Promueven ley para defender derechos laborales de empleadas domésticas

Las representantes a la Cámara Ángela Robledo y Angélica Lozano, y la senadora Claudia López, de la Alianza Verde, en coordinación con la Unión de Trabajadoras Afro del Servicio Doméstico (UTRASD), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), la Fundación Bien Humano y la Escuela Nacional Sindical (ENS), convocan a la Audiencia Pública: Prima para Trabajadoras y Trabajadores del Servicio Doméstico, con el fin de reivindicar los derechos laborales de cerca de un millón de mujeres urbanas del país.

Las congresistas verdes lideran en el Congreso el mandato de la Corte Constitucional de reconocer el derecho a la prima de la empleadas domésticas recogida en la Sentencia C-871 de 2014 que insta al Congreso y al Gobierno a avanzar en el reconocimiento de esta desigualdad, en desarrollo del cual presentaron el proyecto de ley 199 de 2015, pendiente de trámite.

El objetivo del encuentro es trazar la ruta para avanzar en los compromisos de las diferentes instituciones frente a la garantía de los derechos laborales, sobre todo de las mujeres que realizan esta labor de cuidado. Por ejemplo, se requiere que el Ministerio del Trabajo gestione la formalización laboral de las empleadas, así como las medidas efectivas de protección, acceso a la justicia y eliminación de la violencia y la discriminación.

En el encuentro, la Escuela Nacional Sindical (ENS) presentará los hallazgos de la investigación Barriendo la Invisibilidad; los Centros de Atención Laboral (CAL) harán un balance de los casos atendidos en el 2014 para la protección de derechos de trabajadoras y trabajadores domésticos; ONU Mujeres mostrará su visión de la primacomo avance en la búsqueda de la equidad de género; y la Unión de Trabajadoras Afro del Servicio Doméstico (Utrasd) dará testimonio de dos años de trabajo sindical en medio de la adversidad económica y social.

De las más de 700.000 trabajadoras domésticas que registran las estadísticas, se estima que apenas unas 8.000 cuentan con contrato de trabajo escrito, de igual forma la protección social es una excepción.

En Colombia el trabajo doméstico está signado por la exclusión y la desigualdad teniendo en cuenta que un gran porcentaje de las trabajadoras domésticas del país han sido víctimas del conflicto armado, sufriendo desplazamiento, violencia sexual y ausencia de oportunidades en la garantía y el acceso a salud y educación.

De acuerdo con una investigación realizada en Medellín en 2012:

El 98 % tiene hijos, y son madres solteras o separadas, cabeza de familia.
El 86 % tiene contrato verbal.
El 52 % trabaja por días en diferentes hogares, el 26 % son internas.
El 48 % pertenece al estrato uno, el 40.5% al estrato dos.
El 91% de las internas trabajan entre 10 y 18 horas diarias, el 89 % de las externas trabajan entre 9 y 10 horas. 
No reciben pago por horas extras en el 90.5 % de los casos.
El 61.9 % recibe mensualmente entre $300.000 y $566.000. El 21.4 % entre $100.000 y $300.000, y el 2.4% entre $50.000 y $150.000 (cifras de 2012).
El 21 % está afiliada a pensiones; el 50% de las afiliadas a salud lo están en régimen subsidiado y el resto en el contributivo como beneficiarias. El 64 % no está afiliado a riesgos laborales.
El 55 % ha sufrido discriminación racial. 

Las representantes a la Cámara Ángela Robledo y Angélica Lozano, y la senadora Claudia López, de la Alianza Verde, en coordinación con la Unión de Trabajadoras Afro del Servicio Doméstico (UTRASD), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), la Fundación Bien Humano y la Escuela Nacional Sindical (ENS), convocan a la Audiencia Pública: Prima para Trabajadoras y Trabajadores del Servicio Doméstico, con el fin de reivindicar los derechos laborales de cerca de un millón de mujeres urbanas del país.

Las congresistas verdes lideran en el Congreso el mandato de la Corte Constitucional de reconocer el derecho a la prima de la empleadas domésticas recogida en la Sentencia C-871 de 2014 que insta al Congreso y al Gobierno a avanzar en el reconocimiento de esta desigualdad, en desarrollo del cual presentaron el proyecto de ley 199 de 2015, pendiente de trámite.

El objetivo del encuentro es trazar la ruta para avanzar en los compromisos de las diferentes instituciones frente a la garantía de los derechos laborales, sobre todo de las mujeres que realizan esta labor de cuidado. Por ejemplo, se requiere que el Ministerio del Trabajo gestione la formalización laboral de las empleadas, así como las medidas efectivas de protección, acceso a la justicia y eliminación de la violencia y la discriminación.

En el encuentro, la Escuela Nacional Sindical (ENS) presentará los hallazgos de la investigación Barriendo la Invisibilidad; los Centros de Atención Laboral (CAL) harán un balance de los casos atendidos en el 2014 para la protección de derechos de trabajadoras y trabajadores domésticos; ONU Mujeres mostrará su visión de la primacomo avance en la búsqueda de la equidad de género; y la Unión de Trabajadoras Afro del Servicio Doméstico (Utrasd) dará testimonio de dos años de trabajo sindical en medio de la adversidad económica y social.

De las más de 700.000 trabajadoras domésticas que registran las estadísticas, se estima que apenas unas 8.000 cuentan con contrato de trabajo escrito, de igual forma la protección social es una excepción.

En Colombia el trabajo doméstico está signado por la exclusión y la desigualdad teniendo en cuenta que un gran porcentaje de las trabajadoras domésticas del país han sido víctimas del conflicto armado, sufriendo desplazamiento, violencia sexual y ausencia de oportunidades en la garantía y el acceso a salud y educación.

De acuerdo con una investigación realizada en Medellín en 2012:

El 98 % tiene hijos, y son madres solteras o separadas, cabeza de familia.
El 86 % tiene contrato verbal.
El 52 % trabaja por días en diferentes hogares, el 26 % son internas.
El 48 % pertenece al estrato uno, el 40.5% al estrato dos.
El 91% de las internas trabajan entre 10 y 18 horas diarias, el 89 % de las externas trabajan entre 9 y 10 horas. 
No reciben pago por horas extras en el 90.5 % de los casos.
El 61.9 % recibe mensualmente entre $300.000 y $566.000. El 21.4 % entre $100.000 y $300.000, y el 2.4% entre $50.000 y $150.000 (cifras de 2012).
El 21 % está afiliada a pensiones; el 50% de las afiliadas a salud lo están en régimen subsidiado y el resto en el contributivo como beneficiarias. El 64 % no está afiliado a riesgos laborales.
El 55 % ha sufrido discriminación racial.