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Arauca es historia aparte. En algunas regiones del país hay violencias guerrilleras o de las bandas criminales. En otras, un rosario de gobernantes corruptos ha saqueado las finanzas públicas en beneficio propio. O las carreteras están dañadas y hay muy mala comunicación con el resto del territorio. En muchas, el abandono estatal es más que escandaloso y parece que nadie oyera los clamores de la comunidad en busca de control a los dineros del PAE, a la plata para la construcción de vías o las millonarias rentas petroleras. Arauca es todo eso y muchos problemas más.
Invisible ante el centro de Colombia hasta pasados los años 70, la región vivió durante décadas como si estuviera en otro mundo. O en otro país. Quienes se preciaban de tener un televisor no veían la programación de alguna de las dos cadenas nacionales de la época, sino que pasaban el tiempo con telenovelas venezolanas y se informaban con los noticieros emitidos desde Caracas o la radio hecha desde Apure. La ganadería y la vida de los campesinos ayudaban a alimentar a Colombia, sí, pero estaban más ligadas al comercio binacional. Y si alguien tenía ganas de migrar, la Venezuela de la prosperidad petrolera era su primera opción.
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En los años 80, esa misma bonanza petrolera llegó a tierras araucanas y los morichales, sabanas y lagunas que antes preservaban el agua no tardaron en inundarse primero con pozos de extracción, luego con guerrillas que llegaron tras las rentas petroleras, después con paramilitares que buscaban las rentas que las guerrillas se habían apropiado y, en últimas, con la tragedia de la violencia armada que cobró miles de vidas. Los siete municipios que integran los 22 mil kilómetros cuadrados del fronterizo departamento ofrendaron décadas de sufrimiento -que aún no terminan- a cambio de las promesas de progreso que les hicieron cuando apareció la euforia por el crudo.
El departamento ha recibido más de cuatro billones de pesos por las rentas petroleras, pero la experiencia demuestra que no basta con la llegada de recursos si no hay presencia estatal, acompañamiento a las comunidades, verificación de que las obras que se hacen son las necesarias, que se contratan con transparencia y que hay un auténtico control a los ejecutores. Resulta irónico que las arcas del ente territorial contaran con dinero por montones en los años 90 del siglo pasado y no hubiera servicios públicos de calidad, educación de alto nivel, protección para las comunidades indígenas de la zona, una justicia fortalecida y garantías mínimas de seguridad para todos y todas.
La violencia es un grave problema (no el único)
¿Qué es lo que impide que Arauca supere su crisis? La presencia de grupos guerrilleros y paramilitares que buscan las rentas legales (petróleo) e ilegales (cocaína, tráfico de insumos y contrabando) ha derivado en un escenario en el que el actor armado más fuerte regula hasta las peleas de vecinos y los modos de vida de la gente. Con excepciones como la del primer lustro del siglo XXI, el Eln ha sido el mandamás desde cuando llegó a la zona, hace casi 50 años.
Las extorsiones que cobraba a las petroleras en los años 80 se extendieron luego a los ganaderos y finalmente a los gobernantes. Quien quisiera ser candidato tenía que contar con el aval de esa guerrilla para que le dejaran hacer proselitismo o para que impidieran el proselitismo a sus contendores. Así de claro. Y a la vista de todos.
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En desarrollo de esa estrategia, el Eln terminó sustituyendo al Estado y desempeñando múltiples y contradictorios roles en Arauca. El de canalizador de los inconformismos de la población ante el olvido del gobierno central, el de promotor de los derechos de los campesinos, el de agente de denuncia en contra de la explotación petrolera, el de histórico administrador de justicia y garante de tranquilidad en la región, el de violador de los derechos humanos, secuestrador, extorsionista, reclutador de menores, asesino de líderes sociales y políticos.
También el de perpetrador de los ataques a la infraestructura petrolera, con los consecuentes daños al medioambiente que tanto dice proteger la guerrilla. Y el de los discursos del no a la corrupción y al mismo tiempo principal saqueador de las finanzas en alianza con políticos e incluso infiltrando guerrilleros en la administración pública cuando sospechaban que algún gobernante no era de fiar o que pretendía robarlos. (A los guerrilleros, no a los ciudadanos).
Con ese panorama se volvió costumbre que la carrera de quienes se lanzan a cargos de elección popular o ejercen algún tipo de función pública en Arauca termine, especialmente, en desplazamiento forzado, asesinato o prisión. Y los ejemplos abundan.
Wilinton Rodríguez, el nuevo gobernador
La última vez que escogió gobernador, Arauca le dio el triunfo a José Facundo Castillo Cisneros, quien con 46 mil votos obtuvo el derecho a regir el departamento entre 2020 y 2023. Ganó representando a una coalición llamada Unidos por Arauca, de la que hacían parte Cambio Radical, el Partido de la U, MAIS y Colombia Renaciente. La ASI y la UP también lo apoyaron en la recta final de la campaña.
Castillo ya había gobernado ese ente territorial de 2012 a 2015, pero en su segundo mandato no logró concluir el periodo y terminó preso por corrupción en una historia que es como para no creer.
El 23 de octubre de 2021, el Tribunal Superior de Bogotá le impuso medida de aseguramiento por prevaricato, concierto para delinquir, financiamiento a grupos criminales (Eln) y hasta malos manejos de contratos para el PAE y el transporte escolar. Al día siguiente fue capturado su antecesor y exsocio político, Ricardo Alvarado Bestene, también por nexos con el Eln y por actos de corrupción. Ninguno está condenado. Castillo permanece en el exclusivo pabellón ERE Sur, en la penitenciaría de La Picota. Alvarado, por problemas de salud, está en prisión domiciliaria en Bogotá.
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El primer remplazo ante la suspensión de Castillo fue el general Alejandro Miguel Navas Ramos, nombrado en condición de encargo en noviembre de 2021 por el entonces presidente, Iván Duque. Luego, el Partido Cambio Radical, al cual pertenece el gobernador preso, presentó su terna al mandatario para que seleccionara de allí a la persona que se quedaría en el cargo mientras se definía la situación de Castillo. Postuló a Andrés Padilla, César Humberto Londoño e Indira Barrios, quien fue escogida el 16 de febrero de 2022.
Parecía un problema resuelto, pero no. Exactamente nueve meses después de que Indira Barrios fuera designada, y ya en tiempos del gobierno de Gustavo Petro, a la Casa de Nariño llegó una solicitud para abrirle proceso a Barrios por abandono de cargo. Resultó suspendida al quedar en evidencia que se fue de viaje sin permiso a Cancún, México. En su momento, ella difundió un video en el que, visiblemente nerviosa y sin hablar del viaje, denunciaba que le violaron sus comunicaciones y que alguien había accedido a sus fotos y videos con intenciones desconocidas. Se dijo víctima de persecución y violación a su derecho a la intimidad.
Al declarar la vacancia por abandono de cargo, el gobierno nacional tenía que buscar otra vez un mandatario en encargo para Arauca, pues el titular seguía -y sigue- en prisión y subsistía -y subsiste- la vacancia temporal del cargo. El 16 de enero de 2023 fue designado como encargado el secretario de Gobierno, Wilmer Mosquera, y un día después el partido Cambio Radical volvió a presentar una terna de candidatos: Susy Nayibe Mojica, Andrés Alberto Padilla y Wilinton Rodríguez. Este último fue el elegido por la administración Petro, según decreto firmado el 23 de enero de 2023 por el ministro del Interior, Hernando Alfonso Prada.
¿Fin de la historia? Tampoco. Wilinton Rodríguez no se había sentado en su silla de gobernador, ni había asumido aun ante la notaria única ( e ) de Arauca, Myriam Teresa Jiménez, ni había hecho su promesa de “recuperar la gobernabilidad”, cuando surgieron tres cuestionamientos concretos a su designación.
Las tres críticas a Wilinton Rodríguez
“Constituyen incompatibilidades para desempeñar cargos públicos, las siguientes: … Los diputados en el nivel territorial donde hayan ejercido jurisdicción, desde el momento de su elección y hasta doce meses después del vencimiento de su período o retiro del servicio”.
Artículo 51, ley 2200 de 2022.
El nuevo mandatario de Arauca no solo pertenece al mismo partido político del suspendido gobernador Castillo sino que hizo parte de su bancada en la Asamblea. Nada de raro tendría esto si no fuera porque Wilinton Rodríguez ejerció como diputado hasta días antes de aparecer en la terna de candidatos para la Gobernación.
¿Cuál es el problema con eso? Que el artículo 51 de la ley 2200 de 2022 dice que los diputados deben renunciar un año antes para poder ser gobernadores. La norma señala textualmente que “constituyen incompatibilidades para desempeñar cargos públicos, las siguientes: … Los diputados en el nivel territorial donde hayan ejercido jurisdicción, desde el momento de su elección y hasta doce meses después del vencimiento de su período o retiro del servicio”.
Quiere esto decir que si Rodríguez fue diputado de Arauca hasta menos de un mes antes de ser nombrado como gobernador, estaría incurso en la inhabilidad descrita. Pero él señala que no es así y el Gobierno se dio la pela de nombrarlo. ¿Qué dirán los organismos judiciales al respecto? Las demandas por este caso ya comienzan a aparecer.
Un segundo problema que hay en torno a la designación del nuevo gobernador tiene que ver con una demanda por incumplimiento de la cuota alimentaria para sus dos hijas, instaurada por su esposa en octubre de 2022. Curiosamente, la abogada de la demandante escribió a la jueza del caso el 18 de enero de 2023, expresando la intención de retirar la solicitud. ¿Y eso qué tiene de raro? Que es de un día después de que Rodríguez apareciera en la terna para gobernador. Ese es otro tema que está bajo la lupa de las autoridades, pues los aspirantes a estos cargos públicos (así sea en condición de encargo) deben hacer una declaración juramentada en la que señalan que no tienen cuentas pendientes con la justicia.
El tercer reparo que le hacen en Arauca al nombramiento de Wilinton Rodríguez tiene que ver con una investigación de la Procuraduría contra 10 diputados por haber elegido contralor departamental con una terna de candidatos incompleta. Resulta que el 26 de marzo de 2022, la Asamblea tenía que escoger contralor y cuando se disponía a hacerlo, la candidata Lupita Granados decidió retirarse de la terna de aspirantes porque no lograba el apoyo suficiente para ganar. Automáticamente, esta quedó de solo dos candidatos y de ahí fue que los diputados eligieron al ganador, sin llenar los requisitos de ley.
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La Procuraduría abrió investigación contra los 11 diputados de Arauca, pero uno de ellos, el liberal Carlos Hernández, fue asesinado el 30 de julio de 2022, en Saravena. Según testigos, Hernández fue invitado a una reunión a la que decidió ir sin esquema de seguridad y fue abordado por hombres armados que se atravesaron a su vehículo, se lo llevaron y lo asesinaron a pocos kilómetros de la escuela La Esmeralda, en la vía entre Arauquita y Fortul. Le dispararon en la cabeza. Las investigaciones apuntan a que fue el Eln.
Los otros 10 diputados siguen investigados. Se trata de Andrés Mauricio Morales, José Lorenzo Camacho, Jhon Germán Martínez, Kendy Yesi Rodríguez, Mercedes Rincón, Marcos Somoza, Alexa Milena Quirife, Juan Alfredo Quenza, Hernando Posso y Wilinton Rodríguez, el ahora gobernador.
Así, la Gobernación lleva año y medio dando tumbos y cada vez que aparece una solución para llenar la vacante surgen también nuevos entuertos políticos que acaban por agravar la ingobernabilidad. Y dentro de cinco meses, el 29 de junio, se activa la Ley de Garantías, que prohíbe la contratación estatal durante la campaña electoral en la que el país escogerá, entre otros, a los nuevos gobernadores de los 32 departamentos de Colombia.
El Eln, una sombra que no deja prosperar a Arauca
Si bien en los primeros años del siglo XXI Arauca tuvo presencia de un bloque paramilitar que logró robarle el poder en algunas zonas al Eln, la verdad es que ese grupo guerrillero es el que ha marcado el destino del departamento. Planteando una especie de cogobierno con los mandatarios de la región, se ha beneficiado con el acceso a las rentas municipales y departamentales. Les echa mano con modalidades como la de contratación de obras ficticias, sobrecostos o edificaciones que no sirven para nada. Corredores viales, recintos feriales, velódromos (como el Miguel Ángel Bermúdez), piscinas olímpicas o patinódromos, como el de Los Alcaravanes, aparecen de cuando en cuando en los titulares prensa como ejemplos de esa práctica de despilfarro y apropiación ilegal de los recursos públicos.
Muerto, preso o desterrado, el panorama para los políticos
“Toda acción política en Arauca, llámese ejercicio de gobierno, gestión pública u oposición política, está mediada por la existencia del estado paralelo que han erigido las guerrillas y un eficiente sistema de control de todo lo que se mueve en la institucionalidad estatal a nivel departamental y municipal”, señala el investigador Luis Eduardo Celis, de la Fundación Paz y Reconciliación.
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Una rápida mirada por el escenario de violencia en Arauca durante las últimas cuatro décadas evidencia el punto al que ha llegado ese para-estado y las consecuencias que les acarreó a los políticos de la región: el destierro, la prisión o la muerte.
Violencia en Arauca, nadie se salva
Los casos de políticos y contratistas son los que más resuenan en los medios de comunicación cuando se habla de violencia en Arauca, pero hay muchos más. Justo durante enero de 2023 se presenta un confinamiento en el departamento como consecuencia de la guerra que libran el Eln y las disidencias de las extintas Farc, comandadas por “Iván Mordisco”, las cuales, el 5 de enero último, anunciaron que se acogían al cese al fuego promovido por el Gobierno Nacional en desarrollo de la estrategia de “paz total”.
Las disidencias ya se ubicaron al sur del departamento, en Puerto Rondón, y nadie se mete con ellas. Hace una semana no hay enfrentamientos. Pero entre el 3 y 10 de enero hubo confrontaciones armadas que obligaron el confinamiento de al menos 7.000 personas, según la Defensoría del Pueblo. En esa zona no se puede ir ni a la escuela y hay que usar por obligación los caminos demarcados por los violentos.
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Ni los anuncios sobre cese al fuego en 2023, ni la subsiguiente baja en los reportes oficiales sobre asesinatos (que en 2022 fueron 352, según la Defensoría) significan que la violencia haya cesado en Arauca. El 11 de enero de 2023 HRW y otras onegés expertas en el tema ya habían recibido reportes de 10 muertes por los enfrentamientos entre ELN y disidencias de las Farc en Puerto Rondón. Las disidencias se habían acogido al anuncio del cese al fuego anunciado por el presidente Petro, pero el ELN dijo que no y que ese tema debería discutirse en la mesa de negociación. Y ahí vamos.
Persecución, amenazas, constreñimiento, robo de ganado, extorsión, secuestro, abuso sexual, desplazamiento, reclutamiento de menores y reclutamiento de migrantes están a la orden del día en Arauca, según dijeron a El Espectador fuentes de la región.
En enero de 2022, Iván Duque estuvo en la zona con sus anuncios de lucha frontal contra la delincuencia. A esa misma hora y a unos cuantos kilómetros de allí, el Eln se pavoneaba con tranquilidad por las calles de un pueblo. Pero Arauca sigue en las mismas. Gustavo Petro también visitó ya la zona estrenándose como presidente y prometió que ayudaría a resolver los problemas con una estrategia de promoción del diálogo con los actores armados ilegales enmarcada en su proyecto de “la paz total”.
De entre las ideas que Petro mencionó para aliviar la situación en la región hay una que ya es realidad: la reapertura del puente internacional José Antonio Páez, que comunica a Arauca con El Amparo, en el estado venezolano de Apure. Llevaba años cerrado, como todos los puentes limítrofes con ese país, con el cual Colombia rompió relaciones en 2019.
La ruptura entre los gobiernos de Iván Duque y Nicolás Maduro ni siquiera dio tiempo a inaugurar el puente internacional Atanasio Girardot (más conocido como puente de Tienditas), que comunica a Táchira con Norte de Santander y a cuya construcción Colombia y Venezuela imprimieron todo el dinamismo durante la administración de Juan Manuel Santos y, en particular, durante la cancillería de María Ángela Holguín. Verlo construido y saber que quedaba cerrado desde antes de su puesta en servicio fue uno de los temas que más le dolió a la excanciller y exembajadora en Caracas, según ella misma le contó a El Espectador.
Con la llegada de Petro al poder, Colombia y Venezuela volvieron a tener relaciones oficialmente y eso significó un alivio para la economía de las comunidades de frontera, entre ellas la de Arauca, tan afectadas por el cierre fronterizo decretado desde 1999.
Periodistas, policías, militares y todo tipo de líderes sociales también han sido víctimas de la violencia en la zona durante años. En 2022 dos firmantes del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las extintas Farc también fueron asesinados en el departamento. Se trata de Juvenal Ballén Gómez (Saravena) y Bladimir Herrera Abella (Fortul).
¿Qué dicen las autoridades militares y de Policía?
Las autoridades militares y de Policía coinciden en que la guerra que sostienen el ELN y las disidencias de las Farc, la misma que ha bañado de sangre el departamento, es por los corredores para la exportación de drogas de uso ilícito. Pura cocaína. O cocaína pura.
Tanto el general Walter Giraldo, comandante de la Fuerza de Tarea Quirón, del Ejército Nacional, como el general Gustavo Adolfo Hernández, comandante de la Fuerza Naval de Oriente, señalan que la zona está controlada por las Fuerzas Armadas. Giraldo asegura que si se llegan a presentar apariciones de comandos de grupos ilegales son esporádicas y que hay una rápida reacción institucional para evitar que afecten a la población. Hernández enfatiza en que la estrategia contra los ilegales es cortarles el suministro de insumos y materiales útiles para las economías ilegales a través de los más de 200 kilómetros de frontera con Venezuela que ofrece el río Arauca. Dinámicas fronterizas, dicen los expertos, pues el mismo río que facilita las migraciones, el comercio y el intercambio cultural y económico, es aprovechado por mafias internacionales.
En uno de sus primeros actos de mandato, Wilinton Rodríguez, el nuevo gobernador, convocó a un diálogo regional para buscar un acuerdo que permita reducir los índices de violencia, tal como lo anunció desde su posesión en la notaría priemra de Arauca. Entre tanto, el comandante de la policía de Arauca, coronel Luis Atuesta, centra su estrategia en el área urbana, con miras a desmantelar las redes de microtráfico y de quienes tienen extorsionados a los comerciantes de la región.
Congresistas y otras voces de Arauca piden ayuda
Arauca tiene hoy tres congresistas: los representantes Lina María Garrido (Cambio Radical), Germán Rogelio Rozo (Partido Liberal) y Karen Manrique, representante por la Circunscripción Especial de Paz.
Ellos han insistido en que el departamento necesita ayuda urgente y que al país no le conviene permitir que la problemática araucana continúe. Apenas están estrenándos en sus cargos e intentan visibilizar la situación de ese departamento del llano colombiano, pero no la tienen fácil en un Congreso en el que, por razones de su escasa población, Arauca es uno de los entes territoriales con menor representación. A 2020 no llegaban a 300 mil los habitantes totales en esa zona de Colombia, según cifras oficiales. La alternativa que tienen los araucanos parece reducirse a confiar en que la iniciativa gubernamental de la paz total se concrete y eso, a juzgar por las conocidas dificultades de los procesos de paz, parece no estar a la vuelta de la esquina. Entre tanto, la violencia sigue cobrando vidas.
El 26 de enero, un grupo de intelectuales y líderes de la región lanzaron una propuesta al presidente Gustavo Petro en la que le piden crear cabildos de paz municipales y hasta uno departamental, fortalecer la conectividad vial (en especial a través de la recuperación de las vías de La soberanía y Los Libertadores), darle más apoyo al campo e incluir en el Plan Nacional de Desarrollo las propuestas consensuadas desde Arauca con el Eln y la población local. Ah, y comprometerse con un gran debate nacional sobre lo bueno, lo malo y lo feo que el petróleo le dejó a la región. La misiva está firmada por líderes de variados partidos y por personalidades ajenas a la política. Es un grito más para demandar apoyo concreto a una región a la que políticos y grupos armados le han hecho todo tipo de promesas sobre una paz que aun no aparece.
¿Y qué pasa con la economía en ‘Arauca Saudita’?
La renta petrolera le ha dejado a Arauca 4,2 billones de pesos desde cuando se extrajo el primer barril en el pozo de Caño Limón, en diciembre de 1985. Un potosí. En 1996, la producción llegó a su cifra récord, cuando alcanzó 252 mil barriles diarios (43,1 % del total nacional). Más de 1.500 millones de barriles después la extracción en Arauca ya está en niveles menores, ubicándose cerca del 7 % del total nacional.
Entre lo que se robaron los corruptos de uno y otro lado, la menor producción petrolera, los desafíos de la pandemia y la migración y la violencia que ahuyenta inversiones, la región no ha podido salir de su crisis. Según el Dane, Arauca capital tiene la tasa de desempleo más alta de Colombia (29,4 %). Pese a que en el departamento hay iniciativas de apoyo internacional a las actividades silvopastoriles y a cultivos con mucho futuro, como el de cacao, más del 40 % del PIB sigue proviniendo del sector minero. La pobreza en los centros más poblados no da tregua y también hay un aumento de barrios de ocupación y la migración flotante y pendular.
Petrolera canadiense Parex suspende actividades en Arauca
El 20 de enero, la petrolera canadiense Parex Resources, operadora de los bloques Arauca y Llanos 38, suspendió sus operaciones en los municipios de Tame y Saravena por los problemas de orden público. Lo anunció mediante comunicado, en el que informa que “el 16 de enero de 2023, la compañía recibió amenazas del Frente de Guerra Oriental del Eln con respecto a sus operaciones en la región. La empresa inmediatamente denunció el hecho a las autoridades locales y nacionales para abordar la situación y garantizar la seguridad de los trabajadores y de la comunidad local. Adicionalmente, contratistas locales han recibido amenazas similares, que los han llevado a la suspensión de sus servicios para la compañía a partir de hoy”.
Y si eso le pasa a las grandes compañías que operan en el departamento, la verdad es que los campesinos de la zona viven situaciones no menos complejas en su diario vivir. La crisis política, social, económica y de seguridad en Arauca requiere atención urgente y es hora de que el país entienda que esa región es mucho más que petróleo, postales de amaneceres idílicos, fauna variada y exótica o historias sobre héroes desconocidos que contribuyeron como pocos en las luchas independentistas del siglo XIX. Ay, mi llanura.
