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Por unanimidad, la plenaria del Senado aprobó en la noche de este miércoles, en último debate, la prórroga de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras por 10 años más, con lo que, una vez convertida en ley de la República, dicha norma se extenderá hasta junio de 2031.
El último debate de la prórroga en la plenaria del Senado se centró en los diversos impedimentos presentados por los senadores, al considerar que podrían verse beneficiados por dicha ley al ser víctimas del conflicto o podrían tener conflicto de intereses al ser, por ejemplo, miembros de las antiguas Farc o ser víctimas.
Sobre ese punto, el senador Roy Barreras, ponente del proyecto, explicó que, a su, juicio, la Ley de Víctimas no afectaba a quienes han sido reclamantes por cuenta de la vigencia de la década anterior y, en consecuencia, nada los beneficiaba. En su opinión, varios de los congresistas no debían presentar impedimentos.
Tampoco afectaba, en su criterio, a los exmiembros de las Farc por su condición de firmantes del Acuerdo de Paz.
Por otra parte, presentó varias proposiciones para que la ley fuese prorrogada por 10 años y no por 15 años, como lo contemplaba la ponencia que estaba en discusión para este segundo debate en Senado. La razón de ese cambio de posición es que, si se aprobaba su extensión por 15 años, el texto quedaría diferente al aprobado por la Cámara y eso podría implicar un riesgo para el proyecto en la conciliación.
“He venido consultando con varios senadores y dirigentes y el consenso está alrededor de los 10 años, alrededor de acatar el exhorto de la Corte Constitucional”, comentó el senador, y se refirió al hundimiento del proyecto de ley que avalaba a la realización de sesiones virtuales o semipresenciales en el Congreso, que se terminó por hundir por diferencias entre los conciliadores de Cámara y Senado.
“Notificados nosotros de ese riesgo enorme, inexplicable para muchos de nosotros, porque casi nunca ocurre que la Cámara o el Senado hundan un proyecto, después de un arduo trabajo, por no ponerse de acuerdo los conciliadores. No tiene sentido que sometamos a ese riesgo a nueve millones de víctimas que están esperanzadas en la prórroga de la ley para que, en una conciliación, por una diferencia menor, termine el proyecto en riesgo”, señaló Barreras.
La razón para la propuesta de prorrogar la Ley de Víctimas hasta 2036 era que coincidiera con la implementación del Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las Farc.
Las críticas al proyecto de ley llegaron por parte de la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, quien señaló que la ley en cuestión no era una “panacea” y advirtió que la prolongación de su vigencia no garantizaba que las cerca de nueve millones de víctimas quedaran reparadas.
“La ampliación es para aquellos que no se presentaron. El problema es que prolonga la restitución de tierras, donde hay una sentencia de la Corte Constitucional, la C-330 de 2016, que exhorta a que este Congreso proteja a los más pobres y este Congreso no ha hecho absolutamente nada”, señaló Cabal.
En ese sentido, criticó que se ampliara la vigencia de la Ley de Víctimas sin atender la sentencia de la Corte, que fue producto de una demanda de inconstitucionalidad. “Los campesinos no tienen cómo defenderse frente al testimonio de cualquiera. Esta ley terminó atropellando a quienes gozan de especial protección constitucional, que son los campesinos pobres que derivan su sustento de un predio”, añadió.
Por otra parte, señaló que la ley de víctimas les afectaba a víctimas que eran propietarias, poseedoras o tenedoras y le recordó al senador Barreras que se llegó a un acuerdo en la Comisión Primera de Senado para retirar una proposición para proteger a los segundos ocupantes. “No he visto voluntad política por parte del senador Roy. Ya está presentado el proyecto prácticamente igual a la sentencia 330 para que no inventen que estamos protegiendo despojadores ni empresarios ni ninguna de esas locuras que se han inventado desde hace cinco años para desacreditarme”.
Para Cabal, la Ley de Víctimas terminó vulnerando “el principio de acción sin daño porque les hizo daño a quienes no tienen cómo defenderse, a miles de campesinos que no tuvieron abogados y se quedaron sin nada”.
Sobre la aprobación de la prórroga, Ramón Rodríguez, director de la Unidad para las Víctimas, manifestó: "Se les da tranquilidad a esos nueve millones de víctimas del conflicto (...) Lo que buscamos es fortalecer, no ser regresivos en los derechos adquiridos por las víctimas y, como también lo ha pedido el presidente, avanzar en la reparación integral de estos colombianos que hoy están en el Registro Único de Víctimas”.