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Una propuesta de reforma constitucional presentada ante las Comisiones de paz del Congreso de la República busca crear el “el Servicio Social para la Paz” como fórmula alternativa al servicio militar obligatorio. La propuesta ha sido construida desde El Proceso Distrital de Objetores por Conciencia, en el que participan expresiones juveniles de todo el país. El apoyo técnico y el impulso político lo brindaron los congresistas del Polo Democrático Iván Cepeda, Alberto Castilla, Víctor Correa y Alirio Uribe Muñoz.
El proyecto busca modificar el artículo 22 de la Constitución Política, el cual reza que “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”, agregándole un inciso que crea el servicio de carácter social como derecho y deber, haciendo que este sea alternativo a la prestación del servicio militar obligatorio. “Frente a este punto queremos ser claros, no pretendemos acabar con la prestación del servicio militar, presentamos otra alternativa, así los jóvenes tendríamos las dos posibilidades, o empuñar las armas o construir desde las regiones con diversas acciones y dinámicas, una cultura de paz basada en el respeto y garantía de los derechos humanos”, explican los autores de la iniciativa.
El otro artículo que pretende reformar el acto legislativo es el 216 de la Constitución Política, en el que se señala que “Todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones públicas”. La modificación apunta a darle forma constitucional a la objeción de conciencia a tomar las armas. Por eso deja claro que sean solo los colombianos que lo decidan voluntariamente quienes vayan a la guerra. De igual manera se deja abierta la posibilidad para que en caso de guerra exterior sel Estado pueda hacer un llamado general a las armas.
Al respecto, las organizaciones promotoras detallaron: “Esta modificación la hacemos teniendo en cuenta que si bien el artículo 216, hace obligatorio tomar las armas para defender la soberanía nacional, la Corte Constitucional ha manifestado en diversas sentencias que ese es un deber relativo y a su vez, ha intervenido para proteger derechos fundamentales que se han visto vulnerados en desarrollo del reclutamiento de los jóvenes para el servicio militar, como en el caso de las batidas ilegales y otras violaciones al debido proceso de reclutamiento”.
Para los congresistas que respaldan la iniciativa, como el representante Alirio Uribe, “la creación de un servicio social para la paz con rango constitucional se justifica en la necesidad de diversificar las opciones para que los jóvenes cumplan con sus deberes ciudadanos”. Mientras para el senador Alberto Castilla “resulta indispensable que quienes han sufrido con rigor los efectos del conflicto, como es el caso de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, tengan opciones distintas a la prestación del servicio militar, y que en general la juventud pueda cumplir con sus deberes ciudadanos en contextos no militarizados”. Por su parte, para el senador Iván Cepeda el servicio social es lo que se necesita de los jóvenes en este momento histórico, “para desarrollar los acuerdos que se logren en La Habana y buscar la sostenibilidad de la paz en sus territorios”.