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La corrupción es, de acuerdo con varias encuestas recientes, uno de los problemas que más preocupan a los colombianos. Aunque se han propuesto varias iniciativas con el objetivo de mitigar ese mal, por lo general no prosperan, pero esta semana se radicó en el Congreso un nuevo proyecto que busca castigar a los corruptos. La iniciativa es del congresista Edward Rodríguez (Centro Democrático) y una de sus novedades es que los delitos de corrupción no prescriban en el tiempo.
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La justificación del Proyecto de Ley “por medio del cual se establece la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción” es convertirse en un instrumento que no acuda a otras estrategias que ya se han utilizado, como el aumento de penas, beneficios o subrogados procesales. Para Rodríguez, estas herramientas, si bien son medidas para combatir la corrupción, terminan siendo “insuficientes” para evitar que los corruptos logren desfalcar al Estado.
En su lugar, el proyecto del representante a la Cámara por el Centro Democrático propone dos medidas puntuales contra la corrupción. La primera es la imprescriptibilidad, con la que se espera que los delitos de corrupción sean perseguidos en cualquier tiempo, pues uno de los grandes problemas es que por medio de trampas se logra la prescripción y por tanto quedan en la impunidad.
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La segunda herramienta es la reparación agravada. Esta busca que los castigos impuestos a los corruptos sean condenas de indemnización superiores al daño ocasionado. Este punto espera no solo que no se vuelva a repetir la acción, sino también modificar el tope de reparación puesto que a menudo se trata de daños que superan los 1.000 salarios mínimos.
“Todo delito de corrupción será investigado y perseguido en cualquier tiempo y los corruptos no podrán usar argucias para que no los investigan. Con esta iniciativa lo que queremos es que todo funcionario que sea sorprendido defraudando los dineros de la nación será perseguido y judicializado y tendrá que responder con su patrimonio hasta por tres veces el valor del daño causado”, explicó Rodríguez sobre los ejes de su proyecto.
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Así las cosas, el proyecto pretende modificar dos artículos de la Ley 599 del 2000, que dio vida al Código Penal, teniendo en cuenta que Colombia ha sido catalogado en muchos escalafones como uno de los países más laxos con los hechos de corrupción. Y aunque no ocupa los lugares más trágicos en percepción de corrupción, sí está en el rango medio superior y, para el autor del proyecto, no hay avances reales para modificar esa tendencia.
“Vamos a ponerle punto final a los ladrones de cuello blanco y a todos esos funcionarios públicos de alto y mediano rango que han amañado licitaciones y se han enriquecido con los dineros de la nación y que han convertido el erario en el botín para llenar sus arcas y darse la gran vida a costillas de los impuestos que pagamos todos los colombianos”, concluyó Rodríguez.