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La comprobación de que la lucha contra las drogas es una guerra perdida lo evidencia Colombia. Según las cifras que revelará este viernes la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el país ha llegado a los mismos niveles de producción de coca de finales del siglo XX; en pocas palabras, el diagnóstico de hoy es muy parecido al que existía en el país antes de que se empezara a implementar el Plan Colombia.
Y los datos son contundentes. En el último año, los cultivos ilícitos aumentaron en un 52 %, al pasar de 96 mil hectáreas de coca, en 2015, a 146 mil, en 2016. Una cifra histórica que no se veía desde 1999, cuando UNODC comenzó a apoyar el monitoreo de cultivos en el país. De hecho, sólo hasta 2001 el organismo hizo una evaluación de la totalidad del territorio colombiano y la cifra de la época fue de 145.000 hectáreas cultivadas.
Aunque los detalles del informe de la ONU aún no se conocen, sí se sabe, por ejemplo, que los departamentos con mayor crecimiento de cultivos fueron Nariño, Norte de Santander y Chocó. Un panorama alarmante que plantea múltiples cuestionamientos sobre la estrategia del Gobierno para acabar con los cultivos y que incluso ha generado críticas de los sectores de oposición, que atribuyen el incremento al proceso de paz con las Farc.
Hipótesis hay por montones y por eso el tema ha sido estudiado de cerca por Hernando Zuleta, Director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas, de la Universidad de Los Andes, quien recientemente publicó un documento que intenta arrojar luces sobre lo que hay detrás del fenómeno.
Las cifras de UNODC señalan un aumento considerable en el número de hectáreas cultivadas en Colombia. ¿Cómo se podría explicar esto?
Esto no es sorprendente. El Departamento de Estado de EE. UU. había dado una cifra de 180 mil hectáreas para el mismo año. La hipótesis según la cual la suspensión de la aspersión área fue la que disparó el crecimiento de los cultivos no parece correcta. El fin de la aspersión área se da dos años después del repunte de los cultivos. La hipótesis del acuerdo de paz es más verosímil: el contenido de los acuerdos se conoce en la misma época en la que comienzan a crecer los cultivos. Pero hay una tercera explicación que no ha recibido tanta atención: el comportamiento de las incautaciones y la destrucción de infraestructura, que tienen efectos significativos sobre el área cultivada al siguiente año.
El Gobierno ha dicho que las cifras no reflejan el resultado de la estrategia de erradicar 50.000 hectáreas por la Fuerza Pública y 50.000 más con los programas de sustitución. ¿Ha sido efectiva dicha estrategia?
Creo que es muy pronto para afirmar que la estrategia ha sido efectiva. La erradicación forzosa puede tener efectos claros en el corto plazo, pero suele generar el surgimiento de cultivos en otras zonas (efecto globo). La sustitución voluntaria demanda más tiempo y su éxito depende del éxito de los proyectos productivos con los que se busca sustituir el ingreso cocalero. Dicho esto, creo que la cifra de cultivos ilícitos de 2017 va a ser menor que la de 2016, por dos razones. El efecto de los acuerdos de paz ya se dio y muchos cultivadores se están acogiendo a los programas de sustitución. Además, en los últimos años ha habido buenos resultados de incautación y destrucción de infraestructura.
El incremento de hectáreas cultivadas ha sido usado por la oposición como argumento para decir que el proceso de paz con las Farc ha fracasado. ¿Pueden ser esas cifras un indicador para medir el éxito de lo acordado en La Habana?
El éxito o fracaso del proceso de paz debe medirse con los indicadores de intensidad del conflicto. No obstante, el hecho de que gran parte del aumento de cultivos se presente en zonas donde las Farc ha tenido presencia presenta un riesgo para la implementación. Hay diversas organizaciones armadas que están luchando por controlar los cultivos en esas zonas.
En ese sentido y teniendo como marco de referencia el proceso de paz con las Farc, ¿cómo ha cambiado el mapa de los cultivos ilícitos en los últimos cinco años?
En la mayoría del país ha caído el área cultivada. No obstante, ha habido un gran aumento en algunas zonas, como Tumaco, Norte de Santander o el Guaviare, y este aumento ha sido tal que el efecto neto es positivo y muy grande. En estas circunstancias, el problema actual de cultivos es, más que nada, un problema de control territorial. El reto que enfrentan las autoridades es proteger a las comunidades que se acojan a la sustitución voluntaria y mantener a raya a las organizaciones criminales.
¿Qué papel desempeñan las bandas criminales y grupos herederos del paramilitarismo en la reconfiguración de ese mapa?
Claramente hay un negocio que, de concretarse, puede generar grandes flujos de dineros a las organizaciones exportadoras de cocaína. Los antiguos paramilitares tienen presencia en la mayoría de las zonas en las que han aumentado los cultivos. Su papel es tratar de controlar las zonas cocaleras, evitar que caigan los cultivos y tratar de apropiarse de las rutas de exportación.
¿Qué decirles a quienes argumentan que el aumento de los cultivos es consecuencia directa de la suspensión de las aspersiones aéreas con glifosato...?
Que miren el comportamiento de las hectáreas erradicadas con aspersión aérea y el área cultivada. No hay relación estadística que permita inferir causalidad.
El costo de una hectárea erradicada gracias a la aspersión aérea es mayor que el valor de mercado de la hoja de coca producida en esa hectárea. Es menos costoso comprar las cosechas y destruirlas que asperjar.
En un artículo que publicó recientemente señala que para reducir la oferta mundial de cocaína son más eficientes los esfuerzos en incautaciones y destrucción de infraestructura que la erradicación. ¿Por qué?
La mayor parte del valor del negocio del narcotráfico está en la distribución. Cuando se incauta un cargamento, se afecta al negocio en la parte en la que mayor valor genera. La destrucción de infraestructura impide la transformación de la hoja en clorhidrato de cocaína y se reduce la posibilidad de agregar valor. Creo que, en general, todos estamos mirando para donde no es: el área cultivada.
¿Qué impacto tienen en todo esto los cambios en la dinámica de consumo?
Aquí hay dos mercados que debemos separar. El mercado de Estados Unidos, donde el consumo de cocaína ha sido bastante estable, y el mercado colombiano, del que no tenemos mucha información. Está haciendo carrera la idea de que está aumentando el consumo en respuesta al aumento en área cultivada. Esta afirmación es incorrecta. En primer lugar, no existe esta relación de causalidad. En segundo lugar, la información disponible sugiere que no ha habido aumentos en el consumo interno y que, si bien ha aumentado ligeramente el consumo en EE. UU., este aumento se ha localizado en estados que están lejos de las rutas de entrada.
Se ha anticipado que el apoyo financiero de Estados Unidos a Colombia se va a reducir considerablemente en el próximo año fiscal. ¿Afectará esto los esfuerzos en la lucha contra las drogas?
El plan actual es cambiar la forma como luchamos contra las drogas: menos ejército, más desarrollo. No obstante, es previsible que, si no cae el área cultivada, el Gobierno de los Estados Unidos presione.
El presidente Juan Manuel Santos ha dicho en múltiples escenarios que es necesario cambiar la política mundial de lucha contra las drogas, que ha sido un fracaso. ¿Cuál debería ser entonces la estrategia?
Una estrategia de salud pública en lo que respecta al consumo problemático y una de desarrollo en lo que concierne a los cultivos. Además, se deben implementar políticas experimentales en la vía de la legalización del consumo recreativo.
