Quinto intento en el Congreso para reglamentar una #CirugíaSegura

El rostro de las víctimas de malas prácticas de cirugías plásticas y estéticas a veces nos son cercanos en casos como los de las modelos Lina Tejeiro y Jessica Cediel que decidieron relatar en sus redes sociales las graves consecuencias que han sufrido física y psicológicamente por intervenciones con biopolímeros en sus glúteos que con los años causaron efectos a su salud y cuerpo.

Sus testimonios se han convertido en mensajes de atención para que quienes tengan en mente someterse a una cirugía se documenten bien sobre los procedimientos, los profesionales y los lugares. A diferencia de ellas, hay mujeres que no salieron del quirófano para contar sus historias y son sus familias las que han tomado la vocería para denunciar y pedir garantías por parte del Estado para la protección de los pacientes. Es el caso de Wendy Alexandra Buesaquillo, de 23 años, y quien murió en julio en manos de un médico con varios procesos penales en curso.

Esta realidad no es nueva para el país y, según Medicina Legal, las muertes asociadas a intervenciones plásticas y estéticas incrementaron entre 2015 a 2016 en un 130%, sin contar el subregistro que hay. Además, como alerta la periodista, víctima de una mala práctica médica y activista en el tema, Lorena Beltrán, no hay cifras actualizadas de cuántas más personas han muerto por esta causa que se puede prevenir reglamentando las cirugías desde el Congreso, tal cual ha pasado con la Anestesiología y la Radiología, pensadas para darle garantías al médico especialista y no, como en este caso, al paciente.

Con la radicación del proyecto en esta nueva legislatura se lanza el quinto intento parlamentario para una #CirugíaSeguraYA, tendencia en Twitter en la que se han unido víctimas, familias y especialistas para evitar que personas inescrupulosas sin la experiencia, idoneidad, materiales y lugares con todas las normas intervengan a personas con los deseos de cambiar alguna parte de su cuerpo.

La representante del Centro Democrático, Margarita Restrepo, lidera esta iniciativa en el Congreso, junto a los también parlamentarios y médicos Jairo Cristancho y Carlos Eduardo Acosta. Este proyecto ha sido propuesto desde 1992, es decir, “desde esa época el país presentaba esa problemática que aún en la actualidad persiste”, dijo Restrepo. Es más, en 2015 el Gobierno en cabeza del entonces ministro de Salud, Alejandro Gaviria, creó una mesa técnica para que en comunión la academia, víctimas, agremiaciones, legislativo y ejecutivo construyeran un proyecto de ley para regular la realización de procedimientos médicos y quirúrgicos con fines estéticos.

Sin encontrar una explicación de por qué la iniciativa en tantos años no ha logrado salir del Capitolio, a diferencia de otras propuestas que generen mucha resistencia como la cadena perpetua o la prohibición del asbesto, la representante Restrepo no deja flaquear su convicción de que debe reglamentarse el asunto. “Este proyecto tiene cinco partes, las disposiciones generales, las condiciones para realizar los procedimientos, el manejo de publicidad de los procedimientos, un régimen de responsabilidad y sanciones disciplinarias y, por último, una complementariedad normativa. Y el enfoque general son los pacientes”, resumió la parlamentaria.

Aunque la propuesta fue debatida en nueve audiencias públicas y doce foros en diferentes partes del país, la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva manifestó que, pese a que el énfasis en los derechos de los pacientes es primordial, también es importante trasladarles deberes, especialmente con lo referente al autocuidado. Entiéndase por buscar un médico con experiencia certificada, identificar un buen lugar, entre otros aspectos a la hora de elegir el quién, cómo, dónde y cuándo. “Es importante volver a tomar la idea sobre ‘¿qué debo de hacer yo para no ponerme en peligro?’”, dice el presidente de la Sociedad, el doctor Enrique Barbosa.

Esto lo manifiesta no en detrimento de las obligaciones que deben de cumplir los profesionales y las instituciones prestadoras del servicio, sino para promover corresponsabilidad en este asunto que para muchas se convierte en algo de vida o muerte. Por su lado, Lorena Beltrán reconoce los esfuerzos de la congresista por sacar adelante el proyecto, pero pone en alerta la importancia de que en la iniciativa, de ser aprobada, queden consignados los conceptos precisos. Ella explica: “es muy diferente un procedimiento no invasivo a uno de baja complejidad. El simple hecho de cambiar un término abre la puerta a que médicos generales con cursos que no equivalen a la formación de especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva puedan hacer procedimientos estéticos”, apuntó Beltrán.

Tanto ella como el presidente de la Sociedad precisaron que el proyecto no es para reglamentar la especialidad en sí, sino para los procedimientos médicos y quirúrgicos con fines estéticos. De este modo, se deja claro que ningún médico general puede hacer procedimientos de este estilo sin haber cursado un postgrado en una universidad acreditada durante cuatro o hasta seis años sobre una parte del cuerpo, en caso de una cirugía quirúrgica, o cuando se tratan de intervenciones no invasivas que también demanda de un conocimiento en medicina estética, por ejemplo.

La iniciativa determina que los títulos obtenidos por fuera del país tendrán que ser convalidados ante el Ministerio de Educación para que el profesional pueda ejercer, a la vez que se les obliga a inscribirse en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud, consignando información de estudios, experiencia, ejercicios académicos. Esto con el propósito de que los pacientes puedan consultar a los médicos con los que aspiran someterse a una intervención.

El régimen de responsabilidad de la iniciativa busca ampliar los alcances penales ya existentes en los que se puede ver envuelto el médico que incurra en una falta y sea demandado por un paciente. En otras palabras, abre camino al proceso disciplinar en manos de los tribunales de ética profesional correspondientes. Las sanciones pueden ascender a 15 años de suspensión del ejercicio, multas y cierres del establecimiento que presta el servicio.

También habrá infracciones a los que incumplan los principios de publicidad de los procedimientos. La pauta, según lo exige el proyecto, debe de identificar a la institución prestadora, así como impulsar a que los pacientes investiguen por la experiencia del profesional y el mismo lugar donde pretenden realizarse un procedimiento. Prohibiendo, a la vez, cualquier tipo de rifa o promoción de estas intervenciones.

Por último, pero no menos importante, están las reglas básicas para llevar a cabo una buena práctica, que, aunque se puede leer como algo obvio, no reglamentar esto a nivel legislativo ha permitido que miles de hombre y mujeres mueran en estas circunstancias o terminen con afectaciones a su salud física y mental. Estas son: idoneidad del profesional, un recinto habilitado para realizar el procedimiento, emplear insumos avalados por la ley colombiana, contar con el consentimiento informado del paciente y suscribir una póliza en caso de alguna complicación. “Este seguro no va a encarecer las cirugías plásticas como lo han manifestado algunos médicos porque lo que se pide es que los establecimientos acojan un seguro masivo para darle garantías al paciente de que la clínica o centro estético no se va a desentender de su obligación de atenderlo en caso de una complejidad en el procedimiento y requiera ser hospitalizado”, dijo la representante Restrepo.

Debatir sobre este asunto es ir más allá del concepto de egos y vanidades, reglamentar los procedimientos no es un capricho porque las cifras son apenas un dato de las historias que hay de sobrevivientes y familias huérfanas que perdieron a alguien por la falta de ética de un profesional que sin las capacidades técnicas y materiales se atreve a jugar con los sueños de lograr una mejor imagen personal. A la larga, mientras más se dilate la discusión, “más víctimas caerán en manos de una bata blanca con bisturí con la que engañan a pacientes”, hizo un llamado Lorena Beltrán.

El rostro de las víctimas de malas prácticas de cirugías plásticas y estéticas a veces nos son cercanos en casos como los de las modelos Lina Tejeiro y Jessica Cediel que decidieron relatar en sus redes sociales las graves consecuencias que han sufrido física y psicológicamente por intervenciones con biopolímeros en sus glúteos que con los años causaron efectos a su salud y cuerpo.

Sus testimonios se han convertido en mensajes de atención para que quienes tengan en mente someterse a una cirugía se documenten bien sobre los procedimientos, los profesionales y los lugares. A diferencia de ellas, hay mujeres que no salieron del quirófano para contar sus historias y son sus familias las que han tomado la vocería para denunciar y pedir garantías por parte del Estado para la protección de los pacientes. Es el caso de Wendy Alexandra Buesaquillo, de 23 años, y quien murió en julio en manos de un médico con varios procesos penales en curso.

Esta realidad no es nueva para el país y, según Medicina Legal, las muertes asociadas a intervenciones plásticas y estéticas incrementaron entre 2015 a 2016 en un 130%, sin contar el subregistro que hay. Además, como alerta la periodista, víctima de una mala práctica médica y activista en el tema, Lorena Beltrán, no hay cifras actualizadas de cuántas más personas han muerto por esta causa que se puede prevenir reglamentando las cirugías desde el Congreso, tal cual ha pasado con la Anestesiología y la Radiología, pensadas para darle garantías al médico especialista y no, como en este caso, al paciente.

Con la radicación del proyecto en esta nueva legislatura se lanza el quinto intento parlamentario para una #CirugíaSeguraYA, tendencia en Twitter en la que se han unido víctimas, familias y especialistas para evitar que personas inescrupulosas sin la experiencia, idoneidad, materiales y lugares con todas las normas intervengan a personas con los deseos de cambiar alguna parte de su cuerpo.

La representante del Centro Democrático, Margarita Restrepo, lidera esta iniciativa en el Congreso, junto a los también parlamentarios y médicos Jairo Cristancho y Carlos Eduardo Acosta. Este proyecto ha sido propuesto desde 1992, es decir, “desde esa época el país presentaba esa problemática que aún en la actualidad persiste”, dijo Restrepo. Es más, en 2015 el Gobierno en cabeza del entonces ministro de Salud, Alejandro Gaviria, creó una mesa técnica para que en comunión la academia, víctimas, agremiaciones, legislativo y ejecutivo construyeran un proyecto de ley para regular la realización de procedimientos médicos y quirúrgicos con fines estéticos.

Sin encontrar una explicación de por qué la iniciativa en tantos años no ha logrado salir del Capitolio, a diferencia de otras propuestas que generen mucha resistencia como la cadena perpetua o la prohibición del asbesto, la representante Restrepo no deja flaquear su convicción de que debe reglamentarse el asunto. “Este proyecto tiene cinco partes, las disposiciones generales, las condiciones para realizar los procedimientos, el manejo de publicidad de los procedimientos, un régimen de responsabilidad y sanciones disciplinarias y, por último, una complementariedad normativa. Y el enfoque general son los pacientes”, resumió la parlamentaria.

Aunque la propuesta fue debatida en nueve audiencias públicas y doce foros en diferentes partes del país, la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva manifestó que, pese a que el énfasis en los derechos de los pacientes es primordial, también es importante trasladarles deberes, especialmente con lo referente al autocuidado. Entiéndase por buscar un médico con experiencia certificada, identificar un buen lugar, entre otros aspectos a la hora de elegir el quién, cómo, dónde y cuándo. “Es importante volver a tomar la idea sobre ‘¿qué debo de hacer yo para no ponerme en peligro?’”, dice el presidente de la Sociedad, el doctor Enrique Barbosa.

Esto lo manifiesta no en detrimento de las obligaciones que deben de cumplir los profesionales y las instituciones prestadoras del servicio, sino para promover corresponsabilidad en este asunto que para muchas se convierte en algo de vida o muerte. Por su lado, Lorena Beltrán reconoce los esfuerzos de la congresista por sacar adelante el proyecto, pero pone en alerta la importancia de que en la iniciativa, de ser aprobada, queden consignados los conceptos precisos. Ella explica: “es muy diferente un procedimiento no invasivo a uno de baja complejidad. El simple hecho de cambiar un término abre la puerta a que médicos generales con cursos que no equivalen a la formación de especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva puedan hacer procedimientos estéticos”, apuntó Beltrán.

Tanto ella como el presidente de la Sociedad precisaron que el proyecto no es para reglamentar la especialidad en sí, sino para los procedimientos médicos y quirúrgicos con fines estéticos. De este modo, se deja claro que ningún médico general puede hacer procedimientos de este estilo sin haber cursado un postgrado en una universidad acreditada durante cuatro o hasta seis años sobre una parte del cuerpo, en caso de una cirugía quirúrgica, o cuando se tratan de intervenciones no invasivas que también demanda de un conocimiento en medicina estética, por ejemplo.

La iniciativa determina que los títulos obtenidos por fuera del país tendrán que ser convalidados ante el Ministerio de Educación para que el profesional pueda ejercer, a la vez que se les obliga a inscribirse en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud, consignando información de estudios, experiencia, ejercicios académicos. Esto con el propósito de que los pacientes puedan consultar a los médicos con los que aspiran someterse a una intervención.

El régimen de responsabilidad de la iniciativa busca ampliar los alcances penales ya existentes en los que se puede ver envuelto el médico que incurra en una falta y sea demandado por un paciente. En otras palabras, abre camino al proceso disciplinar en manos de los tribunales de ética profesional correspondientes. Las sanciones pueden ascender a 15 años de suspensión del ejercicio, multas y cierres del establecimiento que presta el servicio.

También habrá infracciones a los que incumplan los principios de publicidad de los procedimientos. La pauta, según lo exige el proyecto, debe de identificar a la institución prestadora, así como impulsar a que los pacientes investiguen por la experiencia del profesional y el mismo lugar donde pretenden realizarse un procedimiento. Prohibiendo, a la vez, cualquier tipo de rifa o promoción de estas intervenciones.

Por último, pero no menos importante, están las reglas básicas para llevar a cabo una buena práctica, que, aunque se puede leer como algo obvio, no reglamentar esto a nivel legislativo ha permitido que miles de hombre y mujeres mueran en estas circunstancias o terminen con afectaciones a su salud física y mental. Estas son: idoneidad del profesional, un recinto habilitado para realizar el procedimiento, emplear insumos avalados por la ley colombiana, contar con el consentimiento informado del paciente y suscribir una póliza en caso de alguna complicación. “Este seguro no va a encarecer las cirugías plásticas como lo han manifestado algunos médicos porque lo que se pide es que los establecimientos acojan un seguro masivo para darle garantías al paciente de que la clínica o centro estético no se va a desentender de su obligación de atenderlo en caso de una complejidad en el procedimiento y requiera ser hospitalizado”, dijo la representante Restrepo.

Debatir sobre este asunto es ir más allá del concepto de egos y vanidades, reglamentar los procedimientos no es un capricho porque las cifras son apenas un dato de las historias que hay de sobrevivientes y familias huérfanas que perdieron a alguien por la falta de ética de un profesional que sin las capacidades técnicas y materiales se atreve a jugar con los sueños de lograr una mejor imagen personal. A la larga, mientras más se dilate la discusión, “más víctimas caerán en manos de una bata blanca con bisturí con la que engañan a pacientes”, hizo un llamado Lorena Beltrán.