Escribo esta nota en El Espectador porque espero llegue al Estado y a los empresarios. El tema es las inversiones forzosas. Considero muy significativo que este tema nos haya llamado al diálogo, pues este país lo construiremos entre todos o no habrá futuro estable para nadie. Y pienso que ambas partes tienen razones válidas y no válidas. Aporto una reflexión económica.
Pero no me inspira ni el interés de hacer negocios personales ni el de hacer política con nadie. La traigo, porque hay diez millones de sobrevivientes, entre ellos más de un millón de huérfanos, por el conflicto armado interno, más de siete millones de desplazados, más de ciento veinte mil desaparecidos, más de cincuenta mil familias que sufrieron el secuestro. Pongo por delante a las víctimas, en esta conversación que ha de ser de racionalidad económica, porque en Colombia estamos atrapados en un caos sobre el cual hemos construido instituciones y empresas significativas, pero mientras la tragedia humana continúe, no habrá modelo económico ni presidente que nos saque de una situación de desequilibrios inmensamente inestables que no les han permitido, a las potencialidades de este país, tener la calidad de vida que todas y todos nos merecemos en medio de tanta riqueza humana y de naturaleza.
El Estado tiene la razón cuando fuerza a elevar la inversión formal en los sectores populares de la economía. Llámense clase media baja o estratos 1, 2 y 3, campesinos, Afrocolombianos o indígenas, o el mundo de la economía informal. Allí está el 60 % de la capacidad productiva y cultural del país. Si ese inmenso potencial humano fuera incorporado a la producción formal, la demanda agregada podría hacer de este país una España, o una Suecia, o un Japón. Allí está la Colombia excluida. Allí está igualmente el terreno donde empresarios criminales (por supuesto que son grandes empresarios los que hacen esto) incorporan en mercados ilegales a la creatividad inmensa de los que han sido dejados por fuera de la formalidad y les ofrecen cómo producir y ganar. Allí se acogen millones de colombianos en los riesgos mortales del contrabando, los cultivos de coca y de marihuana, el transporte de droga, el microtráfico, el oro de retroexcavadoras, la corrupción de los administradores públicos y de los políticos con cheques por debajo de la mesa, la extorsión y la ilegalidad. Un mundo donde no se pagan impuestos. La demanda agregada de Colombia, incierta y herida, en una proporción muy significativa, surge de lo que generan estos negocios. Y esa economía financia la guerra y se cobra un costo humano de millones de víctimas, y mantiene contra la pared cualquier intento de equilibrio en nuestros mercados. Por eso hay que gastar tanto dinero en seguridad, en ejército y policía, y en más de 500 mil guardias privados.
El Estado tiene la razón al forzar la inversión en estos sectores. Allí está el gran capital de Colombia. Su gente. Y la hemos dejado por fuera. Les hemos convertido en un obstáculo, en amenaza y peligro, cuando son los verdaderos amigos, y la auténtica seguridad en esta comunidad que nos tocó de Dios. Tan lejos estamos de incorporar a esta juventud popular, que los jóvenes de los estratos 5 y 6 prefieren irse del país a buscar otras juventudes con quienes hacer vida porque no hay con quién aquí. Los empresarios, reunidos en los gremios y, sobre todo, los líderes de las magníficas grandes empresas que tiene el país, tienen la razón cuando piensan que hacer inversiones forzosas a través del Estado en sus diversas modalidades no garantiza el que al elevarse la inversión se dispare la producción y se logre la incorporación formal de los excluidos a una disciplina empresarial justa, alegre y eficiente. Tienen, además, razón en pensar que los dineros que le entreguen al Estado van a rentar muy poco y pueden perderse, y que esto limitará la masa de crédito que se requiere para proyectos realmente eficientes y que, por tanto, se subirá el costo del dinero.
Este miedo de los empresarios es bien fundado. Los que hemos trabajado generando empresas sostenibles en el mundo popular sabemos que el Estado no sabe hacer empresas. Lo que le corresponde al Estado es orientar la producción nacional a producir la vida querida por todos los colombianos y colombianas, y hacerlo de tal manera que se incorpore a toda la población, y que, además de generar para todos el ingreso indispensable para vivir bien en un mundo de mercado, se generen excedentes de exportación de alta calidad. Una producción capaz también de allegar los bienes y servicios que en un mercado internacional abierto requerimos en Colombia. Le corresponde al Estado el que los bienes que se merece la gente por ser gente (merit goods) los puedan tener todas y todos en Colombia, independientemente de si tienen o no capacidad para comprarlos, entiéndase: salud, comida, educación, vejez asegurada, seguridad… Al Estado le corresponde gobernar el bien común, pero no le corresponde hacer empresas. No lo sabe hacer. Y cuando lo hace, lo normal es que dañe las empresas y deje de hacer lo que le corresponde: gobernar a todos los niveles. Tampoco los bancos privados o públicos saben hacer empresas, ni las saben hacer las cooperativas de ahorro y crédito. Saben administrar el dinero. Pero hacer empresa es otra cosa.
Los empresarios tienen la razón en pensar que si las inversiones forzadas son para ir al APRE y a los bancos del Estado de manera que allí se decida a qué personas va este dinero en préstamos baratos, dejando la confianza en la buena voluntad de la gente, el riesgo de perder el dinero es inmenso. Es imposible establecer el porcentaje exacto, pero cerca del 70 % de las empresas familiares o pequeñas que se crean todos los días en el sector informal fracasan en el primer semestre. Esto lo sabemos los que hemos estado acompañando empresas en los sectores populares.
Lo saben, horrorosamente, los grandes empresarios de la economía criminal. Los sectores populares tienen creatividad, agilidad, disciplina y capacidad de riesgo y de calidad, cuando entran en procesos productivos acompañados por empresarios socios que comparten riesgos, les enseñan el camino, los ponen en marcha, y van con ellos. Hay muchos y muy buenos empresarios en la economía formal en el país.
Pero, con pocas excepciones, las empresas en los distintos sectores se han resistido a dar este paso que significa entrar como socios del recurso humano de los grandes barrios populares, los pueblos indígenas y Afro y el campesinado. Tienen fundaciones para hacer solidaridad empresarial, pero no comparten de igual a igual iniciativas y riesgos con la gente. Creo que no lo hacen, por ignorancia y por miedo.
Por eso lo que propongo tampoco es hacer obras por impuestos, que son obras que hacen las empresas en las comunidades, y hay muy buenas razones para que estas obras sigan creciendo. Tampoco se trata de que las empresas exitosas pongan plantas en los barrios populares, o de que hagan proyectos agroindustriales de propiedad de la empresa para crear empleo. Se trata de participar como socios de capital, tecnología y mercados, con emprendedores populares y del campo, formales o informales, en procesos productivos donde las empresas tienen el know-how y tienen las conexiones de los negocios. Se trata de garantizar la apropiación por parte de los nuevos empresarios, socios populares y campesinos, de la experticia administrativa, técnica y financiera que posee la empresa mediana o grande. Se trata de compartir riesgos y ganancias, hasta que las empresas populares así iniciadas vuelen solas, o conformen con las empresas que les ayudaron a nacer y crecer, conglomerados de alta productividad.
Tampoco se trata de los fondos de garantías, en los que el Estado asegura que no van a perder su dinero los que ponen capital en instituciones públicas que van a prestar a los sectores populares. Aunque combinar la decisión empresarial de invertir directamente como socios en empresas populares, como se propone aquí, puede tener un apoyo importante en fondos de garantías. Por tanto, combinar las dos cosas, riesgos empresariales y garantías estatales es una buena idea. Un buen número de países en el oriente, y también los escandinavos, hace tiempos hicieron este proceso basado en la confianza y el respeto por su gente. Nosotros nos quedamos frenados con un mercado legal restringido y un mercado informal e ilegal lleno de riesgos.
El tema tiene, además, dos asuntos que requieren cada uno un artículo como este. El primero es la articulación entre Estado y empresarios, para que la política de inversión forzada, de la manera planteada aquí, vaya de la mano y respete los tiempos del ciclo del proceso productivo, que es un ciclo natural de las empresas, distinto de la teoría de los ciclos macroeconómicos.
En los momentos de aceleración en la producción de las empresas intensivas en capital, por razones nacionales e internacionales, el crecimiento necesita absorber grandes cantidades de ahorro y esto afecta la producción en los sectores intensivos en mano de obra, disminuye la capacidad de demanda en estos sectores, sean formales o informales, y puede generar inequidad. En esa etapa del ciclo empresarial se producen grandes excedentes que no pueden invertirse en el mismo negocio dentro del país, por las limitaciones del mercado y el tope tecnológico al que se llega. Es el momento de convertir estos excedentes extraordinarios en “ahorro para la inversión forzosa”, e invertirlos en los sectores intensivos en mano de obra en la expansión de las empresas, y en la creación de nuevas empresas.
Esta inversión privada, de nuevos propietarios de capital, emprendida por las empresas intensivas en capital con sus excedentes y orientada por el Estado, crea empleo, equidad y seguridad para todos, dispara la demanda agregada en el país, sobre bienes y servicios que ya están a la vista por el mismo ciclo, y por eso no es inflacionaria, y prepara el arranque de una nueva etapa del ciclo productivo empresarial intensivo en capital, sea en la vivienda, en la manufactura o en los servicios. Lo frecuente en Colombia es que esos excedentes extraordinarios vayan a abrir inversiones de las mismas empresas en otros países, o se conviertan en riqueza física o financiera y salgan del ciclo de la producción, y dejen perder la inmensa capacidad productiva de nuestro pueblo, que buscará la informalidad y la ilegalidad para sobrevivir.
El otro artículo es también económico, y desde el dolor humano. Es la realidad de hoy en Colombia, en muchos lugares en manos de grupos armados criminales, o guerrillas que pelean por controlar los territorios, y cuando lo logran se constituyen en los grandes productores de valor económico nuevo, muy superior al que produce el Estado o al que producen las pocas empresas que están en el territorio. Esos productores criminales de valor, para ganar apoyo popular, logran, paradójicamente, crear fuentes de dinero y empleo para poblaciones sometidas que viven en el miedo y la subordinación, porque ante la ausencia del Estado y del resto de la sociedad colombiana, no tienen más alternativa. Así nuestro conflicto armado y nuestra inseguridad pasan de un siglo al otro sin parar.
* Francisco de Roux: sacerdote y exprovincial jesuíta, filósofo y economista. Es fundador del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, y del primer laboratorio de paz de Colombia, y fue director del Cinep.