Proyecto bloquearía a alcaldes para hacer política 12 meses después de renunciar

Ley Daniel Quintero, congresistas presentan proyecto de ley para impedir que alcaldes y gobernadores participen en política.

Foto: Archivo Particular

Al Senado de la República llegó un proyecto de ley que busca reformar la Ley 617 del 2000, que incluye un régimen de incompatibilidades para los alcaldes. La norma señala, entre otras cosas, que los mandatarios no pueden “intervenir, en nombre propio o ajeno, en procesos o asuntos, fuera del ejercicio de sus funciones, en los cuales tenga interés el municipio”, como sería el caso de una elección de alcalde.

Para los autores de la iniciativa, es necesario incluir en dicha ley una prohibición para que los alcaldes y gobernadores que renuncien a sus cargos participen en política durante los 12 meses siguientes. La medida también aplicaría para quienes terminen de cumplir normalmente su período de gobierno.

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“Los alcaldes, así como los que los reemplacen en el ejercicio del cargo, no podrán celebrar, en su interés particular, por sí o por interpuesta persona o en representación de otro, contrato alguno con el respectivo municipio (...) tampoco tomar parte en las actividades de los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos, sin perjuicio de ejercer el derecho al sufragio”, dice la iniciativa.

La senadora Paola Holguín y el representante Juan Espinal aseguraron que el proyecto ya ha sido denominado “Ley Daniel Quintero”, debido a la reciente renuncia de este a la Alcaldía de Medellín para sumarse a la campaña de Juan Carlos Upegui, avalado por Independientes, el partido de Quintero. “Queremos evitar que un mandatario, sea alcalde o gobernador, tome la decisión de renunciar para irse a una campaña electoral y hacerse reelegir en cuerpo ajeno”, insistió Holguín.

Varios abogados señalan que Daniel Quintero no cometió ningún delito al renunciar a su cargo para unirse a una campaña política, pues la ley no lo contempla así. Sin embargo, advierten que él y otros se habrían beneficiado de un vacío legal que se debe subsanar para no afectar a los ciudadanos o electores de alcaldes y gobernadores.

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