Proyecto propone cárcel para quienes apliquen biopolímeros en prácticas estéticas

Han sido varios los intentos en el Congreso por regular las cirugías plásticas y estéticas con el fin de proteger al paciente, imponer unas sanciones disciplinarias y unos principios para la promoción de dichos procedimientos. Ninguno ha tenido éxito y ahora llega un nuevo proyecto que le apuesta a medidas punitivas, como una estrategia para persuadir a establecimientos o supuestos profesionales a aplicar biopolímeros.

Lea más: Quinto intento en el Congreso para reglamentar una #CirugíaSegura.

El proyecto fue radicado por la representante Norma Hurtado y la presidenta de la U, Dilian Francisca Toro. Con este, se prohíbe la aplicación y comercialización de sustancias modelantes de relleno permanente no biodegradables ni absorbibles en tratamientos estéticos y se fijan sanciones carcelarias, de extinción de dominio e imprescriptibilidad del caso cuando se presenten secuelas nocivas en la salud del paciente al que le aplicaron biopolímeros.

Aunque no se determina una base de cuánto serían las penas para personas naturales y jurídicas que apliquen y permitan estos procedimientos, sí hay certeza que las sanciones carcelarias aumentarían en casos de muerte, lesiones personales o el paciente sea un menor de edad.

Le puede interesar: Lina Tejeiro se sometió a cirugía para retirar biopolímeros.

Adicional a las sanciones, el proyecto compromete a las entidades de salud a hacer un control y veeduría permanente a los establecimientos que ofrecen servicios estéticos y, a la vez, se creará un sistema de información para la comercialización y so de sustancia modelantes ilegales.

“Las prácticas con biopolímeros están contraindicadas y su aplicación provoca daños irreparables en el cuerpo, además en los procedimientos no se cumplen las medidas sanitarias y en la mayoría de los casos las mujeres acuden a estos tratamientos de forma engañada y con la ilusión de obtener un cambio inmediato en su aspecto físico”, comentó Hurtado.

Han sido varios los intentos en el Congreso por regular las cirugías plásticas y estéticas con el fin de proteger al paciente, imponer unas sanciones disciplinarias y unos principios para la promoción de dichos procedimientos. Ninguno ha tenido éxito y ahora llega un nuevo proyecto que le apuesta a medidas punitivas, como una estrategia para persuadir a establecimientos o supuestos profesionales a aplicar biopolímeros.

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El proyecto fue radicado por la representante Norma Hurtado y la presidenta de la U, Dilian Francisca Toro. Con este, se prohíbe la aplicación y comercialización de sustancias modelantes de relleno permanente no biodegradables ni absorbibles en tratamientos estéticos y se fijan sanciones carcelarias, de extinción de dominio e imprescriptibilidad del caso cuando se presenten secuelas nocivas en la salud del paciente al que le aplicaron biopolímeros.

Aunque no se determina una base de cuánto serían las penas para personas naturales y jurídicas que apliquen y permitan estos procedimientos, sí hay certeza que las sanciones carcelarias aumentarían en casos de muerte, lesiones personales o el paciente sea un menor de edad.

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Adicional a las sanciones, el proyecto compromete a las entidades de salud a hacer un control y veeduría permanente a los establecimientos que ofrecen servicios estéticos y, a la vez, se creará un sistema de información para la comercialización y so de sustancia modelantes ilegales.

“Las prácticas con biopolímeros están contraindicadas y su aplicación provoca daños irreparables en el cuerpo, además en los procedimientos no se cumplen las medidas sanitarias y en la mayoría de los casos las mujeres acuden a estos tratamientos de forma engañada y con la ilusión de obtener un cambio inmediato en su aspecto físico”, comentó Hurtado.