Proponen acabar con posibilidad de congresistas de renunciar para “escoger juez”

El expresidente y exsenador Álvaro Uribe fue uno de los que volvió a recurrir a la renuncia de su curul con la intención de que un proceso en su contra pasara de la Corte Suprema de Justicia a la justicia ordinaria, lo que implica que la investigación y acusación quedara en manos de la Fiscalía. La acción, catalogada como jugadita, fue seguida por otros congresistas procesados, que recurrieron a la misma medida para pasar a una jurisdicción que consideran menos rigurosa.

Algunos tuvieron el mismo resultado del expresidente, y lograron que sus casos pasaran a las dependencias del fiscal Francisco Barbosa, mientras que, en otras situaciones, la Corte determinó que mantenía competencia, debido a que los cargos eran relacionados con la labor de congresista de algunos de los procesados. Más allá de los resultados, la acción fue considerada por algunos sectores como una trampa a la ley, pues los procesados se daban el lujo de escoger el juez que más les convenía.

Puede ver: Renunciar a la curul: ¿un intento por escoger juez?

Bajo esa premisa, al Congreso llegó un proyecto que busca frenar en seco este tipo de acciones. De la autoría del representante David Racero, la iniciativa es bastante concisa, apenas cuenta con dos artículos y ocupa menos de media página, pero acabaría de raíz la conducta de algunos congresistas de renunciar para que sus procesos lleguen a la Fiscalía, que para algunos sectores es considerada como más favorable con los procesados.

El proyecto de acto legislativo solo busca agregar un parágrafo al artículo que define la atribución de la Corte Suprema, en el que se define que esta instancia es la encargada de hacer la instrucción y el juzgamiento de los ciudadanos con fuero de congresistas. “En relación con los congresistas, la Corte Suprema mantendrá su competencia para investigarles y juzgarles aun cuando se trate de hecho ocurridos con anterioridad a su investidura, que no tengan relación con sus funciones congresionales, aunque estos renuncien a su curul de manera anticipada”, reza la propuesta del representante Racero.

Vale recordar que el ordenamiento actual contempla que el alto tribunal continúe con un proceso de un congresista, así este renuncie o termine su periodo, cuando los cargos son relacionados con la labor legislativa. Mientras que estos pasan a la justicia ordinaria cuando las acciones investigadas no tienen relación alguna con el cargo de congresista. Sin embargo, este proyecto buscaría acabar con esta distinción, haciendo que los casos quedaran siempre en la Corte, lo que, en teoría, pondría un freno a la práctica de huirle a la Corte renunciando al fuero que les corresponde por ser congresistas.

Puede ver: Proceso del excongresista José Caicedo pasará de la Corte Suprema a la Fiscalía

Para la realización de este proyecto de acto legislativo, el representante Racero se basó en un artículo del exmagistrado de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández. En este, el extogado expresa que el fuero de los congresistas es un intento por garantizar la independencia de los legisladores al ser juzgados por la instancia máxima de la justicia, y al mismo tiempo acabar con figuras tan nocivas como la inmunidad parlamentaria.

Además, señaló que los congresistas saben desde el principio que su juez natural es la Corte Suprema, por lo que no debería cambiarse de competencia con la renuncia a la curul. Además, que de ninguna manera se debe permitir que un ciudadano, cualquiera que sea, escoja su propio juez o lo cambie para escoger uno de su conveniencia.

Además, señaló que la conveniencia de este tipo de iniciativas radica en que nuevamente los congresistas están intentando escapar de la jurisdicción de la Corte cuando se ven procesados por ella, recurriendo a figuras que sirvieron para que los parapolíticos intentaran escaparse de ser procesados por la Corte Suprema.

Lea también: El contrato que tiene en líos al congresista José Edilberto Caicedo

Y es que no solo ha sido solo el expresidente Álvaro Uribe el que ha recurrido a este tipo de acciones. Desde 2018, en el listado de congresistas que han renunciado para saltarse la jurisdicción de la Corte incluye nombres como Eduardo Pulgar, condenado por intentar sobornar a un juez; Álvaro Hernán Prada, otro de los miembros del Centro Democrático vinculado al caso Uribe; José Caicedo, procesado por supuestas irregularidades en la contratación cuando fue alcalde de Zipaquirá; y Richard Aguilar, investigado por posibles actos de corrupción cuando fue gobernador de Santander.

De este último listado, el resultado de la acción ha estado muy parejo. En el caso de Caicedo y Aguilar, la Corte perdió su competencia y remitió los dosieres a la Fiscalía. En cambio, en los procesos contra Prada y Pulgar, el alto tribunal expresó que mantenía los casos en su jurisdicción bajo el argumento de que sí tenían relación con su labor de congresistas.

El expresidente y exsenador Álvaro Uribe fue uno de los que volvió a recurrir a la renuncia de su curul con la intención de que un proceso en su contra pasara de la Corte Suprema de Justicia a la justicia ordinaria, lo que implica que la investigación y acusación quedara en manos de la Fiscalía. La acción, catalogada como jugadita, fue seguida por otros congresistas procesados, que recurrieron a la misma medida para pasar a una jurisdicción que consideran menos rigurosa.

Algunos tuvieron el mismo resultado del expresidente, y lograron que sus casos pasaran a las dependencias del fiscal Francisco Barbosa, mientras que, en otras situaciones, la Corte determinó que mantenía competencia, debido a que los cargos eran relacionados con la labor de congresista de algunos de los procesados. Más allá de los resultados, la acción fue considerada por algunos sectores como una trampa a la ley, pues los procesados se daban el lujo de escoger el juez que más les convenía.

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Bajo esa premisa, al Congreso llegó un proyecto que busca frenar en seco este tipo de acciones. De la autoría del representante David Racero, la iniciativa es bastante concisa, apenas cuenta con dos artículos y ocupa menos de media página, pero acabaría de raíz la conducta de algunos congresistas de renunciar para que sus procesos lleguen a la Fiscalía, que para algunos sectores es considerada como más favorable con los procesados.

El proyecto de acto legislativo solo busca agregar un parágrafo al artículo que define la atribución de la Corte Suprema, en el que se define que esta instancia es la encargada de hacer la instrucción y el juzgamiento de los ciudadanos con fuero de congresistas. “En relación con los congresistas, la Corte Suprema mantendrá su competencia para investigarles y juzgarles aun cuando se trate de hecho ocurridos con anterioridad a su investidura, que no tengan relación con sus funciones congresionales, aunque estos renuncien a su curul de manera anticipada”, reza la propuesta del representante Racero.

Vale recordar que el ordenamiento actual contempla que el alto tribunal continúe con un proceso de un congresista, así este renuncie o termine su periodo, cuando los cargos son relacionados con la labor legislativa. Mientras que estos pasan a la justicia ordinaria cuando las acciones investigadas no tienen relación alguna con el cargo de congresista. Sin embargo, este proyecto buscaría acabar con esta distinción, haciendo que los casos quedaran siempre en la Corte, lo que, en teoría, pondría un freno a la práctica de huirle a la Corte renunciando al fuero que les corresponde por ser congresistas.

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Para la realización de este proyecto de acto legislativo, el representante Racero se basó en un artículo del exmagistrado de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández. En este, el extogado expresa que el fuero de los congresistas es un intento por garantizar la independencia de los legisladores al ser juzgados por la instancia máxima de la justicia, y al mismo tiempo acabar con figuras tan nocivas como la inmunidad parlamentaria.

Además, señaló que los congresistas saben desde el principio que su juez natural es la Corte Suprema, por lo que no debería cambiarse de competencia con la renuncia a la curul. Además, que de ninguna manera se debe permitir que un ciudadano, cualquiera que sea, escoja su propio juez o lo cambie para escoger uno de su conveniencia.

Además, señaló que la conveniencia de este tipo de iniciativas radica en que nuevamente los congresistas están intentando escapar de la jurisdicción de la Corte cuando se ven procesados por ella, recurriendo a figuras que sirvieron para que los parapolíticos intentaran escaparse de ser procesados por la Corte Suprema.

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Y es que no solo ha sido solo el expresidente Álvaro Uribe el que ha recurrido a este tipo de acciones. Desde 2018, en el listado de congresistas que han renunciado para saltarse la jurisdicción de la Corte incluye nombres como Eduardo Pulgar, condenado por intentar sobornar a un juez; Álvaro Hernán Prada, otro de los miembros del Centro Democrático vinculado al caso Uribe; José Caicedo, procesado por supuestas irregularidades en la contratación cuando fue alcalde de Zipaquirá; y Richard Aguilar, investigado por posibles actos de corrupción cuando fue gobernador de Santander.

De este último listado, el resultado de la acción ha estado muy parejo. En el caso de Caicedo y Aguilar, la Corte perdió su competencia y remitió los dosieres a la Fiscalía. En cambio, en los procesos contra Prada y Pulgar, el alto tribunal expresó que mantenía los casos en su jurisdicción bajo el argumento de que sí tenían relación con su labor de congresistas.