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Un proyecto de ley quiere reformar la Ley de Víctimas (1448 de 2011) con la intención de que los grupos religiosos sean reconocidos como vulnerados por el conflicto armado colombiano. La ponencia positiva ya fue presentada a la Presidencia de la Comisión Primera del Senado, por lo su discusión empezará en las próximas semanas.
Se trata de una iniciativa que tiene en sus autores a parlamentarios de derecha y de grupos religiosos. Es el caso de los senadores Lorena Ríos (Colombia Justa Libres), Alirio Barrera (Centro Democrático), Honorio Henríquez (Centro Democrático), Nicolás Echeverry (Conservador) y Germán Blanco (Conservador y coordinador ponente). También, a los representantes Ángela Vergara (Conservador), Christian Garcés (Centro emocrático) y José Jaime Uscátegui (Centro Democrático).
Pero llama la atención que el proyecto también lo acompañan dos congresistas de la bancada de Gobierno: la senadora Gloria Flórez y la representante Susana Gómez.
El objetivo del proyecto, como se lee en la ponencia que conoció El Espectador, es “fortalecer la participación y reparación de las víctimas del sector religioso afectadas por el conflicto armado”.
En la justificación del proyecto, Germán Blanco apuntó que en la Ley de Víctimas faltan “disposiciones que velen por la garantía del pleno desarrollo y ejercicio de la libertad religiosa y la protección de los lugares de culto que han sido históricamente vulnerados por el conflicto armado”. Lo anterior, porque “en la ley no existe un reconocimiento a las personas que han sido víctimas del conflicto con ocasión a sus creencias o religión”.
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Al analizar los cambios que quiere impulsar el proyecto de ley, resalta que una de las principales apuestas es que las organizaciones religiosas tengan voz y voto en la Política Nacional de Atención Psicosocial y Salud para la Reparación Integral.
Según se lee, la propuesta es agregar un artículo en el que se ordene que esa política de atención psicosocial “incluirá un enfoque espiritual y religioso, coordinado con las entidades religiosas registradas ante el Ministerio del Interior, Comités de Libertad Religiosa, y otras instancias de participación creadas para ofrecer apoyo psicosocial a las víctimas, en el marco del pluralismo espiritual”. Es decir, la propuesta les daría un asiento a los grupos religiosos para la atención de las víctimas del conflicto armado.
En esa misma línea, de aprobarse el proyecto de ley, se agregaría un parágrafo al artículo 4 de la Ley de Víctimas, que quedaría así: “El Gobierno Nacional podrá involucrar entidades con personería jurídica especial del Ministerio del Interior que acrediten programas de atención psicosocial en los planes, proyectos y políticas públicas que fortalezcan la materialización de los derechos de las víctimas”.
La discusión de esta ponencia se dará al tiempo que hay polémica por la orden del Consejo de Estado de que se reintegre a Amelia Cotes como directora de la Dirección de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior. En su reemplazo sonó la abogada Johana Moncada, quien es cercana a Lorena Ríos, una de las senadoras autoras del proyecto de ley.
También, cuando esa cartera decidió frenar la discusión para la expedición del decreto del Sistema Nacional de Libertad Religiosa, luego de las observaciones que recibió de distintos grupos religiosos.
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“Atendiendo las recientes observaciones al borrador del decreto del Sistema Nacional de Libertad Religiosa, hemos decidido suspender su cronograma para revisar y construir, en diálogo con el sector, instrumentos que garanticen plenamente este derecho en Colombia”, indicó la cartera de Juan Fernando Cristo en su cuenta en X el pasado domingo.
Este es el proyecto completo para modificar la Ley de Víctimas:
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