Protección a campesinos y corte agraria: el camino de cara a la reforma rural
En el Congreso, el Gobierno logró aprobar en primera vuelta dos proyectos con enfoque agrario antes de finalizar el año. Acá le contamos de qué se tratan.
Esta última semana ha sido fundamental para la reforma rural integral que prepara la administración de Gustavo Petro: no solo avanzaron dos proyectos clave en el Congreso de la República, para la población campesina, sino que se desarrolló la primera Convención Nacional Campesina de Colombia, que logró reunir a más de 2.500 trabajadores agrarios.
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Esta última semana ha sido fundamental para la reforma rural integral que prepara la administración de Gustavo Petro: no solo avanzaron dos proyectos clave en el Congreso de la República, para la población campesina, sino que se desarrolló la primera Convención Nacional Campesina de Colombia, que logró reunir a más de 2.500 trabajadores agrarios.
Así las cosas, entre el lunes y el martes, el Legislativo aprobó en su primera vuelta dos iniciativas de acto legislativo, presentadas por el Gobierno en compañía de la bancada oficialista del Pacto Histórico. El primero crearía la Jurisdicción Agraria y Rural; el segundo, reconoce al campesinado como sujeto de especial protección.
En la antesala de la reforma agraria, que será uno de los proyectos centrales para el próximo año, la ministra de Agricultura Cecilia López ya señala que lo aprobado por el Congreso representaría cambios sustanciales para avanzar en lo prometido para este sector poblacional.
“Quiero agradecerles por este paso tan importante. Es un proyecto que le dará el marco constitucional a la política campesina, al desarrollo rural integral, a la reforma agraria, y para cumplir el punto uno del Acuerdo de Paz de La Habana”, expresó López sobre el proyecto que protegería a los campesinos.
Por su parte, el ministro del Interior Alfonso Prada ha dicho que la iniciativa que crearía la corte agraria “ayuda a continuar con la política de la reforma, de profundización de la solución del conflicto de la tierra en Colombia, están haciendo ustedes un aporte a la historia de Colombia con esta reforma constitucional”, dijo Prada.
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¿Qué sería la Jurisdicción Agraria y Rural?
El proyecto haría un reforma a los artículos 116, 245, 156,174 y 238 de la Constitución Política; con eso se crearía una justicia especial a través de una nueva corte para resolver los conflictos por tierras. Es de iniciativa de los Ministerios del Interior, Justicia y, Agricultura y Desarrollo Rural.
Crear esta jurisdicción significa que dentro de la estructura de la administración de justicia se tendrán jueces especializados para que resuelvan estos problemas, teniendo en cuenta la realidad del campo.
“Una corte especializada en derecho agrario va a hacer que sean especialistas en temas rurales y de tierras, cosa que no ocurre con un juez civil. Se requiere una especialidad, en ese sentido, tener un andamiaje institucional robusto y complejo es la esencia de las sociedades contemporáneas. Amerita tener esa corte adicional, pues puede ser la solución a ese problema”, dice el ministro de Justicia, Néstor Osuna.
Así pues, la “Corte Agraria Rural” sería un tribunal a la par de las altas cortes del país como la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Nacional Electoral, entre otros, pero, buscaría dar solución a los conflictos de tierra en Colombia a través del acceso a la justicia.
Será “el máximo mecanismo de la jurisdicción agraria y rural, cuya estructura y funcionamiento será definido en la ley. Se compondrá de un número impar de magistrados, garantizando su conformación paritaria”, dice el texto.
Esta semana, ese acto legislativo fue aprobado en plenaria de Senado en su cuarto debate y con eso, finaliza la primera ronda de discusiones. En marzo de 2023 deberá pasar por la segunda vuelta, es decir, por otros cuatro debates, para volverse ley de la República.
“Entrará a funcionar en un término no superior a dos años siguientes a la promulgación de este acto legislativo. Su implementación será progresiva y, mientras entra en funcionamiento en todo el territorio nacional, se podrá adoptar un régimen de transición en los términos y condiciones que defina la ley”, dice el proyecto.
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Campesinado como sujeto de especial protección
Este proyecto, presentado por el Ministerio del Interior y el de Agricultura, pasó también el lunes en plenaria de Cámara: la propuesta fue aprobada en su cuarto debate. Así las cosas, va por la mitad de su trámite pues al ser un proyecto de acto legislativo debe surtir en total ocho para hacerse realidad.
La vía que propone el Gobierno para proteger a la población campesina tiene que ver con la adición de un párrafo al artículo 64 de la Constitución Política en el que se determine que el campesinado es “sujeto político de derechos” y “de especial protección”, dice.
De acuerdo con el texto, las comunidades campesinas “tienen un particular relacionamiento con la tierra basado en la producción de alimentos conforme a la economía campesina y la protección del ambiente, así como en tradiciones y costumbres compartidas que los distinguen de otros grupos sociales”.
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Es por ello que, de aprobarse el proyecto, en la Constitución quedaría establecido como un deber del Estado velar “en forma especial por la protección y garantía de sus derechos individuales y colectivos, incluidos aquellos reconocidos por la Declaración de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales, la cual hace parte del bloque de constitucionalidad”.
Al respecto, el representante Eduard Sarmiento (Pacto Histórico) dijo que con esto la sociedad y el Estado reconocerá que “el campesinado no es únicamente un productor de alimentos, sino un sujeto cultural, comprometido con el cuidado del medio ambiente, que es un sujeto económico y productivo. El asunto es que hasta ahora no lo habíamos reconocido así, por lo menos formalmente”, indicó Sarmiento.
En suma, recordemos que el presidente Gustavo Petro dijo el fin de semana en la Convención Nacional Campesina que el reto es lograr hacer una reforma agraria de forma pacífica.
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Según dijo, en muchos países se ha distribuido equitativamente la tierra luego de procesos violentos o arbitrarios, como han sido revoluciones o expropiación. Por esa razón, buscan comprar la tierra a precio comercial a la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán).
“Repartir democráticamente la tierra para industrializar es uno de los principios de la sociedad capitalista y eso no se ha hecho en Colombia, en donde nos han querido tener en el feudalismo y en una exclusión de las mayorías nacionales”, dijo.