Proyecto de ley busca prohibir el glifosato en erradicación de cultivos ilícitos

La senadora del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández, radicó este miércoles 15 de marzo un proyecto de ley que busca prohibir el uso del glifosato en actividades de erradicación de cultivos de uso ilícito en Colombia. De ser aprobada la ley, para la congresista sería “un llamado contundente al mundo en torno a la superación del fracaso de lucha antidrogas, con miras a la construcción de la paz total”.

“Hay que resolver el tema del narcotráfico. Significa que de una vez por todas se acepte que la política antidrogas, que tenía como pilar, entre otras cosas, el uso del glifosato y la criminalización de los campesinos, es un modelo fracasado”, señaló la congresista tras la radicación en la Secretaría General del Senado.

Según Hernández, hay evidencia suficiente de que el glifosato afecta la vida humana y animal, destruye el ambiente y no ha sido eficiente en la erradicación: “En 1991 había alrededor de 160 mil hectáreas de coca y para 2021 teníamos 204 mil. Los niveles de resiembra llegaron al 38% al priorizar la erradicación forzada (incluyendo glifosato). Un fracaso total”, señaló.

En contraposición, dijo que las acciones de sustitución voluntaria, “que el anterior gobierno (Duque) congeló en su interés de hacer trizas la paz, mostraron ser efectivas pues según cifras de la propia ONU: los niveles de resiembra en esta modalidad fueron inferiores al 7%, incluso en un momento mostraron ser menores al 1%”, detalló.

Si bien es cierto que el uso del glifosato en aspersiones aéreas contra cultivos de coca fue suspendido desde 2015, para la senadora debe existir una ley que lo prohíba pues tendría consecuencias desastrosas la salud humana, en los animales y el ambiente. “Hay estudios asociados a la OMS y otras organizaciones que concluyeron que la exposición al herbicida trae efectos potencialmente cancerígenos sobre la salud. Se ha evidenciado cáncer en los animales, problemas en huesos y órganos, pérdida de peso, deformaciones”.

El alcance del proyecto sería solo para cultivos de uso ilícito, ya que “por su aspersión masiva y falta de control de factores externos como la lluvia y el aire, genera afectaciones negativas a la salud y al ambiente”. Es decir que, dejaría por fuera cultivos de alimentos, entre otros.

Igualmente, la iniciativa pide al Gobierno Nacional que se implemente “una estrategia de lucha contra las drogas real y efectiva, que se fundamente en la sustitución voluntaria y concertada de cultivos de uso ilícito, así como en el desmantelamiento de las mafias organizadas, de acuerdo con lo establecido en el punto No. 4 “Solución al problema de drogas ilícitas” del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”.

Por último, la legisladora enfatizó que tanto ella, como la mayoría de los colombianos están en contra del narcotráfico, por lo que instó a avanzar hacia un nuevo modelo que ataque “los verdaderos eslabones claves de la cadena”.

“La política contra las drogas debe voltear la mirada hacia la verdadera criminalidad, que no son las miles de familias campesinas cultivadoras, quienes ante la precariedad, la pobreza y la ausencia del Estado en décadas no han tenido otra alternativa para subsistir y han sido doblemente victimizadas: por la violencia y los grupos al margen de la ley, pero también por el Estado que enfiló por años todas las sus herramientas en su contra”, concluyó.

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La senadora del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández, radicó este miércoles 15 de marzo un proyecto de ley que busca prohibir el uso del glifosato en actividades de erradicación de cultivos de uso ilícito en Colombia. De ser aprobada la ley, para la congresista sería “un llamado contundente al mundo en torno a la superación del fracaso de lucha antidrogas, con miras a la construcción de la paz total”.

“Hay que resolver el tema del narcotráfico. Significa que de una vez por todas se acepte que la política antidrogas, que tenía como pilar, entre otras cosas, el uso del glifosato y la criminalización de los campesinos, es un modelo fracasado”, señaló la congresista tras la radicación en la Secretaría General del Senado.

Según Hernández, hay evidencia suficiente de que el glifosato afecta la vida humana y animal, destruye el ambiente y no ha sido eficiente en la erradicación: “En 1991 había alrededor de 160 mil hectáreas de coca y para 2021 teníamos 204 mil. Los niveles de resiembra llegaron al 38% al priorizar la erradicación forzada (incluyendo glifosato). Un fracaso total”, señaló.

En contraposición, dijo que las acciones de sustitución voluntaria, “que el anterior gobierno (Duque) congeló en su interés de hacer trizas la paz, mostraron ser efectivas pues según cifras de la propia ONU: los niveles de resiembra en esta modalidad fueron inferiores al 7%, incluso en un momento mostraron ser menores al 1%”, detalló.

Si bien es cierto que el uso del glifosato en aspersiones aéreas contra cultivos de coca fue suspendido desde 2015, para la senadora debe existir una ley que lo prohíba pues tendría consecuencias desastrosas la salud humana, en los animales y el ambiente. “Hay estudios asociados a la OMS y otras organizaciones que concluyeron que la exposición al herbicida trae efectos potencialmente cancerígenos sobre la salud. Se ha evidenciado cáncer en los animales, problemas en huesos y órganos, pérdida de peso, deformaciones”.

El alcance del proyecto sería solo para cultivos de uso ilícito, ya que “por su aspersión masiva y falta de control de factores externos como la lluvia y el aire, genera afectaciones negativas a la salud y al ambiente”. Es decir que, dejaría por fuera cultivos de alimentos, entre otros.

Igualmente, la iniciativa pide al Gobierno Nacional que se implemente “una estrategia de lucha contra las drogas real y efectiva, que se fundamente en la sustitución voluntaria y concertada de cultivos de uso ilícito, así como en el desmantelamiento de las mafias organizadas, de acuerdo con lo establecido en el punto No. 4 “Solución al problema de drogas ilícitas” del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”.

Por último, la legisladora enfatizó que tanto ella, como la mayoría de los colombianos están en contra del narcotráfico, por lo que instó a avanzar hacia un nuevo modelo que ataque “los verdaderos eslabones claves de la cadena”.

“La política contra las drogas debe voltear la mirada hacia la verdadera criminalidad, que no son las miles de familias campesinas cultivadoras, quienes ante la precariedad, la pobreza y la ausencia del Estado en décadas no han tenido otra alternativa para subsistir y han sido doblemente victimizadas: por la violencia y los grupos al margen de la ley, pero también por el Estado que enfiló por años todas las sus herramientas en su contra”, concluyó.

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