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Un nuevo espaldarazo por parte del Congreso recibió este miércoles el Gobierno con la aprobación de la prórroga del impuesto al patrimonio por cuatro años más, que se les cobra a los grandes contribuyentes del país para financiar la seguridad democrática, que también es apoyada con aportes de Estados Unidos, país donde crece el debate en torno a la necesidad de reducir la ayuda a Colombia.
El Legislativo no sólo aprobó la extensión del impuesto por cuatro años a partir de 2011, sino que estableció una tarifa diferencial con la cual 9 mil personas naturales y jurídicas obligadas a pagarlo lo harán según el tamaño de su capital líquido. Si el contribuyente tiene un patrimonio de $3.000 a $5.000 millones pagará una tarifa de 0,6%. Cuando el patrimonio supere los $5.000 millones, tributará 1,2%.
El Gobierno aspira a recaudar cerca de $8,8 billones hasta 2014, cuando termina la vigencia del impuesto, el cual desde 2004, año en que fue creado, ha generado aproximadamente $9 billones.
El Congreso estableció una reducción del 40 al 30% en las deducciones por inversiones en activos productivos que se les aplican a los grandes contribuyentes.
Las zonas francas no gozarán de dicha deducción, debido a que tienen una tarifa diferencial del 15% por impuesto de renta.
Uno de los puntos controvertidos fue el de los contratos de estabilidad jurídica, con los cuales no se cobrará el impuesto a las empresas que los firmaron. Hasta comienzos de este mes los habían suscrito 48 empresas, varias de las más grandes del país, como Bavaria, Alpina, Almacenes Éxito, Sofasa e ISA.
El ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, se mostró satisfecho por lo aprobado.