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La noticia de la suspensión temporal de la Procuraduría a Álvaro Leyva Durán, en medio del caso de la licitación de pasaportes, tomó por sorpresa al Gobierno. El presidente Gustavo Petro, en una de sus intervenciones desde Guapi (Cauca), afirmó: “Nos van a suspender ministros aquí y allá. Eso ya lo vivimos en la Bogotá Humana. No nos van a dejar gobernar”.
La noticia la comunicó el Ministerio Público a través de un comunicado de prensa en el que aseguró que el ministro de Relaciones Exteriores deberá defenderse en juicio por dos faltas disciplinarias que calificó a título de dolo. El primer cargo tiene que ver con el hecho de que la Cancillería declaró desierta la licitación para encontrar quién se haría cargo de la fabricación de pasaportes que, durante 16 años, ha manejado la compañía Thomas Greg & Son.
Y el segundo está relacionado con la decisión que tomó la Cancillería de decretar la urgencia manifiesta, luego de que esa misma entidad declarar desierta la licitación. El problema, para la Procuraduría, es que Leyva, al parecer, no tenía los argumentos para haber declarado esa urgencia, pues en el proceso de licitación sí había una empresa que cumplía con los requisitos exigidos por el Estado para quedarse con el contrato.
Vea: “No nos van a dejar gobernar”: Petro se refirió indirectamente a suspensión de Leyva
Y aunque en el pronunciamiento del presidente Gustavo Petro sobre la suspensión de Leyva no mencionó ni dio visos de quién podría reemplazarlo, hay dos personas que, por línea de mando, podrían ser designadas como canciller encargado por el próximo trimestre. Sin embargo, esa decisión dependerá de si el jefe de Estado decide que Leyva continúe en el cargo o lo hace a un lado por el escándalo de contratación con Thomas Greg.
Una de las funcionarias del Ministerio de Relaciones Exteriores que podría asumir el cargo es Elizabeth Taylor Jay, viceministra de Asuntos Multilaterales. Fue embajadora de Colombia en Kenia y colaboradora del equipo nacional el pleito con Nicaragua en La Haya.
A ese cargo llegó desde el 2 de abril de 2023, cuando se posesionó desde la isla de San Andrés, de donde es oriunda. Su énfasis profesional ha estado dirigido a asuntos medioambientales: es bióloga con énfasis en biología marina y tiene una maestría de Protección del Ambiente Marino en la Universidad de Gales.
Otro de los altos funcionarios que podría llegar al cargo es el viceministro de Relaciones Exteriores, Francisco Coy, quien está en ese cargo desde agosto de 2022. Es economista, magíster en Análisis de los Problemas Políticos y trabaja en el servicio exterior desde 1988.
Lea también: “Debe salir de su cargo”: así reacciona el mundo político a suspensión de Álvaro Leyva
Durante el Gobierno Duque fue asesor de la Ministra de Relaciones Exteriores y jefe de la Misión Alterno de la embajada de Colombia ante el Reino de Bélgica. También tiene experiencia en desarrollo fronterizo y fungió como director de Europa en la Cancillería.
Ahora bien, sus nombres están sobre la mesa solo si el presidente Gustavo Petro decide no apartar de su cargo al canciller Álvaro Leyva por este pleito judicial y disciplinario. Los reemplazos, en ese escenario, serían temporales únicamente por los tres meses que ordenó la Procuraduría; sin embargo, el jefe de Estado también podría decidir dejar, de manera permanente, a alguno de los viceministros en el cargo de canciller.
El origen de la sanción contra Álvaro Leyva
Desde septiembre de 2023, el ministro de Relaciones Exteriores y el secretario general del Ministerio, José Antonio Salazar Ramírez, están bajo la lupa de la Procuraduría por las presuntas irregularidades que se presentaron que llevaron a que la Cancillería declarara desierto el proceso de licitación de pasaportes.
En contexto: Procuraduría suspende al canciller Álvaro Leyva por contrato de pasaportes
Se trata de un contrato de $600 mil millones para suministrar, formalizar y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de pasaportes, así como el servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana.
La licitación fue declarada desierta el pasado 13 de septiembre por el propio ministro de Relaciones Exteriores, en medio de los reparos que se habían presentado porque el único oferente era Thomas Greg & Sons, empresa que se ha ganado el contrato los últimos 16 años.
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