“Quieren mantener una visión ideologizada en la Fuerza Pública”: Juanita Goebertus
La representante salió en defensa del proyecto que propone pasar la Policía del Ministerio de Defensa al de Justicia.
La representante Juanita Goebertus encara sus últimos meses en el Congreso. Desde hace unos meses dejó ver su intención de no volver a postularse y hasta anunció a la que será su reemplazo en cuanto a su proyecto político. Mientras llega el 20 de junio, la representante ha liderado importantes iniciativas, una de las últimas es el paso de la Policía del Ministerio de Defensa al de Justicia.
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La representante Juanita Goebertus encara sus últimos meses en el Congreso. Desde hace unos meses dejó ver su intención de no volver a postularse y hasta anunció a la que será su reemplazo en cuanto a su proyecto político. Mientras llega el 20 de junio, la representante ha liderado importantes iniciativas, una de las últimas es el paso de la Policía del Ministerio de Defensa al de Justicia.
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El articulado de la iniciativa está completamente dirigido a este fin, que, según la representante y otros que han apoyado la iniciativa, lograría recuperar el carácter civil de la Policía. No obstante, desde el Gobierno no hay visto bueno al proyecto, y se necesita, pues es una iniciativa que modifica la estructura estatal. Además, hay señalamientos de que la propuesta le quita recursos a la Policía o, en su defecto, no es suficiente frente a los cambios que deberían surtirse en la institución. No obstante, la representante Juanita Gobertus salió en defensa de la iniciativa y, en diálogo con El Espectador, explicó por qué es necesario comenzar con este pequeño paso.
¿Por qué es necesario sacar la Policía del Ministerio de Defensa?
La lógica de este proyecto es reconocer que a lo largo de 50 años, en medio de un conflicto armado, ha existido una confusión de roles y misiones. Aunque la Constitución es relativamente clara en que la seguridad nacional y la defensa de la soberanía en las Fuerzas Militares y la protección de las libertades y derechos en la Policía, en la práctica, al enfrentar en el propio territorio amenazas como guerrillas, paramilitares y grupos de crimen organizado -supremamente organizados y hostiles en zonas de la ruralidad- ha habido un traslape de roles y misiones entre la Policía y las Fuerzas Militares. Esto ha desdibujado el rol civil de la Policía. Esa naturaleza civil de la Policía que está en la Constitución.
Colombia es el último país de Latinoamérica que tiene a su Policía en el Ministerio de Defensa. A nivel global hay tres tipos de modelos: un ministerio de seguridad ciudadana, la Policía adscrita a un ministerio del Interior, o adscrita a un Ministerio de Justicia. La finalidad es retomar el carácter civil para avanzar en la recuperación de la legitimidad de la Policía y en mayor efectividad de la Policía, fortaleciendo la confianza de la ciudadanía en esta institución. Si la Policía se articula de mejor manera con el sistema de administración de justicia, y se entiende el estándar internacional de que los Policías son encargados de hacer cumplir la ley, eso va a permitir una Policía efectiva en la protección de la ciudadanía.
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Todo este tiempo se ha pedido que la Policía pase al Ministerio del Interior, ¿por qué su proyecto propone que sea al de Justicia?
Lo primero es que cada vez hay más consenso de que debemos reformar la Policía. Si se mira el último debate presidencial de Temblores y El Espectador todos los precandidatos insistieron en que había que hacer una reforma a la Policía. Todos menos uno insistieron en que sacarían a la Policía del Ministerio de Defensa. Si uno mira la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos humanos después de las protestas de abril, lo que señalan es que debería salir del Ministerio de Defensa. No dice a qué Ministerio adscribirla.
Como decía, en general existen tres modelos. Uno es pasarla a un Ministerio de Seguridad Ciudadana. Esto permite muchas virtudes y especialización, pero tendría unos costos de crecimiento burocráticos gigantes en momentos de dificultades fiscales que creo que haría mucho más difícil la transición y sería más costosa. También está la posibilidad de que vaya al Ministerio del Interior, pero esa hipótesis me preocupa debido a que esta cartera ha sido principalmente de relación con el Congreso, contrario a otros Ministerios del Interior en el mundo que se dedican a atender los asuntos nacionales. El grueso del trabajo de este es un tema de relacionamiento con el Congreso y ahí tendrían un argumento los que le tienen temor a una mayor politización de la Policía. Esos sectores tendrían razón en su preocupación.
Está el modelo de que hagan parte del Ministerio de Justicia, que es el modelo anglosajón, la visión de Reino Unido y Estados Unidos es que la Policía hace parte de la administración de justicia como el primer eslabón de la cadena y lo que tiene que haber es una articulación directa con la Fiscalía, investigación técnica y judicial para llevar los casos de mejor ante el sistema de justicia. Y claro que es un ministerio encargado de la relación con la rama judicial, y es lo ideal porque uno de los componentes de la policía no es solo la protección de la integridad física de la ciudadanía, sino que cuando se cometen delitos uno de sus componentes esenciales es participar en el procesamiento judicial de estos delitos. Por eso es una buena idea esta articulación. De hecho, según la OCDE, el éxito de la reforma a la Policía depende en paralelo al fortalecimiento del sistema de administración de justicia. En nuestro caso, con la trayectoria del ministerio, esto permitiría que la política de seguridad ciudadana se articulara con la política criminal, que está en manos de la cartera de justicia, y también la política contra las drogas, que tiene una pata en varios ministerios.
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La propuesta del proyecto no fue aprobada por el Ministerio de Justicia, y ese concepto es necesario para que siga adelante la iniciativa, ¿qué le dicen a esta cartera?
El gobierno Duque, tanto el Ministerio de Defensa como de Justicia, se ha expresado en contra de esta reforma, pero las mayorías de la Comisión Primera de la Cámara le mandaron un mensaje claro al gobierno Duque de que queremos hacer una discusión profunda de que significa cambiar la visión y el enfoque de la Policía en un escenario de posconflicto, donde no se entienda como una parte en el conflicto armado sino como funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Como es sabido, es un proyecto que modifica la estructura del Estado, por lo que para seguir adelante se requiere que tenga un concepto positivo para ser tramitado. Entonces, ahí hay dos caminos posibles: que el presidente Duque esté dispuesto a abrir la conversación, teniendo en cuenta que es un proyecto multipartidista que nació de escuchar a los jóvenes que participaron del paro nacional, o que el proyecto quede vivo para el próximo gobierno. Y como decía, la mayoría de precandidatos se expresaron a favor de este cambio.
En el debate hubo argumentos de que se debilitaría a la policía al sacarla del Ministerio de Defensa por temas de presupuesto y por cambios en su naturaleza, ¿tienen alguna razón?
Yo creo todo lo contrario. Lo primero es que el mayor activo de la Policía es la confianza de la ciudadanía. Cuando una institución como la Policía empieza a perder la confianza, no solo reduce su legitimidad, sino que reduce su efectividad. Tristemente, según la última encuesta Gallup, el 62% de la población tiene una opinión desfavorable de la Policía. Esto hace parte de una crisis de confianza general de las instituciones. Recuperar esa confianza la haría más efectiva para recuperar su misión constitucional. Esto no reduce su presupuesto. Por el contrario, estoy convencida de que en el Ministerio de Defensa a la Policía le toca muchas luchas en esa distribución interna presupuestal con las Fuerzas Militares. Mientras que en un escenario de posconflicto, el crecimiento de la capacidad de policía y la redistribución de funciones con las Fuerzas Militares supondría un fortalecimiento de la primera en el territorio. Esa discusión presupuestal hay que darle de mejor manera si está en otra cartera.
Algunos miembros del Centro Democrático han dicho que convertirían a la Policía en niños exploradores y que están usando a los uniformados por meros réditos políticos, ¿qué dicen?
Yo discrepo porque tristemente hemos visto cómo a lo largo de este gobierno ha habido un interés de ideologizar a la Fuerza Pública, Policía y Fuerzas Militares. Soy una convencida del rol que tienen estas fuerzas en la Constitución, que deben mantenerse fuera de la deliberación político-partidistas. Si bien son ciudadanos, como cualquiera de nosotros, en general no deben favorecer a un u otro gobierno sino estar a servicio de la ciudadanía. Por eso quiero contribuir a garantizar que esa naturaleza se cumpla. El proyecto no tiene nada que implique disminuir la capacidad de la Policía. Por el contrario, les da una autonomía nacional frente a las Fuerzas Militares, les daría un mayor peso en la seguridad ciudadana y una mayor seguridad al ser parte de la administración ciudadana. En cambio, veo la intención de ciertos sectores de mantener una visión ideologizada en las Fuerza Militares y de la Policía para tenerlos al servicio de sectores políticos de derecha, que yo creo que es contrario a la naturaleza de nuestra Policía, que debe estar al servicio de toda la ciudadanía sin importar los colores políticos.
Otra de las críticas que se hace al proyecto es que es una reforma muy corta frente a todo lo que se tiene que hacer en la Policía. ¿se quedaron cortos?
Estoy de acuerdo en que solo es un primer paso. Estoy completamente de acuerdo en que se deben hacer otras reformas. Pero es al menos paradójico que cuando se han presentado otras reformas algunos sectores del Centro Democrático las han rechazado. Es un primer paso. Adscribir a la Policía al Ministerio de Justicia permite cambiar el enfoque y que a partir de ese cambio desplegar otro tipo de reformas en tipo de reclutamiento, entrenamiento, tipo de uso de la fuerza y armamento. Esas discusiones no están en el proyecto, solo es un primer paso. Tenemos que ir mucho más lejos, pero soy una convencida de que no es posible que sigamos teniendo a la Policía en el ministerio de Defensa.
Entonces, ¿por qué no arriesgarse a hacer una reforma mucho más grande?
Yo soy mucho más de la teoría de las reformas incrementales. Ir paso a paso es el camino correcto. Creo que las reformas gigantes en general han fracasado en distintas ramas, pero sobre todo en el tema de seguridad. Sobre todo cuando hay una iniciativa parlamentaria. Solo abrir la compuerta a un cambio de enfoque, a partir del cambio en la arquitectura institucional, es sencillo pero tiene un gran potencial a una transformación de largo plazo. Pero bienvenida las discusiones sobre otras reformas.
¿Por qué no hacer una reforma constitucional y solo quedarse en una reforma legal?
Yo creo que uno debe entender para qué una reforma constitucional. Se discutía en la Comisión Primera si debía tramitarse una reforma constitucional para sacar a la Policía de ser parte de la Fuerza Pública. Yo estaría en profundo desacuerdo con esa reforma. En efecto requeriría una modificación constitucional, pero tendría implicaciones graves. Primero, sacaría a la Policía de esta prohibición de ser deliberante y participar en política. Sería un riesgo. Abriría la discusión del voto y podría politizar a la Policía. También daría la posibilidad de sindicalizarse. Hoy la prohibición constitucional de que haya sindicatos en la Policía obedece a que son Fuerza Pública y sacarlos de esta figura activaría cientos de sindicatos en la institución, como pasa actualmente en el Inpec, que le resta capacidad operativa. Ese tipo de reforma es indeseable. Una discusión distinta sería una reforma constitucional para sacar a la Policía de la justicia penal militar y esa es una reforma en la que estaría de acuerdo, pero ese no es el punto de entrada porque entendemos que es una discusión de largo plazo, que tendría que hacerse por fases. Por el momento lo que hay que hacer es sacar a la Policía del Ministerio de Defensa y por suerte no se necesita una reforma de rango constitucional.