Proyecto de especialidad agraria y rural pende de un hilo en el Congreso

Los conflictos en torno a la tierra forman parte de la génesis de la guerra colombiana y hoy uno de los proyectos legislativos que aborda esta problemática pende de un hilo en el Congreso. Se trata de la creación de la especialidad judicial agraria y rural, una iniciativa que busca regular el marco jurídico para que la institucionalidad sea la que resuelva las disputas que surjan sobre el uso, la tenencia y la propiedad de predios rurales en todo el territorio nacional. La propuesta es de autoría del Gobierno y es la única, en todo el período del presidente Iván Duque, que desarrolla uno de los puntos del Acuerdo de Paz de La Habana. Si bien tuvo amplio respaldo en su paso por la Cámara, en el Senado no ha tenido tanto éxito: varias voces se le oponen en su cuarto y último debate. De modo que si no se agenda entre hoy y mañana, podría hundirse por falta de tiempo en su trámite.

El proyecto tiene su origen en el Ministerio de Justicia: el 20 de julio de 2020, la entonces ministra Margarita Cabello Blanco -actual procuradora general- lo radicó en el Capitolio. Según la funcionaria, este fue ideado para cumplir lo pactado en Cuba y cumplir con “los compromisos de formalización masiva de la pequeña y mediana propiedad rural”, y los mecanismos del uso y la tenencia de la tierra y fortalecimiento de producción alimentaria, que es el punto 1.1.8 del Acuerdo. “Se entiende no solo la necesidad de establecer una oferta jurisdiccional especializada en asuntos agrarios, sino además lo imperioso de establecer un cuerpo unificado normativo en torno a dichos asuntos”, dijo Cabello, y que, junto con otras normas, como la que reglamenta el sector agropecuario, pesquero y de desarrollo rural, conformaría “un entramado de justicia agraria que garantice la solución efectiva a distintas tipologías de conflictos agrarios”, señaló como ministra.

En síntesis, el proyecto, de ser aprobado, le exigiría al Consejo Superior de la Judicatura realizar un estudio de litigiosidad sobre disputas agrarias y de propiedad rural para que, a partir de él, el Estado cree y asigne los jueces y conciliadores especializados para que apliquen el derecho agrario y rural en dos jurisdicciones: la contenciosa administrativa, cuando se trate de bienes públicos, y la ordinaria, cuando aborde bienes privados. Si bien la iniciativa busca aumentar la capacidad operacional de la justicia, será el Consejo de la Judicatura el encargado de asignar el número exacto de cargos nuevos (y por lo tanto, el presupuesto estatal para este fin).

Mientras eso ocurre, el proyecto garantiza que jueces municipales, promiscuos y de circuito sean entrenados en temas agrarios, se encarguen de resolver dichas peleas jurídicas en torno a la tierra, como explicaron la representante Juanita Goebertus y la senadora Angélica Lozano, ambas de la Alianza Verde y ponentes de la propuesta. “Esos jueces trabajarán en el campo. Este no es un proyecto de reforma agraria, sino de justicia que busca aclarar en derecho los conflictos del uso y la tenencia de la tierra”, expuso Lozano en un video.

Esto en razón del rezago de oferta de operación jurídica del país: las naciones que integran la OCDE cuentan con un promedio de 65 jueces por cada 100.000 habitantes. Colombia, por su lado, tiene en promedio 11 jueces por cada 100.000 habitantes, y en los 170 municipios PDET se calculan seis jueces por esa misma cantidad de pobladores. La situación para dichos territorios priorizados por ser los más afectados por la violencia, con mayores índices de pobreza y debilidad institucional, es crítica en términos de acceso a la justicia. Según datos del Ministerio de Justicia, el Centro de Estudio de Justicia de las Américas y el Centro de Conciliación y Casas de Justicia, el 78 % de esos municipios no cuentan con jueces de circuito especializados en tierra, y el 98,8 % tampoco tienen jueces itinerantes en ese mismo tema. El 81 % no cuentan con centros de conciliación y el 72 % no tienen casas de justicia o centros de convivencia ciudadana.

En línea con esto, la representante Goebertus señaló que el proyecto apunta a solucionar la informalidad de los predios. “En el 16 % del campo colombiano, la formalidad (de tierras) es inexistente. Son campesinos que no han tenido títulos, que no pueden acceder a créditos, que no pueden comercializar sus productos justamente por la inseguridad jurídica en la que viven”, manifestó. Al respecto, Lozano agregó que es la informalidad de la propiedad rural “la mayor causa de inseguridad jurídica”. “Administrar justicia y resolver los conflictos jurídicos no genera más inseguridad jurídica, la resuelve de manera pacífica, legítima y en derecho”, respondió. Entonces, ¿por qué está en peligro de hundirse?

Para Goebertus, ha habido un actuar contradictorio por parte del Gobierno frente al proyecto, cosa que es grave, porque en la última semana de la legislatura (que acabará el 20 de junio) caminarán las iniciativas que cuenten con la presión del Éjecutivo. “En ningún momento se le ha quitado el acelerador. La discusión está dada y como ministro de Justicia le garantizo que estamos viendo cómo trabajar esta ley para impulsarla dentro del Congreso. Lo prometo”, mencionó en W Radio Wilson Ruiz, jefe de esa cartera. No obstante, según la representante verde, el Gobierno ha dejado solo al proyecto en este último tramo por cuenta de la negativa de la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, y su esposo, José Félix Lafaurie, presidente ejecutivo de Fedegán, que han hecho presión en contra del proyecto.

Por un lado, Lafaurie se pronunció mediante una carta enviada a Duque el pasado 27 de abril, preocupado por el impacto de esta propuesta en la ganadería, y por el otro, la senadora Cabal pidió archivar el proyecto, pues lo considera como “franca irresponsabilidad” porque daría pie a nuevos puestos “sin tener los recursos apropiados para tal fin”, dijo, entre otras cosas, en su ponencia negativa. A juicio de Goebertus, estas dos acciones han puesto a dudar al Senado: “Necesitamos que se debata hoy o mañana, sino se hunde. El Gobierno, a raíz de la senadora Cabal y José Félix Lafaurie le ha ido quitando el apoyo. Senadores han dicho que no se podía anunciar el proyecto porque el Gobierno dice que no lo muevan. Aunque el ministro de Justicia dice que lo prioriza, ayer me dijo que me mandaba unas proposiciones para el pliego modificatorio y que hiciéramos una reunión para ello, y ni me las ha mandado ni me han llamado para el encuentro. Uno no sabe si quieren o no que se tramite el proyecto y a esta fecha solo se va a mover el proyecto si el Gobierno muestra voluntad”, concluyó.

Los conflictos en torno a la tierra forman parte de la génesis de la guerra colombiana y hoy uno de los proyectos legislativos que aborda esta problemática pende de un hilo en el Congreso. Se trata de la creación de la especialidad judicial agraria y rural, una iniciativa que busca regular el marco jurídico para que la institucionalidad sea la que resuelva las disputas que surjan sobre el uso, la tenencia y la propiedad de predios rurales en todo el territorio nacional. La propuesta es de autoría del Gobierno y es la única, en todo el período del presidente Iván Duque, que desarrolla uno de los puntos del Acuerdo de Paz de La Habana. Si bien tuvo amplio respaldo en su paso por la Cámara, en el Senado no ha tenido tanto éxito: varias voces se le oponen en su cuarto y último debate. De modo que si no se agenda entre hoy y mañana, podría hundirse por falta de tiempo en su trámite.

El proyecto tiene su origen en el Ministerio de Justicia: el 20 de julio de 2020, la entonces ministra Margarita Cabello Blanco -actual procuradora general- lo radicó en el Capitolio. Según la funcionaria, este fue ideado para cumplir lo pactado en Cuba y cumplir con “los compromisos de formalización masiva de la pequeña y mediana propiedad rural”, y los mecanismos del uso y la tenencia de la tierra y fortalecimiento de producción alimentaria, que es el punto 1.1.8 del Acuerdo. “Se entiende no solo la necesidad de establecer una oferta jurisdiccional especializada en asuntos agrarios, sino además lo imperioso de establecer un cuerpo unificado normativo en torno a dichos asuntos”, dijo Cabello, y que, junto con otras normas, como la que reglamenta el sector agropecuario, pesquero y de desarrollo rural, conformaría “un entramado de justicia agraria que garantice la solución efectiva a distintas tipologías de conflictos agrarios”, señaló como ministra.

En síntesis, el proyecto, de ser aprobado, le exigiría al Consejo Superior de la Judicatura realizar un estudio de litigiosidad sobre disputas agrarias y de propiedad rural para que, a partir de él, el Estado cree y asigne los jueces y conciliadores especializados para que apliquen el derecho agrario y rural en dos jurisdicciones: la contenciosa administrativa, cuando se trate de bienes públicos, y la ordinaria, cuando aborde bienes privados. Si bien la iniciativa busca aumentar la capacidad operacional de la justicia, será el Consejo de la Judicatura el encargado de asignar el número exacto de cargos nuevos (y por lo tanto, el presupuesto estatal para este fin).

Mientras eso ocurre, el proyecto garantiza que jueces municipales, promiscuos y de circuito sean entrenados en temas agrarios, se encarguen de resolver dichas peleas jurídicas en torno a la tierra, como explicaron la representante Juanita Goebertus y la senadora Angélica Lozano, ambas de la Alianza Verde y ponentes de la propuesta. “Esos jueces trabajarán en el campo. Este no es un proyecto de reforma agraria, sino de justicia que busca aclarar en derecho los conflictos del uso y la tenencia de la tierra”, expuso Lozano en un video.

Esto en razón del rezago de oferta de operación jurídica del país: las naciones que integran la OCDE cuentan con un promedio de 65 jueces por cada 100.000 habitantes. Colombia, por su lado, tiene en promedio 11 jueces por cada 100.000 habitantes, y en los 170 municipios PDET se calculan seis jueces por esa misma cantidad de pobladores. La situación para dichos territorios priorizados por ser los más afectados por la violencia, con mayores índices de pobreza y debilidad institucional, es crítica en términos de acceso a la justicia. Según datos del Ministerio de Justicia, el Centro de Estudio de Justicia de las Américas y el Centro de Conciliación y Casas de Justicia, el 78 % de esos municipios no cuentan con jueces de circuito especializados en tierra, y el 98,8 % tampoco tienen jueces itinerantes en ese mismo tema. El 81 % no cuentan con centros de conciliación y el 72 % no tienen casas de justicia o centros de convivencia ciudadana.

En línea con esto, la representante Goebertus señaló que el proyecto apunta a solucionar la informalidad de los predios. “En el 16 % del campo colombiano, la formalidad (de tierras) es inexistente. Son campesinos que no han tenido títulos, que no pueden acceder a créditos, que no pueden comercializar sus productos justamente por la inseguridad jurídica en la que viven”, manifestó. Al respecto, Lozano agregó que es la informalidad de la propiedad rural “la mayor causa de inseguridad jurídica”. “Administrar justicia y resolver los conflictos jurídicos no genera más inseguridad jurídica, la resuelve de manera pacífica, legítima y en derecho”, respondió. Entonces, ¿por qué está en peligro de hundirse?

Para Goebertus, ha habido un actuar contradictorio por parte del Gobierno frente al proyecto, cosa que es grave, porque en la última semana de la legislatura (que acabará el 20 de junio) caminarán las iniciativas que cuenten con la presión del Éjecutivo. “En ningún momento se le ha quitado el acelerador. La discusión está dada y como ministro de Justicia le garantizo que estamos viendo cómo trabajar esta ley para impulsarla dentro del Congreso. Lo prometo”, mencionó en W Radio Wilson Ruiz, jefe de esa cartera. No obstante, según la representante verde, el Gobierno ha dejado solo al proyecto en este último tramo por cuenta de la negativa de la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, y su esposo, José Félix Lafaurie, presidente ejecutivo de Fedegán, que han hecho presión en contra del proyecto.

Por un lado, Lafaurie se pronunció mediante una carta enviada a Duque el pasado 27 de abril, preocupado por el impacto de esta propuesta en la ganadería, y por el otro, la senadora Cabal pidió archivar el proyecto, pues lo considera como “franca irresponsabilidad” porque daría pie a nuevos puestos “sin tener los recursos apropiados para tal fin”, dijo, entre otras cosas, en su ponencia negativa. A juicio de Goebertus, estas dos acciones han puesto a dudar al Senado: “Necesitamos que se debata hoy o mañana, sino se hunde. El Gobierno, a raíz de la senadora Cabal y José Félix Lafaurie le ha ido quitando el apoyo. Senadores han dicho que no se podía anunciar el proyecto porque el Gobierno dice que no lo muevan. Aunque el ministro de Justicia dice que lo prioriza, ayer me dijo que me mandaba unas proposiciones para el pliego modificatorio y que hiciéramos una reunión para ello, y ni me las ha mandado ni me han llamado para el encuentro. Uno no sabe si quieren o no que se tramite el proyecto y a esta fecha solo se va a mover el proyecto si el Gobierno muestra voluntad”, concluyó.