Avanza en el Congreso proyecto que regularía el acceso de menores de 14 años a redes

En medio de una sesión de oposición de la plenaria del Senado, las mayorías de la corporación aprobaron este miércoles el proyecto de ley que busca controlar el uso de redes sociales por parte de niños y niñas menores de 14 años. Con esta decisión, la apuesta, respaldada por la bancada del Centro Democrático, pasará a sus debates finales en la Cámara de Representantes.

“En promedio un 40 % de los menores de 14 años en Latinoamérica usan redes sociales sin la supervisión de sus padres. Tan sólo el 9 % de los padres de familia en Colombia toman medidas preventivas para el uso de las redes sociales de sus hijos”, dijo el senador de esa bancada Esteban Quintero, quien aseguró que la propuesta une a todos los congresistas.

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Según explicó el senador, lo que buscan es que los padres de familia puedan evitar que sus hijos sean abusados sexualmente por un contacto o interacción en Internet. “Acá no se están prohibiendo las redes sociales para los menores de edad, se están regulando. Buscamos que el proyecto de ley sea una herramienta tanto para los padres como para las redes en hacer ese control”, agregó Restrepo.

Puntualmente, el articulado de la iniciativa plantea que un menor de catorce años no puede celebrar “contrato con una plataforma de redes sociales para convertirse en titular de una cuenta” de forma directa, sino que previo a ello se cumplan exigencias puntuales de los “sistemas de verificación” que se establecerían con la norma si surte todo su trámite legislativo.

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“Para tal efecto, las plataformas digitales de redes sociales o medios que presten servicios de redes sociales en internet o plataformas digitales de interacción social en internet, deberán desarrollar en sus configuraciones, segmentos de acceso y advertencia sobre el control legal aquí dispuesto”, se lee en la propuesta.

Además, se plantean cuantiosas multas a las empresas que incumplan con esos preceptos. Las mismas irían desde los $6.500 millones hasta los $65.000 millones, es decir, entre 5.000 y 50.000 salarios mínimos legales mensuales. “El proceso sancionatorio aquí dispuesto estará a cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)”, se precisa en el articulado.

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Por otra parte,  el proyecto habla de la creación de “la Escuela de Padres, Tutores y/o Representantes Legales”. Aunque no da mayores indicaciones sobre cómo funcionaría esa instancia, ni qué entidad se encargaría de administrarla —ni cuánto costaría—, sí señala que su finalidad será ser un “espacio educativo, con el objeto de capacitar y guiar a los padres, tutores, representantes legales o encargados del cuidado de los niños, niñas y adolescentes, en el uso responsable y adecuado de plataformas digitales de redes sociales”.

Como lo contó El Espectador, Mauricio Lizcano, ministro de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, dijo que se trata de una buena propuesta y que desde su oficina se han emitido conceptos favorables para el trámite en el Legislativo.

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“En promedio un 40 % de los menores de 14 años en Latinoamérica usan redes sociales sin la supervisión de sus padres. Tan sólo el 9 % de los padres de familia en Colombia toman medidas preventivas para el uso de las redes sociales de sus hijos”, dijo el senador de esa bancada Esteban Quintero, quien aseguró que la propuesta une a todos los congresistas.

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Según explicó el senador, lo que buscan es que los padres de familia puedan evitar que sus hijos sean abusados sexualmente por un contacto o interacción en Internet. “Acá no se están prohibiendo las redes sociales para los menores de edad, se están regulando. Buscamos que el proyecto de ley sea una herramienta tanto para los padres como para las redes en hacer ese control”, agregó Restrepo.

Puntualmente, el articulado de la iniciativa plantea que un menor de catorce años no puede celebrar “contrato con una plataforma de redes sociales para convertirse en titular de una cuenta” de forma directa, sino que previo a ello se cumplan exigencias puntuales de los “sistemas de verificación” que se establecerían con la norma si surte todo su trámite legislativo.

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Además, se plantean cuantiosas multas a las empresas que incumplan con esos preceptos. Las mismas irían desde los $6.500 millones hasta los $65.000 millones, es decir, entre 5.000 y 50.000 salarios mínimos legales mensuales. “El proceso sancionatorio aquí dispuesto estará a cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)”, se precisa en el articulado.

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Como lo contó El Espectador, Mauricio Lizcano, ministro de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, dijo que se trata de una buena propuesta y que desde su oficina se han emitido conceptos favorables para el trámite en el Legislativo.

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