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Procuraduría radica proyecto para reformar el Código General Disciplinario

La iniciativa tiene tres ejes: ampliar las facultades jurisdiccionales del Ministerio Público; tener funcionarios diferentes por cada fase de investigación; y crear una sala especial que permita la doble instancia.

25 de marzo de 2021 - 08:21 p. m.
El proyecto, de acuerdo a la procuradora Cabello, responde al fallo de la CIDH por el caso de la destitución de Gustavo Petro.
El proyecto, de acuerdo a la procuradora Cabello, responde al fallo de la CIDH por el caso de la destitución de Gustavo Petro.
Foto: Cortesía
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Este jueves, la Procuraduría radicó ante el Congreso un proyecto para reformar el Código General Disciplinario, que es el cuerpo normativo que sienta las bases para comenzar los procesos contra servidores públicos. La iniciativa llega con tres frentes.

Para contexto: Así actuará la Procuraduría tras el fallo de la Corte IDH por el caso Petro.

Con el primero se busca ampliar las facultades jurisdiccionales en cuanto a la tarea disciplinaria del Ministerio Público, “lo que permitirá actuar como juez en los casos que impliquen sanciones como destitución o inhabilidad”, explica la entidad.

En segundo lugar, el proyecto propone que, en las dos fases de investigación de un caso, las pesquisas y juzgamientos, intervengan funcionarios diferentes, para que no sean las mismas personas que hagan esas dos funciones.

Por último, la iniciativa pretende que se crea una sala especial de juzgamiento para situaciones que se eleven a la doble instancia. Este tema responde a uno de los propósitos del proyecto, el de la impugnación, que estaba preparando Fernando Carrillo antes de dejar el Ministerio Público para cumplir con el fallo en contra del Estado dado por la Corte Interamericana de Derechos Humana en el marco del caso de la destitución de Gustavo Petro como alcalde de Bogotá.

Lea: Procuraduría tiene listo proyecto para atender fallo de la Corte IDH por caso Petro.

Para la actual procuradora, Margarita Cabello, “el presente proyecto fortalece y profundiza las garantías constitucionales ya existentes para los disciplinados, propugnando por la autonomía e independencia de los servidores públicos que tendrán a cargo en lo sucesivo los procesos disciplinarios, cumpliendo así con los estándares internacionales, contenidos en la decisión proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

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