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                                                                                                                                  Propuesta de Francisco de Roux: invertir o no invertir con el pueblo de Colombia


                                                                                                                                  Quien fuera presidente de la Comisión de la Verdad fija su punto de vista sobre el debate planteado por el presidente Gustavo Petro sobre la necesidad de dirigir las “inversiones forzosas” de los bancos hacia una mejor productividad agraria.

                                                                                                                                  Francisco de Roux * / Especial para El Espectador

                                                                                                                                  El presidente Gustavo Petro propuso recurrir a las “inversiones forzosas” el fin de semana pasado.
                                                                                                                                  Foto: Cortesía de Colombia Humana

                                                                                                                                  Escribo esta nota en El Espectador porque espero llegue al Estado y a los empresarios. El tema es las inversiones forzosas. Considero muy significativo que este tema nos haya llamado al diálogo, pues este país lo construiremos entre todos o no habrá futuro estable para nadie. Y pienso que ambas partes tienen razones válidas y no válidas. Aporto una reflexión económica.

                                                                                                                                  Pero no me inspira ni el interés de hacer negocios personales ni el de hacer política con nadie. La traigo, porque hay diez millones de sobrevivientes, entre ellos más de un millón de huérfanos, por el conflicto armado interno, más de siete millones de desplazados, más de ciento veinte mil desaparecidos, más de cincuenta mil familias que sufrieron el secuestro. Pongo por delante a las víctimas, en esta conversación que ha de ser de racionalidad económica, porque en Colombia estamos atrapados en un caos sobre el cual hemos construido instituciones y empresas significativas, pero mientras la tragedia humana continúe, no habrá modelo económico ni presidente que nos saque de una situación de desequilibrios inmensamente inestables que no les han permitido, a las potencialidades de este país, tener la calidad de vida que todas y todos nos merecemos en medio de tanta riqueza humana y de naturaleza.

                                                                                                                                  El Estado tiene la razón cuando fuerza a elevar la inversión formal en los sectores populares de la economía. Llámense clase media baja o estratos 1, 2 y 3, campesinos, Afrocolombianos o indígenas, o el mundo de la economía informal. Allí está el 60 % de la capacidad productiva y cultural del país. Si ese inmenso potencial humano fuera incorporado a la producción formal, la demanda agregada podría hacer de este país una España, o una Suecia, o un Japón. Allí está la Colombia excluida. Allí está igualmente el terreno donde empresarios criminales (por supuesto que son grandes empresarios los que hacen esto) incorporan en mercados ilegales a la creatividad inmensa de los que han sido dejados por fuera de la formalidad y les ofrecen cómo producir y ganar. Allí se acogen millones de colombianos en los riesgos mortales del contrabando, los cultivos de coca y de marihuana, el transporte de droga, el microtráfico, el oro de retroexcavadoras, la corrupción de los administradores públicos y de los políticos con cheques por debajo de la mesa, la extorsión y la ilegalidad. Un mundo donde no se pagan impuestos. La demanda agregada de Colombia, incierta y herida, en una proporción muy significativa, surge de lo que generan estos negocios. Y esa economía financia la guerra y se cobra un costo humano de millones de víctimas, y mantiene contra la pared cualquier intento de equilibrio en nuestros mercados. Por eso hay que gastar tanto dinero en seguridad, en ejército y policía, y en más de 500 mil guardias privados.

                                                                                                                                  Read more!

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                                                                                                                                  Este miedo de los empresarios es bien fundado. Los que hemos trabajado generando empresas sostenibles en el mundo popular sabemos que el Estado no sabe hacer empresas. Lo que le corresponde al Estado es orientar la producción nacional a producir la vida querida por todos los colombianos y colombianas, y hacerlo de tal manera que se incorpore a toda la población, y que, además de generar para todos el ingreso indispensable para vivir bien en un mundo de mercado, se generen excedentes de exportación de alta calidad. Una producción capaz también de allegar los bienes y servicios que en un mercado internacional abierto requerimos en Colombia. Le corresponde al Estado el que los bienes que se merece la gente por ser gente (merit goods) los puedan tener todas y todos en Colombia, independientemente de si tienen o no capacidad para comprarlos, entiéndase: salud, comida, educación, vejez asegurada, seguridad… Al Estado le corresponde gobernar el bien común, pero no le corresponde hacer empresas. No lo sabe hacer. Y cuando lo hace, lo normal es que dañe las empresas y deje de hacer lo que le corresponde: gobernar a todos los niveles. Tampoco los bancos privados o públicos saben hacer empresas, ni las saben hacer las cooperativas de ahorro y crédito. Saben administrar el dinero. Pero hacer empresa es otra cosa.

                                                                                                                                  Read more!

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                                                                                                                                  Lo saben, horrorosamente, los grandes empresarios de la economía criminal. Los sectores populares tienen creatividad, agilidad, disciplina y capacidad de riesgo y de calidad, cuando entran en procesos productivos acompañados por empresarios socios que comparten riesgos, les enseñan el camino, los ponen en marcha, y van con ellos. Hay muchos y muy buenos empresarios en la economía formal en el país.

                                                                                                                                  Pero, con pocas excepciones, las empresas en los distintos sectores se han resistido a dar este paso que significa entrar como socios del recurso humano de los grandes barrios populares, los pueblos indígenas y Afro y el campesinado. Tienen fundaciones para hacer solidaridad empresarial, pero no comparten de igual a igual iniciativas y riesgos con la gente. Creo que no lo hacen, por ignorancia y por miedo.

                                                                                                                                  Por eso lo que propongo tampoco es hacer obras por impuestos, que son obras que hacen las empresas en las comunidades, y hay muy buenas razones para que estas obras sigan creciendo. Tampoco se trata de que las empresas exitosas pongan plantas en los barrios populares, o de que hagan proyectos agroindustriales de propiedad de la empresa para crear empleo. Se trata de participar como socios de capital, tecnología y mercados, con emprendedores populares y del campo, formales o informales, en procesos productivos donde las empresas tienen el know-how y tienen las conexiones de los negocios. Se trata de garantizar la apropiación por parte de los nuevos empresarios, socios populares y campesinos, de la experticia administrativa, técnica y financiera que posee la empresa mediana o grande. Se trata de compartir riesgos y ganancias, hasta que las empresas populares así iniciadas vuelen solas, o conformen con las empresas que les ayudaron a nacer y crecer, conglomerados de alta productividad.

                                                                                                                                  No ad for you

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                                                                                                                                  El tema tiene, además, dos asuntos que requieren cada uno un artículo como este. El primero es la articulación entre Estado y empresarios, para que la política de inversión forzada, de la manera planteada aquí, vaya de la mano y respete los tiempos del ciclo del proceso productivo, que es un ciclo natural de las empresas, distinto de la teoría de los ciclos macroeconómicos.

                                                                                                                                  No ad for you

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                                                                                                                                  No ad for you

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                                                                                                                                  No ad for you

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                                                                                                                                  * Francisco de Roux: sacerdote y exprovincial jesuíta, filósofo y economista. Es fundador del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, y del primer laboratorio de paz de Colombia, y fue director del Cinep.

                                                                                                                                  El presidente Gustavo Petro propuso recurrir a las “inversiones forzosas” el fin de semana pasado.
                                                                                                                                  Foto: Cortesía de Colombia Humana

                                                                                                                                  Escribo esta nota en El Espectador porque espero llegue al Estado y a los empresarios. El tema es las inversiones forzosas. Considero muy significativo que este tema nos haya llamado al diálogo, pues este país lo construiremos entre todos o no habrá futuro estable para nadie. Y pienso que ambas partes tienen razones válidas y no válidas. Aporto una reflexión económica.

                                                                                                                                  Pero no me inspira ni el interés de hacer negocios personales ni el de hacer política con nadie. La traigo, porque hay diez millones de sobrevivientes, entre ellos más de un millón de huérfanos, por el conflicto armado interno, más de siete millones de desplazados, más de ciento veinte mil desaparecidos, más de cincuenta mil familias que sufrieron el secuestro. Pongo por delante a las víctimas, en esta conversación que ha de ser de racionalidad económica, porque en Colombia estamos atrapados en un caos sobre el cual hemos construido instituciones y empresas significativas, pero mientras la tragedia humana continúe, no habrá modelo económico ni presidente que nos saque de una situación de desequilibrios inmensamente inestables que no les han permitido, a las potencialidades de este país, tener la calidad de vida que todas y todos nos merecemos en medio de tanta riqueza humana y de naturaleza.

                                                                                                                                  El Estado tiene la razón cuando fuerza a elevar la inversión formal en los sectores populares de la economía. Llámense clase media baja o estratos 1, 2 y 3, campesinos, Afrocolombianos o indígenas, o el mundo de la economía informal. Allí está el 60 % de la capacidad productiva y cultural del país. Si ese inmenso potencial humano fuera incorporado a la producción formal, la demanda agregada podría hacer de este país una España, o una Suecia, o un Japón. Allí está la Colombia excluida. Allí está igualmente el terreno donde empresarios criminales (por supuesto que son grandes empresarios los que hacen esto) incorporan en mercados ilegales a la creatividad inmensa de los que han sido dejados por fuera de la formalidad y les ofrecen cómo producir y ganar. Allí se acogen millones de colombianos en los riesgos mortales del contrabando, los cultivos de coca y de marihuana, el transporte de droga, el microtráfico, el oro de retroexcavadoras, la corrupción de los administradores públicos y de los políticos con cheques por debajo de la mesa, la extorsión y la ilegalidad. Un mundo donde no se pagan impuestos. La demanda agregada de Colombia, incierta y herida, en una proporción muy significativa, surge de lo que generan estos negocios. Y esa economía financia la guerra y se cobra un costo humano de millones de víctimas, y mantiene contra la pared cualquier intento de equilibrio en nuestros mercados. Por eso hay que gastar tanto dinero en seguridad, en ejército y policía, y en más de 500 mil guardias privados.

                                                                                                                                  Read more!

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                                                                                                                                  Este miedo de los empresarios es bien fundado. Los que hemos trabajado generando empresas sostenibles en el mundo popular sabemos que el Estado no sabe hacer empresas. Lo que le corresponde al Estado es orientar la producción nacional a producir la vida querida por todos los colombianos y colombianas, y hacerlo de tal manera que se incorpore a toda la población, y que, además de generar para todos el ingreso indispensable para vivir bien en un mundo de mercado, se generen excedentes de exportación de alta calidad. Una producción capaz también de allegar los bienes y servicios que en un mercado internacional abierto requerimos en Colombia. Le corresponde al Estado el que los bienes que se merece la gente por ser gente (merit goods) los puedan tener todas y todos en Colombia, independientemente de si tienen o no capacidad para comprarlos, entiéndase: salud, comida, educación, vejez asegurada, seguridad… Al Estado le corresponde gobernar el bien común, pero no le corresponde hacer empresas. No lo sabe hacer. Y cuando lo hace, lo normal es que dañe las empresas y deje de hacer lo que le corresponde: gobernar a todos los niveles. Tampoco los bancos privados o públicos saben hacer empresas, ni las saben hacer las cooperativas de ahorro y crédito. Saben administrar el dinero. Pero hacer empresa es otra cosa.

                                                                                                                                  Read more!

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                                                                                                                                  Lo saben, horrorosamente, los grandes empresarios de la economía criminal. Los sectores populares tienen creatividad, agilidad, disciplina y capacidad de riesgo y de calidad, cuando entran en procesos productivos acompañados por empresarios socios que comparten riesgos, les enseñan el camino, los ponen en marcha, y van con ellos. Hay muchos y muy buenos empresarios en la economía formal en el país.

                                                                                                                                  Pero, con pocas excepciones, las empresas en los distintos sectores se han resistido a dar este paso que significa entrar como socios del recurso humano de los grandes barrios populares, los pueblos indígenas y Afro y el campesinado. Tienen fundaciones para hacer solidaridad empresarial, pero no comparten de igual a igual iniciativas y riesgos con la gente. Creo que no lo hacen, por ignorancia y por miedo.

                                                                                                                                  Por eso lo que propongo tampoco es hacer obras por impuestos, que son obras que hacen las empresas en las comunidades, y hay muy buenas razones para que estas obras sigan creciendo. Tampoco se trata de que las empresas exitosas pongan plantas en los barrios populares, o de que hagan proyectos agroindustriales de propiedad de la empresa para crear empleo. Se trata de participar como socios de capital, tecnología y mercados, con emprendedores populares y del campo, formales o informales, en procesos productivos donde las empresas tienen el know-how y tienen las conexiones de los negocios. Se trata de garantizar la apropiación por parte de los nuevos empresarios, socios populares y campesinos, de la experticia administrativa, técnica y financiera que posee la empresa mediana o grande. Se trata de compartir riesgos y ganancias, hasta que las empresas populares así iniciadas vuelen solas, o conformen con las empresas que les ayudaron a nacer y crecer, conglomerados de alta productividad.

                                                                                                                                  No ad for you

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                                                                                                                                  El tema tiene, además, dos asuntos que requieren cada uno un artículo como este. El primero es la articulación entre Estado y empresarios, para que la política de inversión forzada, de la manera planteada aquí, vaya de la mano y respete los tiempos del ciclo del proceso productivo, que es un ciclo natural de las empresas, distinto de la teoría de los ciclos macroeconómicos.

                                                                                                                                  No ad for you

                                                                                                                                  En los momentos de aceleración en la producción de las empresas intensivas en capital, por razones nacionales e internacionales, el crecimiento necesita absorber grandes cantidades de ahorro y esto afecta la producción en los sectores intensivos en mano de obra, disminuye la capacidad de demanda en estos sectores, sean formales o informales, y puede generar inequidad. En esa etapa del ciclo empresarial se producen grandes excedentes que no pueden invertirse en el mismo negocio dentro del país, por las limitaciones del mercado y el tope tecnológico al que se llega. Es el momento de convertir estos excedentes extraordinarios en “ahorro para la inversión forzosa”, e invertirlos en los sectores intensivos en mano de obra en la expansión de las empresas, y en la creación de nuevas empresas.

                                                                                                                                  No ad for you

                                                                                                                                  Esta inversión privada, de nuevos propietarios de capital, emprendida por las empresas intensivas en capital con sus excedentes y orientada por el Estado, crea empleo, equidad y seguridad para todos, dispara la demanda agregada en el país, sobre bienes y servicios que ya están a la vista por el mismo ciclo, y por eso no es inflacionaria, y prepara el arranque de una nueva etapa del ciclo productivo empresarial intensivo en capital, sea en la vivienda, en la manufactura o en los servicios. Lo frecuente en Colombia es que esos excedentes extraordinarios vayan a abrir inversiones de las mismas empresas en otros países, o se conviertan en riqueza física o financiera y salgan del ciclo de la producción, y dejen perder la inmensa capacidad productiva de nuestro pueblo, que buscará la informalidad y la ilegalidad para sobrevivir.

                                                                                                                                  No ad for you

                                                                                                                                  El otro artículo es también económico, y desde el dolor humano. Es la realidad de hoy en Colombia, en muchos lugares en manos de grupos armados criminales, o guerrillas que pelean por controlar los territorios, y cuando lo logran se constituyen en los grandes productores de valor económico nuevo, muy superior al que produce el Estado o al que producen las pocas empresas que están en el territorio. Esos productores criminales de valor, para ganar apoyo popular, logran, paradójicamente, crear fuentes de dinero y empleo para poblaciones sometidas que viven en el miedo y la subordinación, porque ante la ausencia del Estado y del resto de la sociedad colombiana, no tienen más alternativa. Así nuestro conflicto armado y nuestra inseguridad pasan de un siglo al otro sin parar.

                                                                                                                                  * Francisco de Roux: sacerdote y exprovincial jesuíta, filósofo y economista. Es fundador del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, y del primer laboratorio de paz de Colombia, y fue director del Cinep.

                                                                                                                                  Por Francisco de Roux * / Especial para El Espectador

                                                                                                                                  Ver todas las noticias
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