“Que cambie la perspectiva de guerra”: el reclamo de las víctimas de las masacres al Gobierno

Carlos Andrés Betancourt es primo de Óscar Andrés Obando Betancourt, uno de los nueve jóvenes masacrados el pasado 16 de agosto, en Samaniego, Nariño. Su testimonio se escuchó en la Comisión de Derechos Humanos, del Senado, durante un debate de control político en el que el Congreso pidió respuestas al Gobierno por la cruel violencia que ha arreciado en los últimos días en el suroccidente del país, en los municipios de Nariño, Cauca y Valle del Cauca. Betancourt fue directo: “Esto sucedió por negligencia”, le dijo a los senadores, al fiscal Francisco Barbosa, al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y a Carlos Baena, viceministro del Interior, estos dos últimos citados al debate político.

“Esto no es un ajuste de cuentas, nuestros familiares no tenían relación con el narcotráfico. Doy fe que mi primo y los demás masacrados eran buenas personas. No hay avances en la sustitución de los cultivos de uso ilícito. Sabemos que quieren erradicar, pero la pregunta es si esa actividad aumenta el conflicto armado y las minas antipersonales. La intervención militar de 2006, 2007 y 2008 ocasionó la siembra de minas antipersonal y los civiles fueron los más afectados. Le pedimos al Gobierno que cambie la perspectiva de guerra, apostémosle a la paz”, pronunció Betancourt. En su intervención trajo a colación la alerta temprana número 032 de 2019, y aludió a que las autoridades locales y nacionales sabían de las “consecuencias que podría acarrear si no ponían cuidado”. Pidió reparación integral para Samaniego a través de inversión social.

Lo mismo hizo Edgardo Quintero, padre de Sebastián Quintero, otro de los jóvenes que fue asesinado en la misma masacre que Óscar Andrés Obando Betancourt. Quintero despidió a su hijo de 24 años y por su pérdida responsabilizó al Estado, que “ha abandonado esta región”, enfatizó. “Mi hijo estuvo a punto de llegar al fútbol profesional. Solicitamos que nos hagan una reparación integral, pero desafortunadamente no hubo respuesta. Pedimos inversión social para que esto no siga pasando. Eso no es ir y arrancar matas y sacar a la fuerza a la gente”, contó en la sesión que se realizó a la distancia. Los funcionarios escucharon su voz, una que solicitó a la Fuerza Pública que no estigmatice a sus muertos, “diciendo que muchos de ellos pertenecían a bandas criminales”, fueron sus palabras.

Esas declaraciones, y las de otras víctimas que también hablaron en la sesión, alimentan un mismo relato sobre la violencia en las regiones. Porque las masacres registradas en los últimos días han ocurrido en diferentes zonas, pero en todas los familiares transmitieron el miedo de quedarse en su territorio luego de la barbarie y el dolor de encontrar los cuerpos de sus seres queridos ensangrentados, quemados o baleados por extraños. Ese testimonio colectivo fue el que llegó al debate de control político, citado por los senadores Paloma Valencia, del Centro Democrático, e Iván Darío Agudelo, del Partido Liberal.

Por un lado, Valencia le expresó a los presentes que “Colombia debe entender que la violencia se debe a hechos ilegales y necesitamos ponernos de acuerdo en cómo combatir el narcotráfico”. Mientras presentó la relación entre violencia, zonas donde ocurren las masacres y la presencia del narcotráfico, insistió en la narrativa de su partido: “Es falso el dilema de legalización, Colombia no puede legalizar sola”, y “Después del Acuerdo de La Habana han crecido grupos ilegales. La situación Colombia está por encima de los 10.000 hombres alzados en armas. Esas cifras preocupan”, dijo, basándose en los datos suministrados por el Ministerio de Defensa.

Valencia mostró varios hechos, cifras y opiniones: que las masacres nunca desaparecieron, que están “íntimamente” relacionadas con los cultivos de uso ilícito, que El Tambo contiene el 40.5 % de los cultivos del Cauca, que ninguno de los asesinados en Samaniego era delincuente ni estaba amenazado, que desde la firma del Acuerdo van 121 líderes asesinados (79 % de ellos ocurridos en el Cauca), que la erradicación forzada es un “mecanismo de protección” a los campesinos que siembran coca, que “no es cierto que la sustitución voluntaria haya sido efectiva”, y que “se necesita Fuerza Pública, incautar droga, dar alternativas productivas como opción de vida, luego de aplicar la erradicación forzada”.

Por el otro lado, Agudelo sostuvo que la relación entre violencia y narcotráfico está “sobrediagnosticada”. “Debemos pasar de las palabras a los hechos. Exijo al Estado mayor garantía. Tantos consejos de seguridad, tantas ruedas de prensa, y qué impotencia sentimos”, comentó. Y así, sucesivamente, los senadores emitieron juicios y apreciaciones personales sobre lo que está pasando, y los funcionarios rindieron cuenta sobre lo que están haciendo para encarar el ascenso criminal.

El fiscal Francisco Barbosa les respondió a las víctimas. Dijo que desde que llegó al cargo ha fortalecido la Unidad de Investigación para el Desmantelamiento de Organizaciones Criminales. “En los casos de Samaniego, Arauca, El Tambo, y Llano Verde estamos adelantando una investigación clara. La Fiscalía ha actuado de una manera muy eficaz y el compromiso es que habrá esclarecimiento de autores intelectuales, determinadores y estructuras que se encuentran detrás de estos hechos”, aseguró Barbosa. Sin embargo, esa promesa no les generó mucha confianza a los padres de los cinco adolescentes masacrados en Llano Verde, Cali, y cuyos cuerpos fueron encontrados en un cañaduzal.

Esa atrocidad fue cometida el 11 de agosto, días antes de conocer el crimen perpetrado en Samaniego. Álvaro José Caicedo fue uno de los primeros en ver el cuerpo de su hijo en el cañaduzal. “Soy el padre de Álvaro José Caicedo, el niño masacrado. Pido al fiscal que él mismo se haga cargo de nuestro caso. Son cinco niños masacrados. Pido protección porque estamos denunciando. El señor fiscal dice que estamos cerca, pero yo no veo que lo estemos. Quiero una explicación más clara para poder entender. No quiero que otros padres y madres tengan que pasar por esto que hoy en día estamos viviendo” arguyó.

Por su parte, Elendry Cuervo, vocera de la comunidad de Llano Verde, cuestionó de tajo al fiscal y al ministro de Defensa: “¿Dónde estaba la Fuerza Pública, los militares, la Policía, cuando estaban masacrando a nuestros muchachos? La mayoría de los habitantes somos el 80 % comunidades negras y el 75 % víctimas del conflicto armado. He gritado en todas las instancias: he ido al Congreso, le he pedido al presidente, que no tenemos condiciones de vida. Estaban en un cañaduzal bañándose, porque ni eso hay en el territorio. Necesitamos que haya reparación en la comunidad. No es la primera vez que nos masacran. Un país no se construye dejándonos en el abandono estatal”, reclamó, mientras se le escapaba el llanto y el desespero durante su intervención.

A las interpelaciones de las víctimas, Carlos Baena, viceministro del interior, habló de estrategias como el Plan de Acción Oportuna (PAO) y el seguimiento a las alertas tempranas. “La ministra Alicia Arango quiere que el PAO sea mucho más territorial. Siempre los seguimientos son superiores a las alertas tempranas. En Samaniego la alerta 032 tuvo un seguimiento el 6 de agosto de 2019”, comunicó y mencionó la importancia de desarrollar con más fuerza el programa de protección para comunidades en los territorios, y la protección colectiva. A su vez, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, dejó en claro que la política del Gobierno está dirigida a combatir todos los eslabones del narcotráfico, desde la siembra, el lavado de activos, hasta el consumo.

“Se ha buscado cumplir con requisitos de la Corte Constitucional para volver a la aspersión aérea. resulta evidente que para desactivar la fuente de financiación del narcotráfico hay que bajar las hectáreas de cultivos. Está probado que la aspersión aérea es eficaz, eficiente. El narcotráfico financia las masacres y el asesinato de líderes sociales”, fue su tesis principal. Y, aunque mencionó que la respuesta del gobierno Duque a las comunidades es integral, la erradicación de la hoja de coca es la prioridad. “Van cerca de 65 mil hectáreas. Conservamos la meta de erradicar 130 mil hectáreas para finales de este año y, si es posible, poner en marcha nuevamente el programa de aspersión. Este propósito tiene que ver con salvar vidas, evitar el envenenamiento de aguas, credibilidad de las instituciones, combate al consumo”, puntualizó.

Su visión del problema fue acompañada y celebrada por senadores del partido uribista. “No es cierto que la aspersión con glifosato cause muertes. Aquí lo que causa muerte es el narcotráfico”, dijo, por ejemplo, la senadora Ruby Chagui. “La aspersión aérea por supuesto que es más segura, económica y saludable”. Menos cultivos ilícitos se traduce en más seguridad, proyectos productivos, en la escultura de la legalidad”, opinó el representante Juan David Vélez desde su residencia en el exterior. Sus palabras, ni las de Trujillo fueron suficientes para los parlamentarios de otras vertientes políticas.

Feliciano Valencia, del Mais, recordó una verdad: “los indígenas y campesinos no somos narcotraficantes. Si mucho somos raspachines”. “Lamentamos que digan que la solución es el glifosato. Uno desde la comodidad de su casa no puede optar por medidas que van a afectar al ambiente y a la población”, expresó y reiteró que el país debería mirar hacia una política de regulación y no de prohibición. Temístocles Ortega, senador de Cambio Radical por el Cauca, pidió al Gobierno que “haga un plan que vaya más allá de la Fuerza Pública. Las fuerzas ilegales están muy poderosas”, advirtió, como conocedor del estado violento de su departamento.

Y Alexander López, del Polo Democrático, pidió que el debate no se desviara. “¿Creen que este debate puede dar alguna tranquilidad a las familias? Este debate no debería quedarse en dar informe de gestión, esto no le garantiza a los colombianos su derecho a la vida. ¿Cómo les resolvemos el problema de que ya no tienen a sus hijos? No se le puede seguir echando la culpa al proceso de Paz, ni al narcotráfico, ni a los niños”, endilgó.

Al final, el debate no resolvió la pregunta principal que sembró la senadora Valencia. ¿Cómo enfrentar el narcotráfico? no obtuvo soluciones conjuntas y menos las preguntas de las víctimas. Sin embargo, quedaron algunas anotaciones sobre qué hacer. La Defensoría del Pueblo subrayó que se están reconfigurando los grupos ilegales, al parecer desde el norte del Cauca, hasta el suroccidente, y en el Pacífico nariñense. Y de igual forma, recomendó focalizar territorialmente la respuesta a las alertas tempranas y la necesidad de que el Gobierno vaya más allá en su respuesta.

“Nosotros hacemos las alertas de carácter veredal y corregimental. Es importante que lleven la oferta en materia de provisión de bienes públicos allá. Hay que darles una respuesta institucional robusta. Traduzcamos esa voluntad en acciones particulares de los territorios”, dijo Mateo Gómez, defensor delegado. Una anotación que complementa de forma sentida la de Elías Larraondo, gobernador del Cauca. “Pedimos que se fortalezcan los escenarios de sustitución voluntaria. Hacemos un llamado a la articulación, pero con recursos para dar respuestas, es una decisión del Gobierno nacional para darle alcance a los proyectos sociales”, dijo. Todo apunta a que la inversión social, como mencionaron víctimas, la Defensoría, congresistas y Larraondo, es una respuesta más certera que todavía consideran que hace falta. Las masacres también dan cuenta de eso.

Carlos Andrés Betancourt es primo de Óscar Andrés Obando Betancourt, uno de los nueve jóvenes masacrados el pasado 16 de agosto, en Samaniego, Nariño. Su testimonio se escuchó en la Comisión de Derechos Humanos, del Senado, durante un debate de control político en el que el Congreso pidió respuestas al Gobierno por la cruel violencia que ha arreciado en los últimos días en el suroccidente del país, en los municipios de Nariño, Cauca y Valle del Cauca. Betancourt fue directo: “Esto sucedió por negligencia”, le dijo a los senadores, al fiscal Francisco Barbosa, al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y a Carlos Baena, viceministro del Interior, estos dos últimos citados al debate político.

“Esto no es un ajuste de cuentas, nuestros familiares no tenían relación con el narcotráfico. Doy fe que mi primo y los demás masacrados eran buenas personas. No hay avances en la sustitución de los cultivos de uso ilícito. Sabemos que quieren erradicar, pero la pregunta es si esa actividad aumenta el conflicto armado y las minas antipersonales. La intervención militar de 2006, 2007 y 2008 ocasionó la siembra de minas antipersonal y los civiles fueron los más afectados. Le pedimos al Gobierno que cambie la perspectiva de guerra, apostémosle a la paz”, pronunció Betancourt. En su intervención trajo a colación la alerta temprana número 032 de 2019, y aludió a que las autoridades locales y nacionales sabían de las “consecuencias que podría acarrear si no ponían cuidado”. Pidió reparación integral para Samaniego a través de inversión social.

Lo mismo hizo Edgardo Quintero, padre de Sebastián Quintero, otro de los jóvenes que fue asesinado en la misma masacre que Óscar Andrés Obando Betancourt. Quintero despidió a su hijo de 24 años y por su pérdida responsabilizó al Estado, que “ha abandonado esta región”, enfatizó. “Mi hijo estuvo a punto de llegar al fútbol profesional. Solicitamos que nos hagan una reparación integral, pero desafortunadamente no hubo respuesta. Pedimos inversión social para que esto no siga pasando. Eso no es ir y arrancar matas y sacar a la fuerza a la gente”, contó en la sesión que se realizó a la distancia. Los funcionarios escucharon su voz, una que solicitó a la Fuerza Pública que no estigmatice a sus muertos, “diciendo que muchos de ellos pertenecían a bandas criminales”, fueron sus palabras.

Esas declaraciones, y las de otras víctimas que también hablaron en la sesión, alimentan un mismo relato sobre la violencia en las regiones. Porque las masacres registradas en los últimos días han ocurrido en diferentes zonas, pero en todas los familiares transmitieron el miedo de quedarse en su territorio luego de la barbarie y el dolor de encontrar los cuerpos de sus seres queridos ensangrentados, quemados o baleados por extraños. Ese testimonio colectivo fue el que llegó al debate de control político, citado por los senadores Paloma Valencia, del Centro Democrático, e Iván Darío Agudelo, del Partido Liberal.

Por un lado, Valencia le expresó a los presentes que “Colombia debe entender que la violencia se debe a hechos ilegales y necesitamos ponernos de acuerdo en cómo combatir el narcotráfico”. Mientras presentó la relación entre violencia, zonas donde ocurren las masacres y la presencia del narcotráfico, insistió en la narrativa de su partido: “Es falso el dilema de legalización, Colombia no puede legalizar sola”, y “Después del Acuerdo de La Habana han crecido grupos ilegales. La situación Colombia está por encima de los 10.000 hombres alzados en armas. Esas cifras preocupan”, dijo, basándose en los datos suministrados por el Ministerio de Defensa.

Valencia mostró varios hechos, cifras y opiniones: que las masacres nunca desaparecieron, que están “íntimamente” relacionadas con los cultivos de uso ilícito, que El Tambo contiene el 40.5 % de los cultivos del Cauca, que ninguno de los asesinados en Samaniego era delincuente ni estaba amenazado, que desde la firma del Acuerdo van 121 líderes asesinados (79 % de ellos ocurridos en el Cauca), que la erradicación forzada es un “mecanismo de protección” a los campesinos que siembran coca, que “no es cierto que la sustitución voluntaria haya sido efectiva”, y que “se necesita Fuerza Pública, incautar droga, dar alternativas productivas como opción de vida, luego de aplicar la erradicación forzada”.

Por el otro lado, Agudelo sostuvo que la relación entre violencia y narcotráfico está “sobrediagnosticada”. “Debemos pasar de las palabras a los hechos. Exijo al Estado mayor garantía. Tantos consejos de seguridad, tantas ruedas de prensa, y qué impotencia sentimos”, comentó. Y así, sucesivamente, los senadores emitieron juicios y apreciaciones personales sobre lo que está pasando, y los funcionarios rindieron cuenta sobre lo que están haciendo para encarar el ascenso criminal.

El fiscal Francisco Barbosa les respondió a las víctimas. Dijo que desde que llegó al cargo ha fortalecido la Unidad de Investigación para el Desmantelamiento de Organizaciones Criminales. “En los casos de Samaniego, Arauca, El Tambo, y Llano Verde estamos adelantando una investigación clara. La Fiscalía ha actuado de una manera muy eficaz y el compromiso es que habrá esclarecimiento de autores intelectuales, determinadores y estructuras que se encuentran detrás de estos hechos”, aseguró Barbosa. Sin embargo, esa promesa no les generó mucha confianza a los padres de los cinco adolescentes masacrados en Llano Verde, Cali, y cuyos cuerpos fueron encontrados en un cañaduzal.

Esa atrocidad fue cometida el 11 de agosto, días antes de conocer el crimen perpetrado en Samaniego. Álvaro José Caicedo fue uno de los primeros en ver el cuerpo de su hijo en el cañaduzal. “Soy el padre de Álvaro José Caicedo, el niño masacrado. Pido al fiscal que él mismo se haga cargo de nuestro caso. Son cinco niños masacrados. Pido protección porque estamos denunciando. El señor fiscal dice que estamos cerca, pero yo no veo que lo estemos. Quiero una explicación más clara para poder entender. No quiero que otros padres y madres tengan que pasar por esto que hoy en día estamos viviendo” arguyó.

Por su parte, Elendry Cuervo, vocera de la comunidad de Llano Verde, cuestionó de tajo al fiscal y al ministro de Defensa: “¿Dónde estaba la Fuerza Pública, los militares, la Policía, cuando estaban masacrando a nuestros muchachos? La mayoría de los habitantes somos el 80 % comunidades negras y el 75 % víctimas del conflicto armado. He gritado en todas las instancias: he ido al Congreso, le he pedido al presidente, que no tenemos condiciones de vida. Estaban en un cañaduzal bañándose, porque ni eso hay en el territorio. Necesitamos que haya reparación en la comunidad. No es la primera vez que nos masacran. Un país no se construye dejándonos en el abandono estatal”, reclamó, mientras se le escapaba el llanto y el desespero durante su intervención.

A las interpelaciones de las víctimas, Carlos Baena, viceministro del interior, habló de estrategias como el Plan de Acción Oportuna (PAO) y el seguimiento a las alertas tempranas. “La ministra Alicia Arango quiere que el PAO sea mucho más territorial. Siempre los seguimientos son superiores a las alertas tempranas. En Samaniego la alerta 032 tuvo un seguimiento el 6 de agosto de 2019”, comunicó y mencionó la importancia de desarrollar con más fuerza el programa de protección para comunidades en los territorios, y la protección colectiva. A su vez, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, dejó en claro que la política del Gobierno está dirigida a combatir todos los eslabones del narcotráfico, desde la siembra, el lavado de activos, hasta el consumo.

“Se ha buscado cumplir con requisitos de la Corte Constitucional para volver a la aspersión aérea. resulta evidente que para desactivar la fuente de financiación del narcotráfico hay que bajar las hectáreas de cultivos. Está probado que la aspersión aérea es eficaz, eficiente. El narcotráfico financia las masacres y el asesinato de líderes sociales”, fue su tesis principal. Y, aunque mencionó que la respuesta del gobierno Duque a las comunidades es integral, la erradicación de la hoja de coca es la prioridad. “Van cerca de 65 mil hectáreas. Conservamos la meta de erradicar 130 mil hectáreas para finales de este año y, si es posible, poner en marcha nuevamente el programa de aspersión. Este propósito tiene que ver con salvar vidas, evitar el envenenamiento de aguas, credibilidad de las instituciones, combate al consumo”, puntualizó.

Su visión del problema fue acompañada y celebrada por senadores del partido uribista. “No es cierto que la aspersión con glifosato cause muertes. Aquí lo que causa muerte es el narcotráfico”, dijo, por ejemplo, la senadora Ruby Chagui. “La aspersión aérea por supuesto que es más segura, económica y saludable”. Menos cultivos ilícitos se traduce en más seguridad, proyectos productivos, en la escultura de la legalidad”, opinó el representante Juan David Vélez desde su residencia en el exterior. Sus palabras, ni las de Trujillo fueron suficientes para los parlamentarios de otras vertientes políticas.

Feliciano Valencia, del Mais, recordó una verdad: “los indígenas y campesinos no somos narcotraficantes. Si mucho somos raspachines”. “Lamentamos que digan que la solución es el glifosato. Uno desde la comodidad de su casa no puede optar por medidas que van a afectar al ambiente y a la población”, expresó y reiteró que el país debería mirar hacia una política de regulación y no de prohibición. Temístocles Ortega, senador de Cambio Radical por el Cauca, pidió al Gobierno que “haga un plan que vaya más allá de la Fuerza Pública. Las fuerzas ilegales están muy poderosas”, advirtió, como conocedor del estado violento de su departamento.

Y Alexander López, del Polo Democrático, pidió que el debate no se desviara. “¿Creen que este debate puede dar alguna tranquilidad a las familias? Este debate no debería quedarse en dar informe de gestión, esto no le garantiza a los colombianos su derecho a la vida. ¿Cómo les resolvemos el problema de que ya no tienen a sus hijos? No se le puede seguir echando la culpa al proceso de Paz, ni al narcotráfico, ni a los niños”, endilgó.

Al final, el debate no resolvió la pregunta principal que sembró la senadora Valencia. ¿Cómo enfrentar el narcotráfico? no obtuvo soluciones conjuntas y menos las preguntas de las víctimas. Sin embargo, quedaron algunas anotaciones sobre qué hacer. La Defensoría del Pueblo subrayó que se están reconfigurando los grupos ilegales, al parecer desde el norte del Cauca, hasta el suroccidente, y en el Pacífico nariñense. Y de igual forma, recomendó focalizar territorialmente la respuesta a las alertas tempranas y la necesidad de que el Gobierno vaya más allá en su respuesta.

“Nosotros hacemos las alertas de carácter veredal y corregimental. Es importante que lleven la oferta en materia de provisión de bienes públicos allá. Hay que darles una respuesta institucional robusta. Traduzcamos esa voluntad en acciones particulares de los territorios”, dijo Mateo Gómez, defensor delegado. Una anotación que complementa de forma sentida la de Elías Larraondo, gobernador del Cauca. “Pedimos que se fortalezcan los escenarios de sustitución voluntaria. Hacemos un llamado a la articulación, pero con recursos para dar respuestas, es una decisión del Gobierno nacional para darle alcance a los proyectos sociales”, dijo. Todo apunta a que la inversión social, como mencionaron víctimas, la Defensoría, congresistas y Larraondo, es una respuesta más certera que todavía consideran que hace falta. Las masacres también dan cuenta de eso.