló que la comunicación a través de estas carreteras carentes de planificación y licencias se da en zonas en las que no es posible la movilidad a través de ríos, caños y quebradas. De su desarrollo depende el cumplimiento de demandas y necesidades básicas de las comunidades, en términos de comercio e intercambio de productos, bienes y servicios para su supervivencia.

Lo preocupante del asunto, especialmente para organizaciones de protección ambiental y de cooperación internacional, es la falta de claridad sobre quiénes determinan la construcción de carreteras que cada vez obedecen más a grandes proyectos de deforestación y no a la dinámica de poblamiento campesino de la región. Según datos recopilados por la FCDS, solo entre 2018 y 2023 en los departamentos del Arco Amazónico se han construido 6.825 nuevos kilómetros de vías (legales e ilegales), siendo Guaviare el sitio con mayor aumento: pasó de tener 3.791 kilómetros a 6.486 kilómetros en ese lapso.

En los casos de Caquetá y la zona sur del Meta, las cifras solo están actualizadas hasta el año 2021. El primer departamento pasó de 3.602 kilómetros de vías en 2018, a 5.916 kilómetros en el año de corte. En el segundo se construyeron 1.908 kilómetros de carreteras, que se sumaron a los 13.141 kilómetros existentes en 2018. Solo en el Meta, la construcción de estas vías representó en gran parte la deforestación de 24.000 hectáreas de bosque en 2022, según la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena, (Cormacarena).

Le puede interesar: Disminuyó la deforestación en la Amazonia, pero los incendios aumentaron más del 150 %

Por su parte, la Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por la pérdida de al menos 54.2 millones de hectáreas de selva en los últimos años, lo que corresponde al menos al 9% de los bosques de la porción colombiana del Bioma Amazónico.

La situación afecta a por lo menos “cincuenta millones de personas, que incluyen a los miembros de poco más de 400 grupos étnicos, que ven amenazados sus derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad, como también ven en serios riesgos el derecho al medioambiente sano”. Según la entidad, la Amazonía ha concentrado históricamente entre el 65% y el 69% de la deforestación nacional, “con un incremento alarmante después del Acuerdo de Paz, firmado a finales del 2016″.

El procurador delegado Guerrero hizo también énfasis en la falta de datos actualizados por parte del IDEAM, entidad encargada de emitir la información al respecto. Además, anunció que la Procuraduría lanzará próximamente una herramienta propia de medición de deforestación, que ya se encuentra en etapa de pruebas.

Los corredores viales ilegales para los cuales se ha arrasado con la selva han servido para mover la coca que se produce en los departamentos del Arco Amazónico donde, según cifras de la FCDS, solo en 2022 se destinaron 4.485.54 hectáreas a ese cultivo.

La quema y la coca: el cáncer de la Amazonía

El Arco Amazónico se ve como un gran tapete de verdes que se traslapan. De repente, una carretera recta y de tierras rojizas rompe la panorámica, lo mismo que alguno de los tramos del río Guaviare, que abraza enormes porciones de selva en cada curva serpenteante. Algo similar sucede con los cultivos de coca: aparecen en sitios como las faldas de la Reserva Natural Nukak, en Guaviare; se identifican porque se pasa del espesor de la selva milenaria, a los parches con vegetación de mediana altura y de un verde claro que permite identificar las plantas de uso ilícito aún en la distancia.

Según información recopilada por la FCDS hasta el año 2022, los municipios de El Retorno y Miraflores (Guaviare), tuvieron el mayor aumento en la incidencia de cultivos de uso ilícito, con 2.191,8 y 1.115,9 hectáreas sembradas de coca. Seguidos por Mapiripán (Meta), con 445,79 hectáreas; y Cartagena del Chairá (Caquetá), con 433,88 hectáreas. En la lista se encuentran también los municipios de Calamar, Puerto Concordia y La Macarena, con cifras de 190,3; 30,87 y 77 hectáreas de cultivos de coca, en ese orden. La quema de bosques para esos cultivos es un motor de deforestación en crecimiento.

Al respecto, González aseguró que hay un vacío de información importante, pues no existen datos concretos sobre el comportamiento del cultivo de coca de los últimos dos años en la región. Por eso, destacó la importancia de verificar el cumplimiento del Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), que no solo tiene influencia sobre las dinámicas de la guerra y la paz en el territorio, también tiene implicaciones directas sobre la protección de zonas de interés ambiental como el Parque Nacional Tinigua (Meta), que, en palabras de la experta “está comido, es muy preocupante”.

La angustia generada por la situación ha llevado a que incluso la Defensoría del Pueblo lanzara una alerta temprana el pasado 19 de marzo, por la influencia de grupos armados como las disidencias de las FARC en las amenazas a líderes ambientales y las disputas por el control territorial en Parques Nacionales Naturales de Putumayo y Caquetá, para el cultivo de coca. Su accionar en la región se ha traducido en lo que González y el procurador delegado Guerrero coinciden en denominar como una “instrumentalización de la población”.

“El problema es la falta de presencia y de acción concreta del Estado. Nosotros hemos acompañado el esfuerzo del Gobierno Nacional para detener el fenómeno de la deforestación, para brindar soluciones a los campesinos que son instrumentalizados por los actores criminales detrás de este tipo de actuaciones”, dijo el funcionario.

Lo propio señaló la experta de la FCDS sobre los “proyectos de control territorial” de la Amazonía, en los cuales presuntamente habría participación de quienes poseen el músculo financiero para movilizar campañas de deforestación masivas y de quienes detentan el poder local y que son, en sus palabras “los ojos que no ven o que se tapan para no ver lo que está pasando, ya sea por miedo o porque hay recursos que suman para ellos. No es un actor institucional, son varios los que en la cadena pueden estar involucrados”.

Lea también: En video: así se ve desde el aire cómo avanza la deforestación en la Amazonía

Según el último informe realizado por el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), dado a conocer en septiembre de 2023, en Colombia se sembraron 230.000 hectáreas de coca en 2022, con un incremento del 13% con relación al año anterior. De esta cifra, el 49% se concentró en zonas de protección ambiental, con especial incidencia en los Parques Nacionales Naturales La Paya (Putumayo) y Paramillo (Córdoba). A nivel global, el país concentró entre el 60% y el 70% de los cultivos de coca del mundo.

Los resultados de las campañas de dominación de la selva son cada vez más preocupantes: un aumento a simple vista de los parches de bosque afectado, sobre los cuales se espera que pronto salgan a la luz pública las cifras oficiales más actualizadas. Solo la Reserva Indígena Nukak acumuló entre 2022 y 2023 el 59% de la pérdida de bosques registrada en los 55 resguardos que conforman el Arco Amazónico, sumada a una dinámica creciente del despojo de tierras.

En el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, la FCDS registró la pérdida de 289 hectáreas de bosque en el mismo lapso. En cuanto a datos actualizados al año 2024 con relación a la quema de bosques, la organización identificó que en los meses de enero, febrero y marzo se perdieron 42.254, 93.193 y 29.224 hectáreas de selva, respectivamente.

Los municipios de San Vicente del Caguán (42.225,02 hectáreas), San José del Guaviare (27.499,74 hectáreas) y La Macarena (26.964,95 hectáreas) acumularon la mayor cantidad de zonas de bosque quemado para el desarrollo de actividades como la ganadería. Desde la distancia, las zonas en las que la mancha café y negra de los árboles hechos cenizas se choca con el verde de la selva que resiste, es evidente.

Mandatarios locales no responden

De lejos, la Amazonía parece una zona dejada de la mano de Dios y del gobierno. Los 398 kilómetros que separan a San José del Guaviare de Bogotá son suficientes para que la presencia del Estado no sea la esperada, como lo dijo el procurador delegado. El poder central no parece estar actuando de la forma deseada y “preocupa la pasividad en la aplicación de las medidas” por parte de las entidades del orden local.

Con el objetivo de poner la deforestación en el centro de las discusiones políticas regionales, la Procuraduría envió el pasado 8 de marzo su circular número 2, dirigida a “gobernadores y alcaldes con jurisdicción en la región Amazónica colombiana”. El documento da a los mandatarios la indicación de incluir en sus planes de desarrollo once actos administrativos relacionados con el control de motores de deforestación y el fortalecimiento institucional. Hasta el 30 de mayo, los funcionarios deben enviar a la entidad un informe detallado de las acciones adelantadas en el marco de la circular.

Al respecto, el procurador delegado destacó que ya cinco municipios del Arco Amazónico acataron la directriz de la institución e hizo un llamado para que las acciones no solo queden en el documento que guiará a las administraciones en los próximos tres años y medio, sino también que se incluyan dentro de los presupuestos los recursos necesarios para que sean ejecutadas: “lo que buscamos es que presupuestalmente haya una apropiación de los recursos y un compromiso en las acciones de los planes de desarrollo departamentales y municipales”.

Lo mismo en la escala nacional, con un llamado similar para el cumplimiento de las obligaciones del Estado con el medio ambiente. “En su momento instamos a los Ministerios de Ambiente y Hacienda a que se incorporaran en el Plan Nacional de Desarrollo los recursos para dar cumplimiento a varias sentencias judiciales. Finalmente, se obtuvo la disposición de recursos para dar cumplimiento a la Sentencia T-622 del río Atrato, pero lamentablemente hay muchas más —del río Cauca, del Páramo de Santurbán y del Parque de los Nevados— que no tienen una apropiación de recursos”, dijo Guerrero.

El Espectador intentó contactar a los gobernadores de los departamentos del Meta, Rafaela Cortés; Caquetá, Luis Francisco Ruiz; y Guaviare, Yeison Rojas, para conocer cómo se incorporó la directriz de la Procuraduría en la construcción de sus planes de desarrollo y la forma en la que perciben el asunto del acaparamiento de tierras y la deforestación en sus jurisdicciones. Sin embargo, no fue posible establecer comunicación.

Al tiempo que la avioneta se alejaba de las sabanas pobladas de árboles y ganado en Mapiripán (Meta), último punto del sobrevuelo, Gloria González señalaba sus mayores preocupaciones frente a la Amazonía: los Parques Nacionales Naturales Tinigua y Serranía de Chiribiquete, con enormes ojos de deforestación y zonas quemadas en su superficie; el río Puré, contaminado por la minería ilegal y de aluvión, y la limitada “capacidad de gobernanza”, que afecta a la región.

Mientras tanto, la vida en otros lugares continúa sin sobresaltos aparentes por lo que sucede en una selva que contiene entre 90 y 140 mil millones de toneladas métricas de carbono y que se pierde a cuentagotas.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; lduarte@elespectador.com; o lperalta@elespectador.com.