Prohíben a la UNP negar recursos para desplazamientos de senador de Comunes
Un juez falló una tutela a favor del senador Carlos Antonio Lozada, logrando que la UNP se abstenga de impedir los desplazamientos de su esquema de seguridad por falta de presupuesto. Instó a que a la entidad se le aumente su presupuesto.
Menos de 24 horas después de que el partido político Comunes –nacido del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la otrora guerrilla de las Farc–, reclamó que han sufrido restricciones de movilidad y que les han negado las misiones de los esquemas de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP), este domingo se conoció un fallo de tutela a favor del senador Carlos Antonio Lozada, que le prohíbe a esa entidad negar recursos para su esquema de seguridad.
En contexto: “Gobierno Duque sabotea nuestra actividad política”: Partido Comunes
En el recurso se tuteló el derecho a la vida e integridad personal del parlamentario, quien reivindicó su condición de firmante del Acuerdo de Paz, de persona en proceso de reincorporación y militante del partido Comunes. De hecho, el juez del caso determinó que Lozada ha sido “puesto en peligro” por la UNP.
Por ello, se le ordena al director de la entidad, Alfonso Campo Martínez, que en las futuras solicitudes de desplazamientos “le sean autorizados los recursos económicos que requiera su actual esquema de seguridad, prohibiéndole a la UNP negar las mismas por falta de presupuesto”.
En el fallo se advierte que, en caso de incumplimiento, el director de la UNP o quien haga sus veces se podrá enfrentar a la sanción de arresto y multa por desacato judicial, así como una investigación penal por el delito de fraude a resolución judicial.
Por otro lado, en la tutela se le ordena al director de la UNP que adelante las debidas gestiones para lograr que se incremente el presupuesto anual de la entidad, “con el fin de, por lo menos, dar cabal cumplimiento a este fallo de tutela”.
En el mismo recurso se negó, por falta de competencia, uno de los reclamos de Lozada, que pedía que se declarara un estado de cosas inconstitucionales frente a los atentados que están sufriendo los excombatientes acogidos al Acuerdo de Paz y líderes sociales en proceso de reincorporación.
Apenas este sábado el partido político Comunes reclamó que el gobierno de Iván Duque “sabotea” su actividad política. Así lo alertó la bancada legislativa de la colectividad, que insistió, ante la comunidad nacional e internacional, “la flagrante y continuada violación” por parte del Ejecutivo a lo acordado en La Habana (Cuba), “en particular todos los puntos referidos a las garantías de seguridad para quienes lo firmamos”.
Según los parlamentarios, la forma utilizada es la negación sistemática, “con diferentes pretextos”, de misiones de los esquemas de seguridad por parte de la UNP. “Esta realidad coloca a quienes firmamos la paz en inminente riesgo, en un contexto de constantes asesinatos, masacres y de la estigmatización contra integrantes de nuestra colectividad, precisamente por la no implementación de lo pactado”, alegaron.
Para el partido, lo que se busca es inmovilizarlos, excluirlos del debate político y aislarlos de la lucha social. Por ello, exigieron al gobierno Duque garantías de seguridad, “porque con escoltas o sin ellos, seguiremos cumpliendo con nuestro compromiso de trabajar por la construcción de la paz estable y duradera en todo el territorio nacional”.
Menos de 24 horas después de que el partido político Comunes –nacido del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la otrora guerrilla de las Farc–, reclamó que han sufrido restricciones de movilidad y que les han negado las misiones de los esquemas de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP), este domingo se conoció un fallo de tutela a favor del senador Carlos Antonio Lozada, que le prohíbe a esa entidad negar recursos para su esquema de seguridad.
En contexto: “Gobierno Duque sabotea nuestra actividad política”: Partido Comunes
En el recurso se tuteló el derecho a la vida e integridad personal del parlamentario, quien reivindicó su condición de firmante del Acuerdo de Paz, de persona en proceso de reincorporación y militante del partido Comunes. De hecho, el juez del caso determinó que Lozada ha sido “puesto en peligro” por la UNP.
Por ello, se le ordena al director de la entidad, Alfonso Campo Martínez, que en las futuras solicitudes de desplazamientos “le sean autorizados los recursos económicos que requiera su actual esquema de seguridad, prohibiéndole a la UNP negar las mismas por falta de presupuesto”.
En el fallo se advierte que, en caso de incumplimiento, el director de la UNP o quien haga sus veces se podrá enfrentar a la sanción de arresto y multa por desacato judicial, así como una investigación penal por el delito de fraude a resolución judicial.
Por otro lado, en la tutela se le ordena al director de la UNP que adelante las debidas gestiones para lograr que se incremente el presupuesto anual de la entidad, “con el fin de, por lo menos, dar cabal cumplimiento a este fallo de tutela”.
En el mismo recurso se negó, por falta de competencia, uno de los reclamos de Lozada, que pedía que se declarara un estado de cosas inconstitucionales frente a los atentados que están sufriendo los excombatientes acogidos al Acuerdo de Paz y líderes sociales en proceso de reincorporación.
Apenas este sábado el partido político Comunes reclamó que el gobierno de Iván Duque “sabotea” su actividad política. Así lo alertó la bancada legislativa de la colectividad, que insistió, ante la comunidad nacional e internacional, “la flagrante y continuada violación” por parte del Ejecutivo a lo acordado en La Habana (Cuba), “en particular todos los puntos referidos a las garantías de seguridad para quienes lo firmamos”.
Según los parlamentarios, la forma utilizada es la negación sistemática, “con diferentes pretextos”, de misiones de los esquemas de seguridad por parte de la UNP. “Esta realidad coloca a quienes firmamos la paz en inminente riesgo, en un contexto de constantes asesinatos, masacres y de la estigmatización contra integrantes de nuestra colectividad, precisamente por la no implementación de lo pactado”, alegaron.
Para el partido, lo que se busca es inmovilizarlos, excluirlos del debate político y aislarlos de la lucha social. Por ello, exigieron al gobierno Duque garantías de seguridad, “porque con escoltas o sin ellos, seguiremos cumpliendo con nuestro compromiso de trabajar por la construcción de la paz estable y duradera en todo el territorio nacional”.