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Esta semana, el grupo de trabajo antinarcóticos de Colombia y Estados Unidos emitió una declaración conjunta sobre su estrategia para continuar la ya larga lucha antidrogas que, para muchos, demostró su fracasó tiempo atrás.
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En el marco de ese trabajo, las delegaciones de ambos países renovaron compromisos de cooperación bilateral antinarcóticos y, entre otras cosas, expresaron que el gobierno del presidente Iván Duque ha logrado avances en este tema.
Además de esto, presentaron lo que ellos llaman el “enfoque holístico” en la nueva estrategia antinarcóticos. ¿De qué se trata? Según el comunicado, el plan de trabajo tiene tres pilares fundamentales: reducir de forma integrada la oferta de narcóticos, fortalecer la seguridad y el desarrollo rural integral en los territorios, y proteger el medio ambiente.
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El comunicado señaló que esta estrategia incluirá una “estrecha coordinación de acciones para promover mayor estabilidad en las zonas rurales”. Eso significa establecer presencia del Estado “efectiva y sostenible”, acelerar el desarrollo de la ruralidad y garantizar la protección de los derechos humanos, dice el documento. El discurso, al menos en la necesidad de fortalecer el Estado de derecho en los territorios, es añejo y es una petición que desde hace años atrás se le ha hecho a los diferentes gobiernos.
Entre otras cosas, las delegaciones de Estados Unidos y Colombia acordaron que la nueva estrategia debe implementarse primero en tres municipios priorizados: Tumaco, en Nariño, Cáceres, en Antioquia, y Sardinata, en Norte de Santander, tres zonas en la que los cultivos denominados de uso ilícitos se continúan sembrando.
La discusión entre ambos países también se enfocó en “mejorar la seguridad ciudadana” e “interrumpir las cadenas de suministro del narcotráfico”, ambas cosas para sostener la erradicación de la hoja de coca en Colombia e interceptar los precursores químicos y la cocaína que se vende al mercado extranjero.
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“Para reducir el lavado de dinero y fortalecer el decomiso de activos, las dos partes también acordaron enfocarse en reducir las transacciones ilícitas de efectivo, priorizar arrestos, procesamientos y extradiciones de traficantes clave y sus facilitadores, y fortalecer el sistema judicial”, dice el documento.
Asimismo, destacaron que el trabajo antinarcóticos también debe incluir la creación de nuevas oportunidades lícitas para quienes se dedicaban a la coca, que en su mayoría son campesinos en territorios sin las condiciones básicas para subsistir dignamente. También, pusieron nuevamente el ojo en la necesidad de construir carreteras e infraestructura para que esas nuevos negocios lícitos, que debe impulsar el Gobierno, tengan real salida al mercado. De eso se trata un poco la mirada de desarrollo rural del grupo de trabajo antinarcóticos de ambas naciones.
En ese sentido, hicieron énfasis en que esto debe hacerse realidad en todo el país, pero sobre todo en las áreas de Planes de Desarrollo Territorial (PDET) y en las denominadas “Zonas Futuro”: “debe tener un enfoque de desarrollo y seguridad que contiene una visión a largo plazo para la transformación territorial, una cultura de legalidad, economías lícitas y el avance de la transición hacia la paz en las zonas rurales de Colombia”, se expresó en el comunicado.
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La reunión también abordó la protección del medio ambiente y la urgencia de que los grupos criminales no exploten las zonas protegidas en el país, reducir el consumo de drogas, y establecer herramientas y métricas adicionales para medir el éxito de las intervenciones contra el narcotráfico y en favor de la seguridad y el desarrollo.
“Los representantes de Estados Unidos y Colombia discutieron el nuevo plan de transformación e innovación de la Policía Nacional de Colombia y acordaron que el enfoque del plan en la rendición de cuentas, la transparencia y los derechos humanos fortalecería la capacidad institucional de la policía para combatir el narcotráfico y el crimen organizado”, fue también parte de la agenda bilateral.